Mientras los criollos y aborígenes decidieron quedarse acampando en los terrenos, se radicaron tres denuncias en la comisaría 30, por los lotes en conflicto, ubicados en la zona norte de la ciudad de San José de Metán, a un costado de la costanera del río Conchas.
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Mientras los criollos y aborígenes decidieron quedarse acampando en los terrenos, se radicaron tres denuncias en la comisaría 30, por los lotes en conflicto, ubicados en la zona norte de la ciudad de San José de Metán, a un costado de la costanera del río Conchas.
Con policías custodiando el lugar desde el martes, ubicados en la zona de lo que queda de la infraestructura de una antigua e histórica curtiembre de la familia Grané, ayer se vivió una situación de tensa calma en el lugar en disputa.
En los lotes que dan hacia la calle Sarmiento, los criollos acampan al costado de una casilla que instalaron, mientras que en el sector de la calle Lavalle, los aborígenes instalaron una carpa hecha con silo bolsa y realizaron una olla popular al mediodía.
Las denuncias en ciernes
Una de las denuncias fue radicada el mismo martes pasado, a las 20.30, por el presidente de la Asociación Vecinal de la comunidad indígena wichi de Metán, Braulio Cuéllar, quien destacó en la presentación que los criollos intentaron adueñarse del terreno que habría sido donado a esa comunidad en una fracción de 14.450 metros cuadrados del inmueble identificado con la matrícula 2.271 de la Dirección de Inmuebles.
"Particularmente en este caso, por los terrenos en los que se asentaron los criollos hay un trámite de expropiación a nuestro favor, que todavía no está concluido. Nosotros somos gente pacífica y tranquila. Simplemente seguimos los trámites porque todavía tenemos que resolver la situación habitacional de unas 50 familias de nuestra comunidad", dijo Cuéllar a El Tribuno.
Otra denuncia fue radicada, esa misma noche, pero a las 21.31, por la presienta de la comisión vecinal de un sector de la Villa San José, Beatriz Amaya. En la presentación destacó que existe un contrato de comodato de esas tierras que hizo el señor Joaquín Nicolás Grané, quien las cedió en préstamo y sin cargo alguno, a dos vecinos del sector.
El Tribuno tuvo acceso al contrato a favor de los comodatarios, Alejandro Marcelino e Hilda Jacinta Luján, celebrado el 15 de agosto de 2012, pero por un por un plazo de dos años.
En la denuncia Amaya destacó que la posesión de los terrenos por parte de las 20 familias humildes se produjo ante la necesidad habitacional y las carencias que tienen.
"Si el señor Grané solicita los terrenos, los vecinos están dispuestos a negociar con él una forma de pago", destacó la presidente de la comisión de la Villa San José.
Por último solicitó a las autoridades que se tomen las medidas legales en contra de la comunidad aborigen: "Ya que estos son los que van a molestar y ocuparon una proporción del terreno".
Denuncian usurpación
Por otra parte, El Tribuno confirmó, que en la mañana de ayer radicó una denuncia por usurpación Lorena Naranjo, esposa de Nicolás Grané. La mujer reconoció que ese sector de los terrenos está en juicio por una expropiación, pero destacó que todavía pertenecen a la familia de su pareja, que se encuentra trabajando en el sur del país.
En el complejo caso, que está teniendo derivaciones insospechadas, interviene la Fiscalía Penal 2 de Metán, que en la mañana de ayer, requirió todos los antecedentes para tomar una decisión y actuar en consecuencia.
Lo puntual en este caso es que hay dos grupos de vecinos que están dispuestos a asentarse en un terreno en teoría expropiado por el Estado, pero que ahora aparece como propiedad privada.
Esto, habida cuenta de la denuncia por usurpación radicada por la mujer de uno de los propietarios.
Seguramente, la Justicia decantará el tema por ordenar que los ocupas se retiren a sus hogares.