La Cámara de Diputados dio esta noche el primer paso para intervenir el Ejecutivo municipal de Aguaray, cuyo intendente Jorge Prado se encuentra imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y robo y por generar situaciones que ponen en riesgo la paz social de la localidad.
La medida, que ahora deberá aprobar el Senado y convalidar el Ejecutivo, fue dispuesta en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución Provincial: para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
Prado se encuentra imputado desde mayo pasado en el robo de caños del Gasoducto NEA, que lleva adelante la Justicia Federal y está acusado de contratar dos abogados con fondos del municipio para que lo defiendan en esa causa.
Diversas acciones de Prado, citadas durante el debate, fueron señaladas como generadoras de caos, de cortes de ruta y de poner en riesgo la paz social en el municipio.
El proyecto tratado hoy fue presentado en la Cámara baja por el diputado del opositor PV, Jesús Villa, en marzo pasado, pero recién la semana anterior se admitió de manera general la necesidad de apelar al remedio constitucional de la intervención.
Para ello, las comisiones de Asuntos Municipales, de Hacienda y Presupuesto y de Legislación General emitieron dictámenes favorables para que el proyecto se trate en el recinto.
El diputado Villa remarcó que Prado se encuentra imputado por defraudación al estado y robo, no dudó en sostener que existe una situación de gravedad institucional y subrayó la necesidad de la intervención para llevar paz social al municipio.
Recordó que el Concejo Deliberante de Aguaray hizo un juicio político a Prado por incumplimiento de deberes de funcionario, por abuso de poder, por incumplimientos graves a la ley de medio ambiente, daño patrimonial al municipio, pero no se logró la destitución.
Analizó que mientras demoraba la Cámara baja el tratamiento del proyecto, el intendente podía usar el poder para obstruir la justicia, contrató abogados con fondos del municipio para que lo defiendan en la causa que tiene en la Justicia Federal y generó situaciones que ponen en riesgo la paz social del pueblo.
Villa se mostró convencido que corresponde la intervención porque, además de hacer un daño al Estado y a la democracia, también daña a la política.
Desde el oficialismo, la diputada Socorro Villamayor remarcó que “el robo del siglo” no solo fue un hecho doloroso para Aguaray, lo fue para la provincia de Salta, en alusión a la sustracción de 35 kilómetros de caños del Gasoducto NEA destinados a una obra para la gente.
Tras subrayar que Prado llegó con el Frente de Todos, cuestionó que se haya separado la cámara en “buenos y malos” y rechazo que “se encubría por orden del gobernador y que el oficialismo trababa el tratamiento”.
No obstante, el diputado radical Héctor Chibán no dudó en responder que “fue el oficialismo el que “bloqueó todo este tiempo” el tratamiento de la ley de intervención.
También el diputado de Ahora Patria, Carlos Zapata, hizo notar que el proyecto se presentó en marzo y que en varias oportunidades se solicitó su tratamiento sobre tablas o se incluyó en el acta de labor parlamentaria.
El legislador se mostró a favor de intervenir la comuna, subrayó que “los corruptos tienen que estar presos, sea quien sea y sea del partido que sea” y destacó que investigaciones periodísticas corrieron el velo de un hecho de corrupción que “nos hizo pasar papelón a nivel nacional”.
En su intervención, Socorro Villamayor también enfatizó que para actuar con responsabilidad se deben medir los tiempos y respetar las instituciones y dijo que en la Cámara baja se siguió este concepto.
Agregó que era necesario que se expida el Concejo Deliberante para mantener el respeto por la voluntad popular e hizo notar que luego que la fiscalía federal respondiera que estaba imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y robo, se siguió con interés la situación del municipio.
Dijo que se observó que Prado siguió “llevando inconductas que ponían en vilo a la ciudadanía” y tras citar el caso de los abogados que contrato, a la par de ser asesores son sus defensores en la causa por el robo de caños, agregó que hizo promesas de redes eléctricas que no cumplió, prometió que a cambio de ceder 2 hectáreas se iba a construir una clínica de 8 pisos, lo que después se terminó negando y alienta al corte de ruta.
“Nadie discute que hay un municipio en vilo, la gente de Aguaray no puede ver amenazada su paz social” señaló y puntualizó: “por la gravedad institucional, hay que ponerle coto final y corresponde la intervención”.
El diputado Manuel Godoy, tras considerar que Villamayor fue clara en cuanto a los motivos de la intervención, analizó que si la destitución del Concejo prosperaba, “seguramente seguiría como intendente porque la justicia a veces tarda en fallar ante una apelación”. El diputado del PJ también rechazó que se atribuya responsabilidad a un espacio político de las acciones del intendente: “es el quien cometió el hecho delictivo”, sostuvo.
Otros diputados coincidieron que el avance de la causa penal en la que está involucrado Prado permite apelar al remedio constitucional y abogaron para que con la intervención se restablezca el orden institucional en el municipio norteño.
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La Cámara de Diputados dio esta noche el primer paso para intervenir el Ejecutivo municipal de Aguaray, cuyo intendente Jorge Prado se encuentra imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y robo y por generar situaciones que ponen en riesgo la paz social de la localidad.
La medida, que ahora deberá aprobar el Senado y convalidar el Ejecutivo, fue dispuesta en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución Provincial: para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
Prado se encuentra imputado desde mayo pasado en el robo de caños del Gasoducto NEA, que lleva adelante la Justicia Federal y está acusado de contratar dos abogados con fondos del municipio para que lo defiendan en esa causa.
Diversas acciones de Prado, citadas durante el debate, fueron señaladas como generadoras de caos, de cortes de ruta y de poner en riesgo la paz social en el municipio.
El proyecto tratado hoy fue presentado en la Cámara baja por el diputado del opositor PV, Jesús Villa, en marzo pasado, pero recién la semana anterior se admitió de manera general la necesidad de apelar al remedio constitucional de la intervención.
Para ello, las comisiones de Asuntos Municipales, de Hacienda y Presupuesto y de Legislación General emitieron dictámenes favorables para que el proyecto se trate en el recinto.
El diputado Villa remarcó que Prado se encuentra imputado por defraudación al estado y robo, no dudó en sostener que existe una situación de gravedad institucional y subrayó la necesidad de la intervención para llevar paz social al municipio.
Recordó que el Concejo Deliberante de Aguaray hizo un juicio político a Prado por incumplimiento de deberes de funcionario, por abuso de poder, por incumplimientos graves a la ley de medio ambiente, daño patrimonial al municipio, pero no se logró la destitución.
Analizó que mientras demoraba la Cámara baja el tratamiento del proyecto, el intendente podía usar el poder para obstruir la justicia, contrató abogados con fondos del municipio para que lo defiendan en la causa que tiene en la Justicia Federal y generó situaciones que ponen en riesgo la paz social del pueblo.
Villa se mostró convencido que corresponde la intervención porque, además de hacer un daño al Estado y a la democracia, también daña a la política.
Desde el oficialismo, la diputada Socorro Villamayor remarcó que “el robo del siglo” no solo fue un hecho doloroso para Aguaray, lo fue para la provincia de Salta, en alusión a la sustracción de 35 kilómetros de caños del Gasoducto NEA destinados a una obra para la gente.
Tras subrayar que Prado llegó con el Frente de Todos, cuestionó que se haya separado la cámara en “buenos y malos” y rechazo que “se encubría por orden del gobernador y que el oficialismo trababa el tratamiento”.
No obstante, el diputado radical Héctor Chibán no dudó en responder que “fue el oficialismo el que “bloqueó todo este tiempo” el tratamiento de la ley de intervención.
También el diputado de Ahora Patria, Carlos Zapata, hizo notar que el proyecto se presentó en marzo y que en varias oportunidades se solicitó su tratamiento sobre tablas o se incluyó en el acta de labor parlamentaria.
El legislador se mostró a favor de intervenir la comuna, subrayó que “los corruptos tienen que estar presos, sea quien sea y sea del partido que sea” y destacó que investigaciones periodísticas corrieron el velo de un hecho de corrupción que “nos hizo pasar papelón a nivel nacional”.
En su intervención, Socorro Villamayor también enfatizó que para actuar con responsabilidad se deben medir los tiempos y respetar las instituciones y dijo que en la Cámara baja se siguió este concepto.
Agregó que era necesario que se expida el Concejo Deliberante para mantener el respeto por la voluntad popular e hizo notar que luego que la fiscalía federal respondiera que estaba imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y robo, se siguió con interés la situación del municipio.
Dijo que se observó que Prado siguió “llevando inconductas que ponían en vilo a la ciudadanía” y tras citar el caso de los abogados que contrato, a la par de ser asesores son sus defensores en la causa por el robo de caños, agregó que hizo promesas de redes eléctricas que no cumplió, prometió que a cambio de ceder 2 hectáreas se iba a construir una clínica de 8 pisos, lo que después se terminó negando y alienta al corte de ruta.
“Nadie discute que hay un municipio en vilo, la gente de Aguaray no puede ver amenazada su paz social” señaló y puntualizó: “por la gravedad institucional, hay que ponerle coto final y corresponde la intervención”.
El diputado Manuel Godoy, tras considerar que Villamayor fue clara en cuanto a los motivos de la intervención, analizó que si la destitución del Concejo prosperaba, “seguramente seguiría como intendente porque la justicia a veces tarda en fallar ante una apelación”. El diputado del PJ también rechazó que se atribuya responsabilidad a un espacio político de las acciones del intendente: “es el quien cometió el hecho delictivo”, sostuvo.
Otros diputados coincidieron que el avance de la causa penal en la que está involucrado Prado permite apelar al remedio constitucional y abogaron para que con la intervención se restablezca el orden institucional en el municipio norteño.