Las repercusiones por el decreto de necesidad y urgencia 255 que se convirtió en ley 8.191 el pasado lunes llegaron hasta las autoridades nacionales que ayer se entrevistaron, por vía remota, con militantes de las organizaciones de derechos humanos de Salta.
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Las repercusiones por el decreto de necesidad y urgencia 255 que se convirtió en ley 8.191 el pasado lunes llegaron hasta las autoridades nacionales que ayer se entrevistaron, por vía remota, con militantes de las organizaciones de derechos humanos de Salta.
Hijos Salta y la Asociación de Pensamiento Penal (APP) presentaron un informe que denuncia 17 casos de abusos por parte de la Policía de Salta, registrados tras la sanción del DNU 255, en plena cuarentena.
Los organismos observan que la normativa "otorga más facultades a las fuerzas policiales".
Además, remarcan que a partir de los 90 días de no haberlo tratado en las cámaras legislativas se convirtió en la ley 8.191, a partir del 30 de junio.
Esta flamante ley prevé hasta 60 días de arresto a quien "desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público".
Representantes de los organismos pusieron el ojo en el artículo 3§, que señala que "el jefe de Policía de la Provincia tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida en el presente", lo que le da la posibilidad de definir la situación como cualquier juez.
La convocatoria a la conferencia de prensa y conversatorio virtual fue comandada desde Salta por Canela Álvarez, Martín Plaza, María José Castillo, Josué Díaz y Elia Fernández. Acompañaron autoridades nacionales y militantes. Estuvieron conectados el secretario de DDHH de Nación, Horacio Pietragalla; el director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, y el titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda. "El contar con la información sobre los abusos es una práctica recomendada para visibilizar y luego denunciar", dijo Fresneda, y le apuntó además al Ministerio Público Fiscal por la falta de intervención en los casos.
Przybylski habló sobre las "inconveniencias del DNU 255" que establece la detención. "Tienen que derogar la norma porque se busca lo opuesto que es el aislamiento y la prevención, no juntarlos a todos en una comisaría", dijo el funcionario, quien además aseguró que hay una "falsa dicotomía entre cuarentena y DDHH".
"Se debe cuidar la salud pública en el marco del respeto a los DDHH", afirmó.
Junto a Pietragalla hicieron énfasis en el DNU nacional 297 que se estableció para hacer cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Respetamos las jurisdicciones, pero no pueden haber dos normas en paralelo. Inclusive con los días de reclusión se atribuye facultades del Código Penal. Desde Nación estamos preocupados por esta nueva ley", afirmaron. Pietragalla dijo que ya tuvo reuniones con su par local, Mariana Reyes, a quien le comunicó su "desacuerdo".
"Hablamos de capacitar a las fuerzas en DDHH, pero no se hizo por este DNU en vigencia, con el cual no estamos de acuerdo", concluyó.
Denuncia de wichis
En el norte de la provincia, el rigor policial es denunciado por las comunidades originarias. Desde hace varios meses la comunidad Imakta Nekye Wichí (La Nueva Generación), asentada sobre la ruta nacional 86, a unos 10 km de la ciudad de Tartagal, viene denunciando la violencia institucional de parte de policías que les pusieron plazo para que abandonen ese lugar, aduciendo razones vinculadas con la pandemia.
La situación fue dada a conocer a través de un comunicado en el que se señaló que los wichis “utilizan esos territorios para actividades de caza y recolección con lo que sustenta a las familias además de la siembra tradicional”.
Las comunidades se amparan en la vigencia de la ley 26.160.