La capacidad carcelaria de la provincia está excedida en un 41 por ciento 

La creciente violencia que se registra en Salta y el hecho de que los presos por microtráfico de drogas ya no sean alojados en penales del Gobierno de la Nación son dos de las realidades que pueden analizarse como causantes de la sobrepoblación en las penitenciarías provinciales. La realidad es que el hacinamiento en los centros de detención es un problema social complejo y no se vislumbran soluciones a corto plazo.

En la Alcaidía General 1 de Salta ubicada en la zona de la Ciudad Judicial se registra el mayor hacinamiento, ya que están alojadas 918 personas y el porcentaje de superpoblación es del 140 por ciento. En el establecimiento hay más de 500 presos de más.

En segundo lugar está la Unidad Carcelaria 5 Tartagal con 320 presos, lo que excede en un 36 por ciento la capacidad. En la unidad hay aproximadamente 115 internos de más. 

En tercer lugar está la Unidad Carcelaria 1 Capital Villa Las Rosas, donde se albergan 1951 personas y el porcentaje de superpoblación es del 34 por ciento. Tiene en sus celdas aproximadamente 663 personas por arriba de la capacidad.

En estos tres establecimientos hay condiciones de máxima seguridad, a diferencia de otras unidades que tienen un sistema más abierto. Una de ellas es la Unidad Carcelaria 6 de Rosario de Lerma, una Granja Modelo en la que viven 36 personas.

Un establecimiento similar es la Unidad Carcelaria 7 de Cerrillos, Granja Penal Santa Teresita, en la que hay 72 personas actualmente. 

En total son 3.965 las personas alojadas en los distintos dispositivos penitenciarios, según manifestó el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, esta semana, pero la cifra es dinámica y puede cambiar todos los días. De acuerdo con cifras oficiales, la sobrepoblación promedia el 41 por ciento en los penales de la provincia.

Así como hay espacios colapsados, hay otros descomprimidos como una granja penal en Orán destinada a menores de 18 años, donde actualmente hay unos 14 adolescentes, cifra que está por debajo de la capacidad del establecimiento.

“El mayor problema lo encontramos en la Alcaidía de Salta, donde realmente la situación es grave, ya que hay un 140% de exceso de personas alojadas, a diferencia de la Alcaidía de Mujeres, donde la cifra es menor: un 10%”, explicó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Gustavo Krause.

FOTO: JAN TOUZEAU 

Al ser consultado sobre el proyecto para construir una nueva cárcel en Cerrillos, como se anunció que se haría en más de una oportunidad, Krause respondió: “Es una política de gobierno, y dentro de lo que yo conozco, es la primera vez que observo que un gobierno de la provincia aborda un tema realmente acuciante como la superpoblación, el hacinamiento de las personas detenidas”. 

Añadió que se han elaborado varios proyectos que contemplan distintos lugares geográficos donde podrían levantarse establecimientos, pero la cuestión fundamental es el financiamiento. “El Estado tiene que hacerse cargo, tiene que hacer el gasto”, dijo Krause. 

Los valores de construcción son variables y más en esta época de crisis sanitaria y económica: un metro cuadrado de edificación de unidad carcelaria es siete veces más caro que uno de construcción común. Lo que sucede es que se requieren elementos de seguridad que elevan enormemente los gastos.

Para descomprimir las cárceles salteñas lo ideal sería construir una unidad que pueda albergar entre 2.000 y 2.500 personas. Esta cifra permitiría cambiar la realidad del hacinamiento. 

Algunas de las unidades carcelarias se han construido hace décadas, cuando la ciudad tenía otro caudal poblacional, por lo que ahora requieren la infraestructura necesaria para albergar la población penal existente. 

Con relación a la deuda de la Nación con Salta por los presos con causas de microtráfico, que rondaría los 1440 millones de pesos, Krause explicó: “Entiendo que hay un proceso de negociación, comunicación, para tratar de llegar a un acuerdo para solventar. Efectivamente, esto se realizó a través de una ley nacional en 2014 a la que Salta adhirió, por lo cual ya tiene casi ocho años de experiencia en el tema”. 

Manifestó que el costo real de cada persona detenida en Salta con respecto al precio que maneja el Gobierno Federal implica un déficit importante.
 

 

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