Libertad en las redes sociales

El reciente cierre de cuentas de Donald Trump en plataformas digitales (des-plataform) lleva a un grado más alto la tensión existente en torno al problema de los discursos de odio y violencia como límite a la libertad de expresión.

La decisión y los justificativos dados por parte de los propietarios de estas compañías han despertado las críticas y elogios mas encontrados, y su análisis excede esta nota.

Lo interesante del caso es la multiplicidad de aristas con que la cuestión puede ser abordada, una de las cuales -de lo mas interesante- es la regulación estatal existente o ha reformar, respecto de una actividad que en EEUU goza todavía de la libertad más absoluta (la inmunidad de las empresas frente a los contenidos de sus usuarios y las decisiones que estas pueden tomar en el ámbito de sus reglas de términos y condiciones).

Si ya la cuestión era problemática, a partir de las iniciativas de reforma de la denominada sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones en EEUU, luego de lo sucedido a partir de los hechos del 6 de enero de 2021 -la historia recordará esa fecha de una forma muy especial-, la cuestión a desatado un debate profundo en torno a aquello que señalamos en primer lugar: ¿cómo abordar la problemática de los discursos de odio y violencia afectando lo menos posible la libertad de expresión?.

La exención total de responsabilidad de las empresas del rubro a cambio de proporcionar un foro libre de censura política parece ser un paradigma que va a comenzar a cambiar, sobre todo analizando el fenómeno de migración de usuarios a redes, en donde se profundiza y se aglutina el discurso extremo de odio y violencia.

Este discurso en si mismo es objeto de gran controversia, y resulta sumamente interesante para el análisis que la cuestión comience a desarrollarse a partir de los hechos duros y concretos con que la democracia norteamericana y su "Rule of Law" se enfrenta, generados por la turba arreciada y organizada desde las redes sociales e incitada por el Presidente de EEUU (incitación a la insurrección, reza el cargo que la Cámara de Representantes hoy le hace a aquel Presidente).

Los ideales de tolerancia, no censura y libertad (de mercado y expresión) con que la cuestión solía abordarse deben ser dirigidos a repensar ahora no solo garantías individuales sino además sistémicas, en el sentido de las instituciones del Gobierno y la propia supervivencia de la democracia.

Es el dato de la mayor relevancia que esto pase en uno de los países más poderosos del mundo, cuna además de las grandes compañías de la que se sirvió aquel presidente para que su discurso se amplificara y en donde, por su tradición jurídica, la libertad de expresión goza (y gozará seguramente) de la mayor amplitud para enfrentar este problema.

Pero el momento de la regulación y sus consecuencias parece estar llegando, a tiempo de un debate con mas graves y mejores argumentos en aras de combatir los discursos de odio e incitación a la violencia, no efectuado en los márgenes sino en el centro del poder de las instituciones de Gobierno.

 

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