Una crisis que creció por errores propios

El Gobierno nacional atraviesa su peor crisis política, al mismo tiempo que intenta clausurarla subestimando el clamor público contra la injusticia en el acceso privilegiado a la vacuna contra el coronavirus.

Parece ser un tema recurrente en el gobierno de Alberto Fernández, donde la posibilidad de frenar la narrativa de confrontación y hacer paso a un mea culpa y corrección, termina disipándose por los extremos.

Los extremos, aclarando lo que hace falta, también incluyen a una oposición que vive del error oficialista que de sus propias virtudes. Quizás la excepción sea el pope de la Ciudad de Buenos Aires, que entiende que callar es la mejor estrategia de prudencia.

La situación de injusticia del acceso a la vacuna por parte de un sector preponderante en la vida del país por sobre aquellos que literalmente salvan cada día a conciudadanos escala de una manera poco sorprendente.

 

La dimisión de un ministro clave, en una cartera imprescindible para la situación sanitaria del país, debería ser visto como una corrección de la política ante un error grave. Pero, con el correr de los días, y de las declaraciones del presidente y su gabinete, la destitución parece haber sido pensada como un fin a la crisis, y no como lo que es: su comienzo.

La falta de pulso

El Gobierno no termina de tomar el pulso público a cuestiones críticas de Estado. Pensar que el pedido de renuncia del ministro de Salud es la clausura misma de la crisis es un síntoma de la falta de entendimiento del proceso público frente a decisiones políticas de alto volumen, o en otras palabras, la incapacidad de reaccionar ante la realidad. Una situación similar ya había ocurrido durante la debacle del tema Vicentín, el envío del proyecto de reforma de la Justicia o la falta de resolución al escándalo de la titular del Inadi. Pero aquí la trama que une cada uno de estos episodios: el gobierno no logra afianzar una coalición estable de gobernabilidad, por lo tanto, cada situación límite es un síntoma de este desacople tácito.

Alberto Fernández asume una responsabilidad de mediador en una coalición que termina definiendo prioridades mediante medios, actos y mensajes públicos por intermediarios.

La alternativa es, obviamente, un plan consensuado de gobierno, pero aprendiendo de la historia de los gobiernos parlamentarios, donde siempre hay un socio mayoritario en una coalición. Ante este escenario de encasillamiento, Alberto Fernández determina su accionar mediante la teoría del menor daño posible que alimenta su ambivalencia entre su poder constitucional político de gobernar - por ejemplo echando al ministro de Salud -y la "realpolitik" de un sector político del Frente de Todos que le reclama una contrabalanza- por ejemplo declarar desde México que la injusticia del acceso a la vacuna no es delito. Entre el deber y la exageración para contener a un socio político, se abre una tercera dimensión, que es la más importante: la injusticia moviliza.

Ciencia, política y gobierno

El contexto actual de no-normalidad, pérdida de vidas, de trabajo, de escolaridad, de tiempo familiar, de amistades, de sociedad, de libertades y proyecciones a futuro, la escasez de la vacuna contra el coronavirus solo agrega más incertidumbre al momento que vivimos. El aspecto psicológico y comunicacional no debe ser perdido de vista dentro del análisis moral que se haga del acceso privilegiado a la vacuna por un sector político, empresarial y mediático. La vacuna, venimos escuchando desde los primeros días de la pandemia, siempre fue identificada como la salvación y la garantía para sobreponernos a una situación inédita. El fruto de la ciencia -y entre tantos excelentes resultados de la comunidad científica argentina- es un milagro para los gestores políticos que recurrieron muchas veces a la total improvisación en la gestión de riesgos y crisis de la pandemia. Por eso, al finalmente obtener la vacuna, el rol de cualquier gobierno es administrar cada dosis con absoluta transparencia y justicia, maximizando su efectividad y mitigando contra cualquier inequidad. La Organización Mundial de la Salud aboga por estos principios y agrega la importancia de tener sistemas de gestión de acceso a la información pública para poder desterrar cualquier tipo de sugestión que ralentice o dañe la percepción pública y confianza hacia la vacuna. Por eso, mirando ejemplos en el Reino Unido, Israel y Chile, es clave ser claros en los tiempos, formas y estrategias para el acceso a la vacuna. Los privilegios deben ser correlativos al esfuerzo de los que nos salvaron en plena pandemia, y para los que significa reducir un riesgo de muerte. Ahora bien, la planificación del gobierno argentino en su estrategia de vacunación coincide con los principios rectores de la OMS, por lo cual aquí no estamos ante una situación fallida en el desarrollo de la política pública, pero sucumbimos en la coyuntura política y social del país. Cabe remarcar lo obvio: la responsabilidad de exhibir conductas edificantes y cívicas es de todos y de todas ... pero sí los representantes elegidos democráticamente no dan el ejemplo, entonces promulgamos la desidia.

Vicios universales

No vamos a caer en el deporte favorito de cuestionar lo propio como lo peor en el mundo. Sí, reconocer la responsabilidad personal y política que tenemos hacia nuestro país, pero sin pensar que somos únicos. La pandemia también estresa a los sistemas políticos en varias partes del mundo, y por eso, el Gobierno no puede estar ajeno a su reputación global.

Por ejemplo, en Polonia se vacunaron actores y actrices junto con políticos del partido gobernante antes que las enfermeras que le aplicaron las inyecciones.
En Estados Unidos todos los miembros del Congreso fueron incorporados entre quienes debían vacunarse en los primeros 30 días la campaña, a partir de una recomendación del médico oficial de la institución. 
También las vacunas pueden ser adquiridas de forma privada por celebridades acostumbradas a intercambiar acceso por dinero. 
En Hong Kong, políticos ligados a China cruzaron la frontera para obtener la vacuna antes que cualquier residente de la ciudad. 
 Grecia, de las primeras 470 dosis del primer día de vacunación, 125 fueron para políticos del partido gobernante. Y por supuesto, el fiasco en Perú. Lamentablemente, la Argentina no está sola en el desafío de garantizar el acceso justo, transparente y equitativo a la vacuna. A propósito, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acaba de publicar una serie de recomendaciones sobre corrupción y los procesos de inoculación por COVID en el mundo. 

El camino obligado 

En Salta, donde por cuestiones de cantidad de vacunas los principios de equidad y justicia deberían extremarse, es clave no caer en la desidia exhibida en Buenos Aires y cuidar el recurso escaso y simbólico de la vacuna. No es descartable que se produzca una situación de escándalo en Salta, y en caso de que sea así, la Justicia debe actuar en consecuencia. La mejor forma de contrarrestar una crisis política “in crescendo” es habituar a la ciudadanía a las herramientas de transparencia, acceso a la información pública y comunicación política de anticipación. 
Por el momento esto no ocurre en Salta, pero es un camino necesario para intentar retribuir el esfuerzo de aquellos que se encargaron de paliar los efectos de la pandemia. 
Si los gobiernos tuvieran una vocación de transparencia y revitalización de la relación entre la ciudadanía y el sector público, se darían cuenta que administrar el proceso de vacunación es una oportunidad única para demostrar el poder transformador de la política al servicio de la comunidad. La incógnita es si la sabrán aprovechar.

 * Magíster en Políticas Públicas  Codirector Jiménez - Buttazzoni Consultoría
 

 

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