Proponen subastar los bienes en desuso del Estado

De la casi decena de temas que colocaron los diputados en el acta de labor parlamentaria para la sesión virtual de hoy, la Cámara Baja trataría solamente tres proyectos de ley y una declaración.

Entre los proyectos que anoche tenían luz verde para obtener dictamen favorable en la sesión de hoy figuraba un proyecto de ley para autorizar por única vez y en forma excepcional, la venta en subasta pública de todos los bienes muebles en desuso, registrables y no registrables, de propiedad del Ejecutivo provincial, organismos autárquicos y sociedades del Estado.

Por su parte, desde la oposición se analizaba ayer la posibilidad de impulsar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que ingresó el diputado del FPV, Jesús Villa, para intervenir la Municipalidad de Aguaray, que encabeza el intendente Jorge Prado, quien se encuentra imputado en la causa que lleva adelante la Justicia Federal por el robo de caños del Gasoducto NEA.

El proyecto para subastar los bienes del Estado en desuso está impulsado por los diputados Javier Diez Villa, Laura Cartuccia, Noelia Rigo, Enrique Sansone y Socorro Villamayor, del bloque oficialista Salta Tiene Futuro.

La propuesta de estos legisladores es disponer que el 50 por ciento de los fondos se destinen a otorgar créditos para personas físicas o jurídicas cuyas actividades comerciales, profesionales o de servicios se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19, y con el saldo restante se adquieran vehículos que se destinarán a los servicios de salud y seguridad.

La situación de crisis por la que atraviesa la Provincia, la reducción de los recursos como consecuencia de la crisis económica, justifica la adopción de este tipo de medida, fundamentan los autores del proyecto.

Esta iniciativa había sido propuesta en su momento por el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Salta, en momentos en que no podían trabajar, por la cuarentena estricta.

Por otra parte, también se otorgó dictamen para tratar otros dos proyectos de ley. Uno declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de un inmueble del departamento Capital, con destino a construcción de viviendas y loteo para familias de la localidad Cobos.

La segunda iniciativa impulsa la creación del Colegio de Obstétricas de la Provincia de Salta.

A través de una declaración, los diputados solicitarán al Ejecutivo provincial, para que a través del Ministerio de Seguridad, se disponga la provisión de móviles policiales para las comisarías de Animaná, San Carlos y Angastaco.

Teletrabajo

Los miembros de la comisión de Asuntos Laborales avanzaron ayer en el análisis del proyecto de ley que impulsa la implementación de la modalidad de teletrabajo para los empleados públicos de la provincia.

Esta iniciativa figura en al acta de labor parlamentaria para la sesión a llevarse a cabo en la fecha, pero no subirá al recinto hasta tanto se terminen de acordar los aspectos centrales que tendrá el marco regulatorio para esta modalidad de trabajo que impone la pandemia de la COVID-19.

Representante al comité contra la tortura

El Senado nombró de manera transitorio al abogado Marcelo Robles Graña ante el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y habilitó el concurso público para designar al representante ante el organismo.

El concurso consistirá en una evaluación de antecedentes de los postulantes a cubrir el cargo y una entrevista personal ante la comisión que se integró para este cometido.

La comisión evaluadora, de los senadores Walter Cruz, Silvina Abilés, Dani Nolasco, Javier Mónico, Esteban D’Andrea, Sergio Saldaño y Marcelo García propondrá una terna. Las postulaciones se recibirán desde el 31 de agosto y hasta el 14 de septiembre en el sector mesa de entradas del Senado (Caseros 519, planta baja), de lunes a viernes. 

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura Y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue creado a través de la ley 8024. Lleva a cabo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo y actúa en todo el territorio de la Provincia.

Se integra con dos miembros designados por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos reconocidas legalmente, un miembro designado por Diputados, un miembro por el Senado y un miembro designado por el Poder Ejecutivo.

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