¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22°
28 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Wichis reclaman derecho ancestral sobre unas tierras en El Quebrachal

La comunidad wichi Isidro Moreno asistió a la primera audiencia de conciliación en la que no se arribó a un acuerdo, por lo que se realizará otra audiencia el próximo lunes 10.
Jueves, 06 de septiembre de 2018 00:00

Lo que está en contienda es el desalojo de 70 familias wichis de un terreno que los originarios defienden por derecho ancestral. La presidenta de la comunidad Isidro Moreno, Raquel Moreno, sostuvo que en el mapa catastral de las 400 hectáreas relevadas por el INAI figuran 32 hectáreas como de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, sin embargo dijo: "Nosotros vivimos en un pedacito de solo 4 hectáreas". Aseguró que la lucha por la restitución de las tierras ancestrales indígenas continuará. En una detallada nota de la periodista Claudia Álvarez Ferreyra, de Anta Periodismo, se informa que "el lunes se concertó la audiencia de conciliación en la Fiscalía Penal, delegación de El Quebrachal. La misma estuvo a cargo de la auxiliar fiscal Yonni Zigarán. Se presentaron por la comunidad wichi Isidro Moreno, el cacique Felix Moreno junto a la presidenta Raquel Moreno. Estuvieron como abogados patrocinantes el Dr. Hernán Mascietti, especialista en derecho indígena, que viajó desde Orán para acompañarlos, y con la Dra. Sandra Ruiz, asesora jurídica del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta. Asistió también Rafael Montaña, director de Políticas Territoriales indígenas perteneciente al mismo organismo. El municipio envió a Pedro López, secretario de Gobierno. Rufino Pagola Saravia tuvo el patrocinio legal de la Dra, Mónica Raquel Vera y del Dr. Antonio Saravia. Por el momento no se llegó a un acuerdo y se fijó otra audiencia para el 10 de septiembre. La Municipalidad sugirió que podrían comprar dos manzanas para intentar solucionar la problemática habitacional de las familias wichis. El abogado Mascietti sostuvo: "Quedó en claro la crisis habitacional que tiene la comunidad que, a pesar de tener 400 ha relevadas, no puede usar ni un solo metro cuadrado. La comunidad sigue allí, resistiendo hasta que se le dé una solución al hacinamiento de más de 70 familias del barrio en el que se encuentra enclavada. La Municipalidad de El Quebrachal y el Ministerio de Asuntos Indígenas se comprometieron a acercar una solución. El INAI y el Consejo Consultivo Indígena de Felix Díaz brillaron por el abandono a esta causa. La nueva audiencia en la que se trata la imputación y el desalojo de 70 familias wichis de la comunidad se desarrollará en esas tensiones y casi sin defensa".

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lo que está en contienda es el desalojo de 70 familias wichis de un terreno que los originarios defienden por derecho ancestral. La presidenta de la comunidad Isidro Moreno, Raquel Moreno, sostuvo que en el mapa catastral de las 400 hectáreas relevadas por el INAI figuran 32 hectáreas como de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, sin embargo dijo: "Nosotros vivimos en un pedacito de solo 4 hectáreas". Aseguró que la lucha por la restitución de las tierras ancestrales indígenas continuará. En una detallada nota de la periodista Claudia Álvarez Ferreyra, de Anta Periodismo, se informa que "el lunes se concertó la audiencia de conciliación en la Fiscalía Penal, delegación de El Quebrachal. La misma estuvo a cargo de la auxiliar fiscal Yonni Zigarán. Se presentaron por la comunidad wichi Isidro Moreno, el cacique Felix Moreno junto a la presidenta Raquel Moreno. Estuvieron como abogados patrocinantes el Dr. Hernán Mascietti, especialista en derecho indígena, que viajó desde Orán para acompañarlos, y con la Dra. Sandra Ruiz, asesora jurídica del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta. Asistió también Rafael Montaña, director de Políticas Territoriales indígenas perteneciente al mismo organismo. El municipio envió a Pedro López, secretario de Gobierno. Rufino Pagola Saravia tuvo el patrocinio legal de la Dra, Mónica Raquel Vera y del Dr. Antonio Saravia. Por el momento no se llegó a un acuerdo y se fijó otra audiencia para el 10 de septiembre. La Municipalidad sugirió que podrían comprar dos manzanas para intentar solucionar la problemática habitacional de las familias wichis. El abogado Mascietti sostuvo: "Quedó en claro la crisis habitacional que tiene la comunidad que, a pesar de tener 400 ha relevadas, no puede usar ni un solo metro cuadrado. La comunidad sigue allí, resistiendo hasta que se le dé una solución al hacinamiento de más de 70 familias del barrio en el que se encuentra enclavada. La Municipalidad de El Quebrachal y el Ministerio de Asuntos Indígenas se comprometieron a acercar una solución. El INAI y el Consejo Consultivo Indígena de Felix Díaz brillaron por el abandono a esta causa. La nueva audiencia en la que se trata la imputación y el desalojo de 70 familias wichis de la comunidad se desarrollará en esas tensiones y casi sin defensa".

Por su parte, la presidenta de la comunidad, Raquel Moreno, sostuvo que en el mapa catastral de las 400 ha relevadas por el INAI figuran 32 ha como de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, sin embargo dijo: "Nosotros vivimos en un pedacito de 4 hectáreas".

En su informe, Claudia Álvarez Ferreyra indica que "la decisión de tomar una pequeña parte surgió por la problemática habitacional que atraviesan, pese a las gestiones que intentaron ante organismos gubernamentales no obtuvieron respuestas, y por eso arribaron a esta medida. El criollo Rufino Pagola Saravia es pretensor de 18 hectáreas, que serían tierras indígenas, y realizó la denuncia por usurpación y daños contra la comunidad Isidro Moreno".

Álvarez Ferreyra agrega: "La comunidad wichi Isidro Moreno, con personería jurídica 086, reclama tierras ancestrales que ya fueron relevadas y cuentan con la carpeta técnica del INAI aprobada. El 14 de agosto comenzaron la toma de una parte del territorio, luego de diversas gestiones sin respuestas ante las instituciones gubernamentales. Un criollo de nombre Rufino Pagola aduce tener las cédulas parcelarias del lugar y realizó la denuncia en la Fiscalía penal por usurpación y daños, por eso se hizo una audiencia de mediación". El abogado Hernán Mascietti, al ser consultado por Anta Periodismo, sostuvo que la Ley 26.160 sirve de resguardo a la comunidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD