Taxistas salteños de distintos sectores se preparan para resistir la llegada de Uber a Salta y anticiparon que reclamarán al Gobierno que, a través de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), se apliquen fuertes sanciones a los choferes de la aplicación.
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Taxistas salteños de distintos sectores se preparan para resistir la llegada de Uber a Salta y anticiparon que reclamarán al Gobierno que, a través de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), se apliquen fuertes sanciones a los choferes de la aplicación.
También revelaron que acudirán a la Justicia Federal y que plantearán a los ejecutivos municipal y provincial que hagan respetar la ley, ya que consideran que el desembarco de la aplicación en Salta es inconstitucional.
Alfredo Carrizo, titular del Sindicato de Peones de Taxis, anticipó a El Tribuno que "hablamos con los compañeros del sindicato y con otros sectores para pedir una reunión urgente a (Marcelo) Ferraris (presidente de la AMT) y a (Esteban) Amat (presidente de la Cámara de Diputados), para que se acelere un proyecto de transporte que estamos analizando en conjunto con el sindicato.
"Necesitamos que ellos hagan público que hay una medida cautelar y pedimos multas de entre 300 y 400 mil pesos y secuestros de entre 90 y 180 días de los vehículos, además de la retención de la licencia de conducir a los choferes de Uber que se detecten", indicó Carrizo.
Además, remarcó que "nosotros, como sindicato, vamos a buscar la unión de todos para salir a la calle y cuidar nuestra fuente de trabajo".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Taximetristas de Salta (Atasa), Gerardo Vaso, manifestó a este diario que la presencia de Uber en Salta "es realmente perniciosa cien por ciento, nos perjudicaría enormemente el trabajo", y agregó que "tendríamos competencia de Uber, de remiseras truchas, el truchaje del interior de la provincia, el de las provincias vecinas, puntualmente Jujuy, etcétera".
"Nos están cavando la fosa y todo esto es auspiciado por el Gobierno provincial, que hoy en día tiene bajo su órbita el control del transporte público", dijo, y denunció que "la Autoridad Metropolitana de Transporte es absolutista, porque toma las decisiones de acuerdo a los intereses creados".
"Estamos precarizados, pero obviamente que no queremos que desaparezca nuestra actividad, somos 7.200 familias y buscamos el apoyo del Gobierno para que esto (Uber) no avance", insistió Carrizo.
Desde el sector indicaron que venían negociando con la AMT un proyecto para mejorar la situación de los trabajadores, de los cuales el 90% está en negro.
Respecto de la posibilidad que la empresa ofrece, de usar la aplicación Uber Taxi, aseguró que la opción no los convence, a pesar de que admitió que "nosotros teníamos una aplicación que no se podía llevar a cabo porque era con 3G", y anticipó que le pedirán a la AMT que apure su proyecto de una aplicación gratuita para los taxis.
"Nos vamos a reunir el lunes con otros sectores de taxistas para definir las acciones a impulsar", dijo Carrizo, y anticipó que "nosotros vamos a convocar a que el Gobierno nos acompañe y garantice nuestras fuentes de trabajo, que para eso pagamos todos los impuestos".
"Las acciones sindicales van a ser fuertes, esta es una ciudad chica y nuestro sindicato no va a permitir que nos roben el trabajo", advirtió, y agregó que "el martes mismo vamos a dar un plazo de 48 horas al Gobierno para que tome alguna medida, y si no tenemos respuestas iremos a la acción sindical en las calles".
El servicio, bajo la lupa
Las deficiencias en el servicio de taxis y remises y la falta de actualización de las unidades son los principales escollos a superar para el sector y, al mismo tiempo, una de las fortalezas de la aplicación en los lugares donde funciona desde hace mucho tiempo.
Al respecto, Alfredo Carrizo denunció que "el Gobierno no nos ayuda a renovar las unidades, el sector está muy molesto, aunque insistimos con el diálogo. Pero no tenemos acompañamiento del Gobierno para nada".
"Sabemos que hay que reestructurar el transporte y se hicieron proyectos para beneficiar al trabajador y al usuario", reveló Carrizo, aunque por el momento las mejoras no llegaron.
Vaso, por su parte, aseguró que en esta situación "hay intereses difusos, porque no puede venir nunca una empresa de afuera a convertirse o querer convertirse en un servicio de transporte público".
"Hoy Uber no tiene un escalafón dentro del transporte porque las autoridades ofrecen al usuario, dentro de la legalidad y legitimidad, tres servicios: el transporte masivo, que es el colectivo; el taxi y el remise", indicó y preguntó: "¿A Uber cómo lo van a clasificar? ¿Qué categoría le van a dar?".
"El Uber es inconstitucional y se lo advertimos al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados en un documento que les enviamos", indicó Vaso, y remarcó en este sentido que "las autoridades no deben distorsionar un mercado regulado".
"Vamos a hacer una presentación en la Justicia Federal para que se tomen cartas en el asunto y que un juez defina que Uber no tiene cabida en Salta ni en el resto del país, porque es un acto pernicioso y, sobre todo, no tributa, no da garantías y se puede prestar a cualquier tipo de delitos contra la integridad de los pasajeros", concluyó Gerardo Vaso.
Críticas a la AMT
“Nosotros pagamos una tasa de fiscalización, que es lo que tiene que garantizar nuestra actividad y no lo hacen. Hay un incumplimiento de la AMT”, denunció Gerardo Vaso, titular de la Asociación de Taximetristas de Salta (Atasa).
Además, el dirigente consideró que “la presentación que hizo el organismo es una venta de humo, porque la cautelar vence a los 30 días”.