Hay personas con discapacidad sin servicios por una deuda de Nación

Rosa Ceballos tomó el micrófono y con la voz ronca descargó su rabia: "Esta es mi nieta, tiene a sus padres sin trabajo, la atienden en el hospital público, donde tengo que esperar meses por un turno, después de tanto pelear la operaron mal de la vista. ¿Cómo puede ser que demoren dos años para darle a esta criatura una pensión no contributiva por discapacidad?, necesita pañales, colchón, porque no podemos comprarle los pañales. Señor -Santiago- Godoy y todos los legisladores, ¿adónde están? así como salen a las calles a buscar nuestros votos en las elecciones así deberían estar aquí, viendo por estas criaturas indefensas".

Ayer, Rosa llegó hasta las puertas de la Legislatura provincial con un grupo numeroso de personas con distintas discapacidades, sus familias y profesionales de varios centros de rehabilitación y educativos, a quienes el Programa Federal Incluir Salud (ex-PROFE) les adeuda por lo menos ocho meses de honorarios y varios admiten que ya están al borde del cierre.

La marcha partió desde plaza Belgrano, por la avenida del mismo nombre, doblaron en Zuviría, luego en Leguizamón y se apostaron pasadas las 19 en calle Mitre, donde el tránsito vehicular era desviado por Rivadavia. Fueron con un petitorio y de antemano sabían que no iban a poder ingresar al recinto porque el histórico edificio no tiene ascensor para personas con discapacidad motriz. María Cecilia Gramajo, de la Comisión de Integración de las Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta, señaló: "Venimos a que el mundo se entere de que las personas con discapacidad tenemos derechos y no queremos que nadie pase por encima de ellos".

Agregó que hay problemas de distintas dimensiones que preocupan y afectan a las personas con discapacidad: la necesidad de tratamientos, escolarización y transporte, y por más que ella particularmente no utiliza Incluir Salud, sabe que el sector que lo usa es el más vulnerable y corre riesgo de quedar sin servicios. Finalmente la nota fue recibida por Diputados y luego en el recinto se aprobó un proyecto de declaración pidiendo a los senadores y diputados nacionales que gestionen ante Incluir Salud la normalización de los pagos a los prestadores.

César Mamaní, de El Carril, pidió que "se respeten" los derechos de las personas con discapacidad, que se hagan más rampas, que haya más colectivos con piso bajo y se mejore la frecuencia. "Desde Chicoana, por ejemplo, hay un solo coche que tengo que esperar de dos a tres horas para poder venir a la ciudad", contó.

Marisol José, docente de música de Críos y el Centro de Día Aprendiendo a Ser, comentó que "hay algunos espacios que han tenido que restringir y suspender las rehabilitaciones para los pacientes, está en riesgo la salud de los pibes. Las instituciones hacen malabares para poder sostenerse, pero ya no se puede más, ya no es suficiente todo el amor que uno le puede poner a la labor diaria".

 

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