La Justicia pidió colaboración a la  iglesia con el caso Aguilera.

Ayer se conoció que la fiscal a cargo de la causa por abuso contra el sacerdote José Carlos solicitó información al Arzobispado de Salta

En el escrito la fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Luján Sodero, solicitó "la remisión de documentación vinculada a la investigación", que lleva adelante por dos denuncias radicadas ante su fiscalía.

La información requerida se refiere al proceso que abrió la Iglesia, paralelo al del fuero penal. Aguilera es investigado por el Tribunal Eclesiástico por una denuncia que se radicó hace más de un año, y a la que en los últimos días se le sumaron otras. Las acusaciones recientes surgieron del estado público que tomó el caso, y de las testimoniales tomadas durante el proceso. En la Justicia eclesiástica las denuncias llegarían a cinco, mientras que en el fuero penal se asentaron dos hasta el momento.

No es la primera vez que la Justicia le solicita información al Arzobispado. En el caso del cura Emilio Lamas, el fiscal Obeid también la había requerido. En esa oportunidad, la Iglesia derivó el pedido a la Congregación de la Doctrina para la Fe, asegurando que el organismo estaba a cargo de los documentos. "Se hace imposible la entrega de cualquier documento relativo al mismo", dijo monseñor Mario Cargnello. Además, indicó que el proceso continuaba abierto porque Lamas apelaría la decisión de expulsarlo del sacerdocio.

Cargnello acudió al acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado argentino en el año 66, y aseguró que el proceso contra Lamas fue bajo la "jurisdicción" que el acuerdo le reconoce. Ese proceso, en el que Lamas firmó su autoinculpamiento, fue realizado bajo Secreto Pontificio, otro aspecto que, según las autoridades de la Iglesia, también está amparado por el acuerdo. Ante la negativa, el fiscal Obeid solicitó el allanamiento, pero la jueza Claudia Puertas lo negó acudiendo también a dicho acuerdo. Sin embargo, Vanossi, quien elaboró las bases del acuerdo, negó que pueda ser utilizado para delitos penales.

Este nuevo pedido puede tener una respuesta positiva por parte del Arzobispado, teniendo en cuenta el "motus propio" que emitió el Papa luego de la histórica cumbre contra los abusos celebrada hace unos días. En él se obliga a todos los miembros de la Iglesia a denunciar los casos y colaborar con la Justicia.

 

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