De solo mirar para los costados en la frontera se puede ver el resultado de un sistema pernicioso, arreglado y cruel para el ciudadano de la zona. Ahora, si se mira para el frente, la cosa es más dura aún.
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De solo mirar para los costados en la frontera se puede ver el resultado de un sistema pernicioso, arreglado y cruel para el ciudadano de la zona. Ahora, si se mira para el frente, la cosa es más dura aún.
Por ese camino donde por kilómetros se escabullen las divisas del país, un argentino puede observar solo a metros -en la vecina Yacuiba- las alturas del coliseo futbolero: un estadio mundialista. Universidades públicas, plazas y paseos de toda naturaleza, un comercio potenciado, plantas industrializadoras de crudo, de gas, campos de experimentación agropecuaria, ferrocarriles, mercados del siglo XXI y otras tantas cosas ausentes en nuestra pobrísima Salvador Mazza.
Cientos de argentinos/bolivianos cruzan la frontera y trabajan allí, del otro lado.
Es sorprendente que las dos caras estén separadas por escasos metros; solo un zanjón.
De esta manera se entiende que todas las gestiones de los diversos intendentes que pasaron por ese lugar no lograron hacer despegar a una población pequeña.
El Tribuno recorriendo las calles de esa localidad obtuvo testimonios fundados de la inacción social de los que dirigieron el municipio.
Tan solo ver que apenas se licenció el actual intendente, Rubén Méndez, acusado de diversos delitos económicos y fraudes, cuarenta mujeres, mamás solteras, la mayoría, tomaron un predio supuestamente perteneciente a la familia del jefe comunal.
Lo hicieron -dijeron- por extrema necesidad, en un lugar donde sobran los espacios baldíos e improductivos.
La falta de trabajo es evidente, es el municipio el mayor empleador formal.
Son escasas las explotaciones agrícolas de gran escala y los jóvenes no tienen futuro allí.
Una mujer vendedora ambulante en la plaza 9 de Julio de esa localidad lo dijo con claridad: los jóvenes, incluso mi hijo de 21 años, no tienen cabida aquí, y poco a poco van llegando a la droga y al alcohol.
De esa manera, la juventud, aún los chicos se los ve detrás de los camiones convirtiendo las cargas a granel en bolsas de cereales. Los acoplados de bebidas en bultos para acarrear y los comestibles también.
Ejércitos de argentinos -mujeres y niños incluidos- que sin trabajo hacen las veces de hormigas para llevar la mercancía ilegal hacia el otro lado de la frontera.
Ese es el único trabajo rentable que conocen. Es el pan de cada día. Dependen de los cientos de camiones para poder comer y de aquellas cargas que nunca cruzan la frontera con legalidad, ni tributan como cualquier argentino lo hace cuando adquiere un producto o cuando exporta mercancías.
Solo así se entiende que el negocio del contrabando es para pocos. Que alguien se lleva la bolsa y reparte migajas en una localidad que vive en la pobreza extrema. Allí los ciudadanos ven pasar los millones por una o dos avenidas.
Los acontecimientos judiciales y penales no sorprendieron a nadie. Todos, absolutamente todos, aseguraron a El Tribuno que el affaire debiera haber explotado públicamente hace mucho tiempo atrás.
La ausencia del Estado es notable. Los vecinos claman por una universidad para sus jóvenes, por servicios, por fábricas, por desarrollo agroindustrial, por oportunidades.
Cansados están de las dádivas del contrabando y de los negocios ilegales más pesados, como el narcotráfico.
Las autoridades municipales vigentes reclaman su legitimidad para llevar adelante la gestión para la cual fueron elegidos.
Declaman que ya está intervenido el otro municipio vecino en la línea de la ruta 34 -Aguaray- y que la intervención no es el camino constitucional ni la solución.
En esta crisis política, los vecinos esperan -como siempre- una respuesta respetuosa de la ley y de los mandatos electorales de la democracia y los remedios institucionales. Cansados están en la frontera de la idea del "eterno saqueo" del poder de turno.