La organización no gubernamental Techo realizó una encuesta en todo el país para analizar los efectos que conlleva la COVID-19 en los asentamientos. Una de las mayores preocupaciones que manifestaron los encuestados en materia sanitaria es la falta de acceso a la red de agua potable para poder combatir la pandemia. Casi el 52% de los habitantes de los denominados "barrios populares" marcaron esa carencia que gravita de sobremanera en Salta, ya que, según la misma institución solidaria, en el 98% de los asentamientos registrados de la provincia no hay acceso a redes de agua potable y cloacas.
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La organización no gubernamental Techo realizó una encuesta en todo el país para analizar los efectos que conlleva la COVID-19 en los asentamientos. Una de las mayores preocupaciones que manifestaron los encuestados en materia sanitaria es la falta de acceso a la red de agua potable para poder combatir la pandemia. Casi el 52% de los habitantes de los denominados "barrios populares" marcaron esa carencia que gravita de sobremanera en Salta, ya que, según la misma institución solidaria, en el 98% de los asentamientos registrados de la provincia no hay acceso a redes de agua potable y cloacas.
En el informe de la ONG se recuerda que de acuerdo a los datos del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), que se realizó en 2016, en la provincia existen 154 asentamientos en los que habitan más de 20.000 familias. Como se dijo, prácticamente la totalidad no tiene saneamiento básico y más del 60% no tiene garantizado de forma regular el servicio de energía eléctrica.
"Los municipios de Tartagal y Capital son los que aglomeran más del 70% de los barrios populares del total de la provincia y sabemos que estos son los territorios donde los sistemas de contención social menos llegan", afirmó Carlos Durán, director general para la sede salteña de Techo.
El dirigente destacó en diálogo con El Tribuno que más allá de las precariedades estructurales de los asentamientos, la emergencia sanitaria que desató la enfermedad del coronavirus "fortaleció la organización comunitaria". Dijo que surgieron nuevos comedores y merenderos en las zonas más desprotegidas de la provincia.
Conclusiones
El estudio "Efectos de la pandemia COVID-19 en los barrios populares" fue realizado en mayo en un muestreo que alcanzó a 162 asentamientos de 30 municipios de 16 provincias.
Además de la preocupación por la falta de agua potable, la encuesta de Techo reflejó que el 90% de las personas entrevistadas afirmó estar cumpliendo las medidas promovidas por las autoridades.
El 59% señaló que la principal dificultad a la que se enfrentan actualmente es la disminución de los ingresos del hogar y otro 43% dijo que obtener suficientes alimentos para el hogar es el principal desafío.
Alrededor de un 40% de los trabajadores que estaban bajo contrato y viven en asentamientos tuvo que dejar de trabajar durante el aislamiento obligatorio y un 58% de los trabajadores en negro sufrió el mismo destino. El 68% de los cuentapropistas perdió su fuente laboral.
El 33% consideró que la situación de su vivienda afecta totalmente a su capacidad de afrontar la COVID-19.
El 39% dijo que la situación que influye negativamente para afrontar la pandemia es el hecho de que muchas personas viven en la misma casa, mientras que el 37% destaca como inconveniente el espacio reducido de la vivienda.
El 69% señaló tener alguna necesidad. Las principales fueron: alimentos (70%), trabajo (59%) y elementos de limpieza (52%).
El 41% destacó la organización entre personas que habitan en el barrio como una fortaleza para hacer frente a la pandemia.
Un 76% mencionó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como medida gubernamental que se está cumpliendo.
El 71% dijo haber accedido a alguno de los programas estatales de apoyo frente a la COVID-19.
Entre las personas encuestadas, un 53% declaró que se encontraba trabajando en el momento previo al dictado de la cuarentena obligatoria. Estos resultados varían según el género: un 72,5% de los hombres declaró encontrarse trabajando, mientras que el 48,5% de las mujeres afirmó lo mismo.
Ante la pregunta de cómo se vio afectada la situación laboral por el COVID-19 y la cuarentena que se dispuso, solo un 8% respondió que pudo seguir trabajando a pesar del contexto. En contraposición, un 42% tuvo que dejar de trabajar mientras que otro 8% tuvo que reducir su horario laboral y su ingreso.