Méndez: "Los concejales son  una máquina de impedir"

El intendente de la fronteriza Salvador Mazza, Rubén Méndez, se refirió a la denuncia penal que formalizaron en su contra ediles de esa localidad y que motivaron al fiscal penal Armando Cazón a iniciarle una acción penal por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Méndez consideró que "lo que algunos no pueden ganar en las urnas pretenden resolverlo en la Justicia; judicializar las diferencias políticas nunca es saludable sobre todo para la población que quiere ver soluciones a sus problemas y dejar de ser espectadores todo el año de las diferencias políticas entre oficialistas y opositores. Voy a contestar todo lo que tenga para hacerlo en la Justicia, pero que quede claro que acá los problemas no son jurídicos, son políticos y es así desde el mismo día que asumí como intendente".

Incumplimiento de deberes

El pasado 23 de febrero el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, firmó el decreto de imputación donde acusó al intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor. La intervención del fiscal penal Armando Cazón se produjo tras la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Villalba.

Villalba dijo en su denuncia que la Carta Orgánica jamás fue puesta en marcha, por lo que el Concejo Deliberante dictó varias normas al respecto, entre ellas la ordenanza que crea un Juzgado Administrativo de Faltas y que fue vetada por el Ejecutivo ese mismo año. En consecuencia, Méndez incurrió en el incumplimiento de sus deberes de funcionario público y privó a los habitantes de una correcta administración pública. Además, mediante la ordenanza 46/19, se creó el Tribunal de Cuentas del municipio de Salvador Mazza, pero también fue vetada por el Ejecutivo. Su aprobación fue posteriormente insistida mediante la resolución 123/19, sin que se diera cumplimiento, conforme lo establece la Carta Orgánica municipal. Mediante la ordenanza 48/19, fue creada la Procuración Municipal, que también fue vetada por el Ejecutivo e insistida por resolución 125/19, sin que se diera cumplimiento a la puesta en marcha, conforme a lo previsto en la Carta Orgánica y la ordenanza que exige su cumplimiento.

Respecto de estas acusaciones Méndez consideró que "los concejales que me denunciaron creen que administrar un municipio es algo sencillo y no se dan cuenta o no quieren entender que para crear nuevos organismos necesitamos contar con recursos para pagar los sueldos y montar nuevas estructuras como un tribunal de faltas, un tribunal de cuentas y una procuración municipal. No se trata de buena voluntad sino de dinero para pagarles a los funcionarios, a los administrativos que trabajen en esos organismos de control".

Méndez precisó que "el deliberativo con quien decididamente tenemos un conflicto de poderes pretendía que en pleno año de pandemia, cuando la Provincia tuvo que disponer de un fondo COVID para que los municipios podamos afrontar el pago de sueldos del personal y los gastos corrientes porque la recaudación en todos había mermado como un 40 por ciento, creáramos tres organismos de control. Ellos saben mejor que nadie que fue un año muy difícil, que se luchó para pagar los sueldos a pesar de que el municipio estaba prácticamente cerrado y casi nadie venía a trabajar, por tanto la recaudación genuina prácticamente no existía. Mi pregunta es con qué le vamos a pagar a todo ese personal nuevo", interrogó el intendente.

Malversación de fondos

Sobre el delito de malversación de fondos públicos que también se le imputa a Méndez, él mismo explicó que "durante 4 o 5 meses no tuvimos trabajando personal municipal, salvo recolección de residuos y limpieza en las calles. Nosotros nos regimos con el presupuesto del año 2017 porque el Concejo Deliberante anterior no me quiso aprobar otro desde ese año, y los recursos de hace 4 años no tienen nada que ver con los actuales. Yo siempre tuve que gobernar con una mayoría opositora y por eso tuvimos que soportar, no un control de los recursos, sino palos en la rueda porque lo único que quieren es que yo deje de ser intendente. Poco les interesa si hacemos obras, si podemos cumplir con los sueldos y las obligaciones que tiene esta administración".

Recordó Méndez que "días pasados vinieron autoridades de la Provincia y nos reunimos para acordar cuestiones que hacen a la actividad partidaria porque queremos impulsar al PJ y salieron a decir que voy a ser candidato a diputado, que mi hijo va a ser intendente, cuando nunca se habló de cargos en el municipio ni en el departamento. Eso fue lo que los puso peor a mis opositores y en vez de hacer política, de ganar en las urnas, les resulta más fácil acusarme en la Justicia. Pero no cometí ningún delito", aseveró Méndez.

Sin respuesta

Según consta en el decreto de imputación, el intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que hace dos períodos incumple con lo establecido por la Carta Orgánica, al no enviar el presupuesto de gastos al Concejo Deliberante, lo que fue solicitado en diversas oportunidades mediante pedidos de informe. En tres pedidos, se reiteró solicitud de informes sobre secretarías administrativas y la entrega de mercaderías. También, mediante la resolución 129/20, fueron requeridos el segundo y tercer corte trimestral del 2019, sin que se recibiera respuesta. Tampoco fueron respondidos el pedido de informe 92/2020, que requirió la primera ejecución trimestral de ese año y de la cuenta general del ejercicio 2018 vencida, el pedido 68/2020 que requirió informes sobre los fondos de Nación para el dengue. Por último, fueron requeridos los gastos por los corsos 2020, el desabastecimiento de agua potable en El Sauzal y la rendición de cuentas de la Cooperadora Asistencial de 2019. 
 

 

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