En finca Valdivia, el extenso loteo de la capital salteña en el que cientos de familias fueron defraudadas con terrenos vendidos sin habilitaciones, factibilidades, infraestructuras ni servicios, la lista de afectados sigue creciendo ante la inacción de la Justicia y de los organismos competentes.
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En finca Valdivia, el extenso loteo de la capital salteña en el que cientos de familias fueron defraudadas con terrenos vendidos sin habilitaciones, factibilidades, infraestructuras ni servicios, la lista de afectados sigue creciendo ante la inacción de la Justicia y de los organismos competentes.
El promotor del gran fraude, Jorge Federico Benjamín Méndez, falleció en noviembre de 2017, pero desde hace poco más de un año su hijo, Marcelo Raúl Méndez, y su exmujer, Nora Punta, manejan los bienes y recursos de la sucesión con la misma discrecionalidad. En diciembre de 2017, el Juzgado Civil y Comercial de Onceava Nominación designó al hijo del fallecido ingeniero como administrador judicial provisorio de una sucesión que tiene a otros seis herederos y una larga fila de acreedores con derechos afectados. Desde hace un mes, con diferentes acciones, reclaman a Pablo Muiños, el juez a cargo de la sucesión y las quiebras de las empresas de Méndez, que ordene a la administración que se abstenga cualquier venta o cobranza en el loteo de finca Valdivia.
Piden, además, que se habilite una cuenta judicial para que allí se depositen las cuotas adeudadas por los terrenos vendidos. Y para evitar más vaciamientos, esperan que la Justicia deje establecido que solo se liberarán fondos de la citada cuenta para ejecutar las obras de infraestructura y las redes de servicios que se adeudan desde hace diez años en el extenso loteo de la zona sur de la capital salteña.
El legado de Méndez, que asciende a unos $1.500 millones, incluye a cuatro empresas que blanqueó en su testamento: Wolsing, Haendel, Sofía y JFB Méndez.
El primero en solicitar una medida cautelar planteada en los citados términos fue el abogado Francisco Herrera, coheredero testamentario de un 3% de la sucesión. Tras la presentación que realizó el pasado 14 de diciembre su patrocinante letrado, Matías Sanz Navamuel, el juez Muiños dejó la resolución del pedido supeditada a la rendición anual de cuentas que la administración presentó seis días después.
En el testamento dejó sus bienes a su hijo (69%), su abogado penalista (3%), su escribano (3%) y repartió el restante 25% entre cuatro colaboradoras de su loteo.
El contenido de esa rendición se conoció en una audiencia que Muiños convocó el 26 de diciembre. Estuvieron presentes los abogados Sanz Navamuel; Ana Dolores Cabrera, apoderada de la viuda del escribano Ricardo Cabrera, fallecido heredero de otro 3% de la sucesión; Luis Alfredo Segovia, patrocinante de Carmen Rosa Quinteros, una adquirente afectada que también asistió; Verónica Paula Huber, apoderada de Nicolasa Mamaní, heredera testamentaria de otro 3%; Marcelo Britos Astigueta, quien patrocina a un medio centenar de compradores de lotes defraudados, y Washington Álvarez. Este último es el apoderado vigente de las empresas de Méndez y de otras coherederas a las que el ingeniero fallecido les legó parte de sus bienes. Álvarez, además, se desempeña junto a Punta como apoderado del joven administrador de la sucesión.
27 lotes vendió la administración, según su rendición anual. Méndez proyectó 2.530 lotes en finca Valdivia y vendió hasta el 3 noviembre de 2017, cuando falleció, cerca de 600.
Cuenta judicial
En la audiencia del 26 de diciembre se abrió la posibilidad de que los compradores afectados puedan depositar sus pagos en una cuenta judicial que todavía no fue habilitada. También se acercaron posiciones para que la administración presente rendiciones mensuales con informes sobre los avances en las obras y servicios en los que no mostró el menor interés en 14 meses.
Nuevas acciones
El 27 de diciembre, luego de advertir en la rendición anual presentada por el hijo de Méndez una serie de irregularidades, el abogado Segovia insistió con el reclamo de la medida cautelar que había solicitado el 14 de diciembre Sanz Navamuel.
Manejo discrecional
En la rendición anual quedó a la vista que el administrador de la sucesión, Raúl Méndez, percibió sueldos por $638.000 ($58.000 mensuales) desde enero hasta diciembre de 2018.
Su madre, Nora Punta, cobró sueldos por $424.000 ($27.000 mensuales) desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018.
Además, se abonaron sueldos por tareas administrativas, generales, de limpieza y seguridad a 34 trabajadores del loteo BM. Los recibos en negro, sin retenciones ni aportes de ley, ascendieron a $1.914.443 desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018.
Comisiones
Por otra parte, hubo pagos de comisiones por la venta de 27 lotes. Estos, en diferentes boletos, figuran con precios de venta cercanos a los $380.000, por lo que se estima que se realizaron operaciones no declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por alrededor de $9,5 millones.
En medio de la polvareda que levantó la rendición anual presentada el 20 de diciembre, Muiños solo se limitó a exigir al administrador que regularice sus evidentes incumplimientos tributarios.
El juez a cargo de la sucesión y las quiebras de las empresas de Méndez se tomó las vacaciones el 28 de diciembre, sin resolver las medidas cautelares. A último momento habilitó las actuaciones para la feria y pasó la brasa caliente al juez de Concursos y Quiebras 2, Claudio Fernández Viera.
Ante el juez de feria, Segovia amplió el pasado 3 de enero los fundamentos de la cautelar solicitada.
Un día antes, el abogado Sanz Navamuel, para deslindar las responsabilidades solidarias del coheredero Francisco Herrera, pidió a la AFIP que arbitre medidas correspondientes para determinar el trabajo no registrado y las facturaciones en negro, como así también las condiciones laborales en que se desempeñan 34 empleados en el convulsionado loteo de finca Valdivia. Desde 2011 la AFIP recibió denuncias y constató millonarias evasiones con los lotes de finca Valdivia pero todo sigue como antes.