El trágico naufragio de un gomón en el río Bermejo puso en evidencia, una vez más, el inadecuado diagnóstico que las autoridades nacionales, históricamente, acostumbran hacer sobre la realidad de la frontera del norte salteño. Las vidas perdidas son el precio, muy alto, de un tráfico muy complejo y al margen de la ley. Allí nadie controla nada y nadie se hace responsable.
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El trágico naufragio de un gomón en el río Bermejo puso en evidencia, una vez más, el inadecuado diagnóstico que las autoridades nacionales, históricamente, acostumbran hacer sobre la realidad de la frontera del norte salteño. Las vidas perdidas son el precio, muy alto, de un tráfico muy complejo y al margen de la ley. Allí nadie controla nada y nadie se hace responsable.
Una mirada errónea, con abundantes interpretaciones genéricas sin verificación de la realidad concreta y actual de los pueblos de frontera se observa en los discursos oficiales. La teoría y la ideología obnubilan la responsabilidad política. Por eso, a pesar de las sobreactuaciones de todos, el desarrollo de sistemas de inteligencia y seguridad profesionales allí parecen utopías.
No es desidia, sino consecuencia de la obsesión de los gobiernos por el control político y electoral de los grandes centros urbanos y sus periferias.
En Aguas Blancas y Salvador Mazza, y en todo el interior salteño, el Estado llega con cuentagotas. Los datos del Censo 2010 en materia de suministro de energía, agua apta para el consumo y servicios cloacales, así como los indicadores sanitarios y los niveles de empleo registrado y no registrado en los últimos diez años, en el interior salteño eran desalentadores y nada parece haber cambiado.
El poder central observa estas regiones como un espacio distante, satanizado o idealizado según las ideologías de turno. Para unos todo se resuelve con “mano dura frente al narcotráfico”; para otros, el concepto de “frontera caliente” es una narrativa sin fundamento en la realidad.
Las personas ahogadas y desaparecidas en las aguas del río Bermejo fueron víctimas de un Estado ausente, que no solo hace oídos sordos y vista gorda al comercio ilegal, sino que ni siquiera se ocupa de cerciorarse de la seguridad náutica de gomones y chalanas.
Los crímenes vinculados al narcotráfico existen en los departamentos de Orán y San Martín, aunque no tengan la frecuencia ni el impacto que obliguen a pensar en una “colombianización” o “mexicanización” de nuestra provincia.
Por razones ideológicas, a las Fuerzas Armadas no se les permite intervenir en la seguridad de frontera. Por conveniencia política y por incapacidad para fortalecer a las policías de la CABA, muchísimos gendarmes son desplazados desde esta región para cumplir tareas policiales en el conurbano. Pero las tareas de inteligencia desarrolladas por el Ejército en las fronteras, incluidas las de la cordillera, permitieron verificar delitos flagrantes de narcotráfico, trata de personas y contrabando en ambas direcciones, facilitadas por la ausencia del Estado. No es extraño: el tráfico ilegal es la fuente de empleo más vigorosa en estas áreas.
La frontera norte no está “satanizada”. No se trata de teorizar si la Argentina debe sumarse o no a la “guerra contra el narcotráfico”, una cuestión de política internacional que divide a progresistas y conservadores. Se trata de reconocer una realidad de abandono injusta e insostenible.
La droga, por cierto, circula por tierra, por agua y por aire y representa -a nivel mundial- una fuerza tan poderosa, que tiene enorme poder de influencia política y económica. Y las fronteras son algunos de sus puntos de acceso.
La pasta base y el paco no son, lamentablemente, meras narrativas, sino un flagelo que se ensaña con los sectores de menores ingresos de todo el país. La ilegalidad de la frontera va mucho más lejos que la droga. Su economía entera es un micro sistema donde las personas se ven obligadas a salvarse como puedan. Por eso, nadie controla el movimiento de gente ni la circulación de chalanas.
La inercia, la desidia o la negación de esta realidad son indicios de fragilidad o complicidad.
Mientras que las políticas de seguridad sigan siendo concebidas con una perspectiva centralista y metropolitana, será imposible alcanzar la única solución posible para esta ciudadanía olvidada: el desarrollo humano y la inversión del Estado, que son la garantía para la calidad de vida de la gente en la frontera y para la prosperidad de la Nación.