La Cámara alta se reunió pasadas las 11 para tratar tres proyectos relacionados con cuestiones judiciales: las modificaciones al Código Procesal Penal, el proyecto de régimen de subrogancias y el proyecto de ley sobre las escuchas judiciales. Cabe señalar que originalmente ese temario había sido previsto para la semana pasada.
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La Cámara alta se reunió pasadas las 11 para tratar tres proyectos relacionados con cuestiones judiciales: las modificaciones al Código Procesal Penal, el proyecto de régimen de subrogancias y el proyecto de ley sobre las escuchas judiciales. Cabe señalar que originalmente ese temario había sido previsto para la semana pasada.
Vista de la sesión en la Cámara alta. Foto agencia NA.
Respecto del primer punto, los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista decidieron modificar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal y eliminar los puntos que habilitaban distintos mecanismos de vigilancia, fuertemente criticados por organizaciones civiles.
Los senadores del Bloque Justicialista Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, firmantes del proyecto, adelantaron que se le harían modificaciones a la iniciativa y, entre ellas, la eliminación de los puntos más cuestionados.
Uno de los puntos más cuestionados es un capítulo que incorporaba al nuevo Código Procesal Penal -pendiente de aplicación- la "vigilancia de las comunicaciones", "vigilancia remota sobre equipos informáticos" y "vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y localización".
Esto había sido criticado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que advirtieron que se ampliaban "las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal".
Se aprobó el nuevo régimen de subrogancias
El Senado aprobó por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que establece un nuevo régimen de subrogancias para jueces y la designación de conjueces, una propuesta que modifica la modalidad que había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto -que cosechó 61 votos a favor- y que recibió media sanción de Diputados en noviembre pasado, fija el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial y determina en ese sentido que los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo.
En cuanto a los conjueces, el Consejo de la Magistratura debe hacer una lista con los secretarios de los juzgados y los abogados de la matrícula para que luego el Senado de la Nación les dé el aval.
El proyecto también otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjueces a fin de que el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, proceda a su selección.
Carlos Menem y Miguel Ángel Pichetto, presenets en la sesión. Foto agencia NA.
El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en 2015.
Según esa iniciativa, los nombramientos de conjueces y de jueces subrogantes no requerían de acuerdo del Senado, como sí ocurre con el resto de los funcionarios judiciales, algo que fue ahora modificado para que la Cámara alta preste su acuerdo.
Las opiniones
- El jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, declaró que lo que se busca con esta propuesta es dar "un marco de racionalidad ante una Justicia que está absolutamente cuestionada por dos razones: el retardo y la pérdida de confianza y credibilidad". "Esta ley subsana, pone las cosas en su lugar y lograr previsibilidad", afirmó el senador radical, y aseguró que "el problema" se da dado "cuando, desde la política, a veces de manera descarada, hacer una herramienta de subordinación".
- El senador nacional del peronismo, Pedro Gustavino, expresó por su parte que, con la aprobación de la iniciativa, se otorga "absoluto respaldo al planteo de la Corte Suprema cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley que habíamos votado en el Congreso".
- El senador Ernesto Martínez calificó como una "herramienta útil" al proyecto y cuestionó la designación de jueces a dedo al señalar que "poner jueces con la mano es una de las máximas infamias en que ha incurrido el Consejo de la Magistratura".
- La senadora Cristina Fernández de Kirchner declaró, en tanto, que no convalida "lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura", donde -dijo- puede pasar cualquier cosa menos que sesionen con la participación de la ciudadanía".
La iniciativa también le confiere a las Cámaras competentes las herramientas necesarias para que procedan a la designación de jueces subrogantes.
En lo relativo a los jueces de Primera Instancia y a los Tribunales Orales, se privilegia que la vacante sea cubierta por un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos.
La vicepresidenta Gabriela Michetti presidió la sesión. Foto agencia Télam.
Cuando no es posible cubrir transitoriamente la vacante con jueces de igual grado y competencia, la iniciativa establece mecanismos de designación de conjueces y, por otro lado, instituye mecanismos para conformar las listas de conjueces con aspirantes que ya hayan concursado, siempre que hubieran obtenido un resultado adecuado.
Las filtración de las escuchas judiciales
Luego, los senadores pidieron un cuarto intermedio en la sesión especial y postergaron para el próximo encuentro el proyecto de ley que obliga a la Dirección de Captación de Comunicaciones que funciona en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia a crear una cadena de custodia sobre las escuchas telefónicas.
Esa iniciativa, consensuada por el oficialismo y el justicialismo, establece además sanciones para las filtraciones como las que afectaron a las comunicaciones entre la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner y el exdirector de Inteligencia Oscar Parrilli.
El proyecto establece que cuando se filtren las comunicaciones intervenidas por orden judicial, los funcionarios a cargo serán acusados de "falta grave" o "mal desempeño de sus deberes", lo que abre la puerta a la posibilidad de un juicio político contra el magistrado que hubiere ordenado las escuchas.