La disputa por tierra entre pequeños propietarios de los Valles Calchaquíes y las comunidades autodeterminadas "originarias" parece destinada a prolongarse en el tiempo, por claras falencias en la legislación nacional y provincial, y por la utilización clientelar de los huecos legales por parte de los punteros locales.
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La disputa por tierra entre pequeños propietarios de los Valles Calchaquíes y las comunidades autodeterminadas "originarias" parece destinada a prolongarse en el tiempo, por claras falencias en la legislación nacional y provincial, y por la utilización clientelar de los huecos legales por parte de los punteros locales.
La Poma se ha convertido en espacio de enfrentamientos violentos. La foto muestra a Raúl Zerpa, un vecino de La Poma que resultó herido en una violenta refriega con quienes ocupan sus tierras y a los que Zerpa, como todos los otros propietarios, consideran "falsos indígenas" y usurpadores. El martes, directivos de la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes fueron recibidos por la Comisión de Diversidad Cultural, Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Diputados. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Enrique Domínguez, y participaron los diputados de Los Andes, César Córdoba; de Molinos, Javier Vázquez, y de Orán, Norma Lizárraga.
La comitiva de los propietarios estuvo integrada por el presidente Carlos Portal, el secretario Guillermo Colque, la vocal Adriana Bonifacio y el abogado Gonzalo Guzmán.
Los diputados prometieron convocar a la ministra de Asuntos Indígenas y solicitar un informe sobre los cuestionados relevamientos de las comunidades originarias realizados hasta la fecha.
Situación límite
La reiteración de episodios violentos llegó a "un punto límite", enfatizó Adriana Bonifacio, que recalcó que "nadie se hace cargo, ni la Justicia ni el Ministerio Público ni el ministerio de Asuntos Indígenas".
Este mismo planteo había sido formulado ante los senadores pocas semanas atrás, sin resultados. La dirigente, productora de La Poma, señaló que "no estamos planteando un problema policial, sino una cuestión social, grave, y un vacío jurídico. Hay leyes nacionales con equívocos, a la que la Legislatura adhirió, hay negligencia de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas".
Raúl Zerpa, un vecino herido en una pelea con intrusos
Falsas comunidades
Colque, a su vez, destacó que "es inobjetable el derecho de las comunidades originarias; de hecho se trata de los salteños más pobres. Pero no estamos de acuerdo con que se utilicen los fondos destinados a ellos para financiar comunidades falsas, integradas por personas que no son aborígenes, muchas de las cuales son descendientes de extranjeros, vivieron toda la vida en el conurbano bonaerense o son hijos de europeos del norte".
"Son gente que se aprovecha para apropiarse de tierras que son privadas; existen muchas irregularidades, en las que participan punteros políticos a la hora de adueñarse de tierras de los Valles Calchaquíes. Y los caciques recién descubiertos "originarios' quieren hacer comunitarias nuestras tierras pero las de ellos siguen siendo absolutamente propias", añadió Colque, quien destacó que "el concepto de los "derechos a las tierras que ocupan' lo tergiversan. La ley se refiere a las tierras que ocupan desde antes de la llegada de los españoles y ellos la traducen a su manera: ocupan nuestras tierras y se las quedan".
Vacío legal
La aparición de caciques rentados, cuyos antecedentes como indígenas nunca fueron verificados, proviene de la arbitrariedad de que "es originario quien se declara tal".
La idea de reconocer la propiedad de las tierras que las comunidades ocupan ancestralmente es aplicable cuando se trata de territorios del Estado, porque se puede hacer una concesión sin más requisitos. En cambio, cuando una finquita es usurpada por un grupo que se define aborigen, la historia se complica. Esta situación en los Valles Calchaquíes pone en severo riesgo un derecho constitucional: el derecho a la propiedad. La "propiedad indígena" ni siquiera está detallada en el nuevo Código Civil.
"Como propietarios, los finqueros no están en situación de dar una solución a las comunidades, y si se los reconocen como comunidad debe ser el Estado el que le garantice tierras fiscales y el derecho a los servicios básicos para todos" sostuvo el abogado Guzmán.