Investigan un fraude de más de $46 millones con subsidios

Con concesiones caducadas y servicios que operan con permisos precarios en distintas localidades de la provincia desde hace varios años, el sistema de transporte público de pasajeros se prestó a grandes inequidades y serios desmanejos.

En distintos juzgados federales y provinciales se investigan millonarias defraudaciones con subsidios y compensaciones estatales, falsificaciones de documentos públicos, incumplimientos de deberes y cohecho.

En un contexto de crisis y desorden, el funcionamiento de los servicios y el desempeño de los organismos de control están bajo la lupa de la Justicia. Varios expedientes penales, en los que se reitera el nombre de una empresa norteña, Transporte Urkupiña, encuentran a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) mal parada a la vista de fiscales, jueces y de una sociedad cansada de ver malgastados fondos públicos.

Dos juzgados federales investigan a la empresa de colectivos norteña por millonarios subsidios nacionales que percibió hasta octubre de 2018 por las líneas interurbanas Tartagal-

Salvador Mazza (5); Salvador Mazza-Tartagal-General Mosconi (5A) y Orán-La Ramadita.

De las tres, según causas que se tramitan ante los jueces federales Carlos Martínez Frugoni (Tartagal) y Miguel Medina (Salta), solo en una (la 5) la empresa acreditó una efectiva prestación de los servicios. Lo hizo en noviembre de 2018, con una declaración jurada que presentó ante la AMT, en cumplimiento a la resolución 201 del organismo de control.

Por la citada resolución las empresas de colectivos de jurisdicción provincial quedaron obligadas a declarar todos los recorridos en los que tenían efectiva prestación de servicios, a abril de ese año, para revalidar los permisos. En la declaración jurada de Urkupiña, brillaron por su ausencia las líneas Orán-La Ramadita y Salvador Mazza-Tartagal-General Mosconi (5A), las que la empresa tenía declaradas ante el Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco de la resolución 939/14, para el cobro de los subsidios nacionales (SISTAU, CCP y Cupo de Gasoil).

Aunque la AMT tomó conocimiento de la cuestionada situación de las dos líneas en noviembre de 2018, poco o nada hizo para corregirla. Por el contrario, desde enero de 2019, cuando quedó a cargo de las compensaciones que reemplazaron a los subsidios nacionales (CST y Gasoil) las siguió liquidando por las tres líneas e incluso aumentó el cupo de combustible subvencionado para Urkupiña de 79 mil a 106 mil litros.

Muchos estudiantes de Orán quedaron marginados de los boletos gratuitos.

Sumas millonarias

Desde abril hasta diciembre último, según liquidaciones realizadas por la AMT, las compensaciones que percibió Urkupiña con fondos nacionales y provinciales (CST y Gasoil) se mantuvieron en el orden de los $7.298.857 mensuales.

De acuerdo con planillas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las dos líneas en la que se denunció la falta de prestación efectiva de servicios representarían cerca de un 36% del total.

En un descargo escrito, que publicó El Tribuno el 3 de julio de 2019, la empresa aseguró que el 71% de los subsidios recibidos se correspondían con la línea Tartagal-Salvador Mazza, el 27% a la línea Salvador Mazza-Tartagal-Mosconi y el restante 2% a la línea Orán-La Ramadita.

Aun con lo que afirmó Urkupiña, la AMT debió considerar las sanciones previstas por la resolución 201, notificar las inconsistencias al Ministerio de Transporte de la Nación, intimar a la empresa por los servicios no prestados y ajustar las compensaciones en $2.116.669 mensuales.

Solo por 2018 deberían habérsele descontado $21.166.690, atento a que en los meses de noviembre y diciembre la firma estuvo penalizada por falta de consolas de GPS en sus unidades y no recibió subsidios.

A lo largo de 2019, la AMT le liquidó a Urkupiña en presunto exceso otros $25.400.028, con el agravante de que en abril de ese año uno de sus directores, Reinaldo García Gambetta, denunció la falta de prestación de las líneas Salvador Mazza-Mosconi y Orán-La Ramadita ante el fiscal federal Eduardo Villalba. De hecho, en el descargo publicado en este diario tres meses después, la empresa manifestó que había dejado de prestar el servicio Orán-La Ramadita a fines de 2017 por el mal estado de los caminos y la baja afluencia de pasajeros. Con estos antecedentes, el fiscal Villalba promovió acciones por una presunta defraudación contra la administración pública que solo en los últimos dos años habría ascendido a una suma cercana a los $46,5 millones.

El Juzgado Federal de Tartagal, ante una denuncia de la Cámara de Transporte de Salta, investiga puntualmente la falta de prestación de la línea Orán-

La Ramadita desde 2015, por lo que el monto de las liquidaciones indebidas de subsidios del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), Compensación Complementaria Provincial (CCP) y Cupo de Gasoil a precio diferencial podría ser todavía más elevada.

La nueva gestión de gobierno, junto a la pendiente regularización contractual de los servicios de colectivos urbanos e interurbanos, recibió una brasa caliente en la distribución y liquidación de los subsidios.

El juez de Tartagal avanzó con medidas

Dispuso un allanamiento, tomó declaraciones y ordenó una constatación. 

El juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni. 

El juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, está al frente de la causa más avanzada por falsificación de documentos públicos y defraudación con subsidios del transporte.

El pasado 3 de diciembre el magistrado ordenó un allanamiento a las oficinas de Transporte Urkupiña, luego de reiterar al titular de la firma, Rubén Severich, intimaciones para que entregue la declaración jurada que presentó el 20 de noviembre de 2018 en la AMT. 

El juez de Tartagal centró la investigación en la línea interurbana Orán-La Ramadita, por el que la empresa cobró desde 2015 subsidios nacionales sin prestar servicios, según denunció la Cámara de Transporte de Salta ante la Fiscalía Federal de Orán el 7 de diciembre de 2017.

Ante esa presentación, el juez subrogante de Orán, Gustavo Montoya declaró la incompetencia territorial de su juzgado el 1 de agosto de 2018 y remitió las actuaciones a Martínez Frugoni.

Entre las medidas dispuestas, el juez de Tartagal requirió a Gendarmería una constatación del estado del servicio denunciado. 

Por otra parte, citó a dos exfuncionarios de la AMT, Matías Risso y María Elena Lema. 

Risso declaró que entre 2015 y 2017 el control y la ejecución de los subsidios estuvo a cargo de la Comisión Provincial de Regulación del Transporte (CPRT). Señaló que Gustavo López, exdirector de la CPRT y luego vicepresidente y titular de la AMT, fue quien “poseía los conocimientos en el tema casi de manera exclusiva”, y que por eso su fallecimiento, en abril de 2016, “fue un problema porque él era imprescindible y se perdió la experticia del manejo del área de subsidios”. Señaló que en reemplazo de López nombraron a Soledad Ascoytia, quien era su colaboradora, “pero duró tres meses hasta que tuvo problemas y la pasaron al área de Recursos Humanos del Ente Regulador de Servicios Públicos”.

En la misma línea, Lema recordó que los subsidios estuvieron a cargo de la CPRT hasta los últimos meses de 2017, cuando la Comisión fue absorbida por la AMT. Precisó que fueron autoridades del disuelto organismo el fallecido López, Reinaldo García Gambetta y Víctor Hugo Colina. Con respecto a las funciones que asumió el nuevo equipo conformado en la AMT a fines de 2017, Lema señaló que “la dirección del Fondo Fiduciario de la Nación mandaba la liquidación a la Provincia y nosotros pasábamos esos subsidios a la Jefatura de Gabinete. Nosotros solamente pasábamos la liquidación y nada más”, declaró la funcionaria de la Gerencia Económica de la AMT, tras aclarar que el área atendía, básicamente, asuntos relacionados con las tarifas, tasas y aranceles del transporte. 

La Ramadita es un paraje del municipio de Pichanal ubicado sobre la ruta provincial 5. Docentes, agentes sanitarios y pobladores de la zona señalaron en 2019 que allí no cuentan con servicio de colectivo. 

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