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Dueños de agencias de remises rechazan la suba del canon del 70%

La AMT fijó en $3.519 la tasa de fiscalización anual por cada licencia de automóvil. Agencieros sostienen que el incremento es desmedido y que no hay controles contra la ilegalidad.
Miércoles, 20 de febrero de 2019 02:22

Propietarios de Agencias de Remises rechazan el monto fijado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) en concepto de la tasa de fiscalización o canon anual que deben pagar por cada licencia de remís para este año.

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Propietarios de Agencias de Remises rechazan el monto fijado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) en concepto de la tasa de fiscalización o canon anual que deben pagar por cada licencia de remís para este año.

"Nuestra queja es por los abusos que estamos sufriendo por parte de la AMT. Se extralimitan y dictan resoluciones que son arbitrarias para nosotros, como el ajuste del canon anual que deben pagar todos los remises. El año pasado pagábamos 2.100 pesos y hoy nos están notificando de que serán casi 3.600 pesos, lo que significa casi un 70% más", manifestó a El Tribuno Blas Gervino, propietario de Remisur. La agencia tiene 24 años y está conformada por 30 coches.

El pago del canon puede hacerse en un solo pago o tres. "El incremento es notorio. Lo peor es que no tuvimos ni voz ni voto siendo parte esencial de la cuestión. Decidieron esto sin consultarnos. Encima, en contraprestación de la AMT no recibimos nada porque cada vez nos están tapando más el trabajo ilegal, los remises truchos, sobre todo en los barrios. La zona sur es tierra de nadie. La AMT no actúa. Tiene que cumplir con su tarea de controlar el transporte ilegal", agregó.

Según Gervino, en la ciudad de Salta "hay 3.500 vehículos entre taxis y remises legales, la mitad cada uno, y la misma cantidad de remises truchos".

El organismo "se está convirtiendo en una entidad con fines de lucro, en lugar de ser una que controle el transporte. Últimamente vemos que se inclina hacia la recaudación de dinero en efectivo por parte nuestra".

Y para peor, "con la situación del país hay menos pasajeros, menos cantidad de viajes. Las ganancias se redujeron en un 40%. Hay deserción", indicó.

Una nota

Los dueños de las agencias de remises conforman una cámara desde 2010, son unos 20. El viernes de la semana pasada presentaron una nota en la AMT en la que pidieron que "se reduzca el canon en un 35%, lo que resulta un porcentaje promedio entre la inflación, las paritarias de los distintos sectores y es accesible".

José Luis Altamirano, dueño de remises "San José", integrada por 15 vehículos, calificó como "exorbitante la suba del canon" y agregó que "se da justo ahora y pareciera ser que hoy en día juntar de la actividad privada toda la plata que sea necesaria sin límites mediante ajuste o a través de impuestos o tributos es urgente para ellos".

También criticó el trabajo ilegal. "Hay más agencias ilegales que legales. No hay control de la AMT y cuando le preguntamos por qué no controlan, lo primero que esgrimen es que no es responsabilidad de ellos, entonces ¿de quién es? ¿A quién le tenemos que ir a reclamar por la ilegalidad? Son responsables primarios", aseveró.

La AMT fue creada con el objetivo de regular el transporte público. "Si hoy le preguntamos por los objetivos operativos que hayan alcanzado para mejorar desde su creación no vamos a encontrar ni una medida que haya ido en beneficio del servicio, todo lo contrario, lo que han tocado ha sido en detrimento del público, del usuario, de quien consume", apuntó el dirigente.

Además, cuestionó a la "AMT por abuso de autoridad, impuestos arbitrarios y lo peor es que no saben controlar, sino recaudar".

Piden dialogar

Roque López, dueño de la agencia de remises "Tráfico SRL", conformada por 18 autos y tres licencias individuales, expresó que "por la crisis que atravesamos a nivel país no se puede soportar este aumento del canon. Es injusto. Creemos que es necesario sentarnos a dialogar con la AMT para llegar a una solución".

La cantidad de remises ilegales "es impresionante. Hay muchísimos en las localidades aledañas que trabajan dentro de la capital salteña y no vemos que nadie tenga ganas de controlar esto. Tienen que combatir la ilegalidad", recalcó.

López aseguró que las ganancias del sector "cayeron más en estos últimos dos meses y esperamos repuntar para el comienzo de clases porque los números no cierran. Es una situación crítica".

Los dueños de las remiseras se refirieron al posible arribo de Uber. "Hay gente que quiere que arribe Uber, que está haciendo todos sus esfuerzos por eso y que quiere que nosotros desaparezcamos. Su llegada nos va a perjudicar. Esperamos que no se implemente porque dejaría mucha gente sin trabajo", finalizaron.

Los detalles de la nota presentada

En la nota que presentaron los propietarios de las agencias de remises nucleados en la cámara el viernes de la semana anterior piden la reducción del canon anual fijado para este año ($3.519). Sostienen que se ha aplicado un incremento del 70% con respecto al monto abonado en 2018 y que ese porcentaje “es excesivo, infundado y deviene en confiscatorio si además se contextualiza en el marco de otras variables económicas reinantes que han sumido a la sociedad completa en una grave crisis”.
Exponen que los insumos han aumentado en un 100%, que los ingresos de los ciudadanos clientes de remises se han visto menguados en su valor en un 50%, en virtud de la devaluación de la moneda sumada a la inflación anual que en el 2018 alcanzó un 47,6%. 
Recalcan que “ni la inflación, ni los sueldos de los empleados estatales, ni ningún otro costo estatal ha alcanzado el porcentaje del 70% para justificar que el propio Estado disponga el 70% de aumento en la tasa y termine de ahogar a la actividad económica del transporte impropio de la ciudad de Salta que intenta subsistir pese a la crisis”.
Reclaman por los remises ilegales que circulan y no pagan impuestos, no cumplen con criterios de seguridad para autos y pasajeros ni las normas laborales para los empleados y que “gozan de absoluta libertad para trabajar en las calles”.
Finalmente piden que la AMT “revise la tasa de fiscalización y proceda a reducir la misma en un 35%, lo que resulta un porcentaje promedio entre la inflación, las paritarias de distintos sectores y es accesible para el pago”. 
Los firmantes sostuvieron que esperan una respuesta. 

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