La Argentina debe asumir con firmeza la lucha contra la COVID-19. Para hacerlo, la primera condición es planificar una política sanitaria acorde a la realidad social del país. Los indicadores de pobreza, indigencia y desempleo son dramáticos y advierten que sería absolutamente irresponsable volver a una cuarentena como la del año pasado.
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La Argentina debe asumir con firmeza la lucha contra la COVID-19. Para hacerlo, la primera condición es planificar una política sanitaria acorde a la realidad social del país. Los indicadores de pobreza, indigencia y desempleo son dramáticos y advierten que sería absolutamente irresponsable volver a una cuarentena como la del año pasado.
La Argentina es el país que aplicó las medidas más extremas de paralización de la actividad; por eso tuvo también una de las caídas económicas más pronunciadas del mundo. Los resultados sanitarios, sin embargo, no fueron mejores que en los de más países.
La política sanitaria requiere sacrificios, en pandemia y en situaciones de aparente normalidad; la improvisación, en estos temas, es catastrófica. No existe hoy en la agenda pública una evaluación de los niveles de desnutrición causados por el crecimiento de la indigencia en los últimos 12 meses; tampoco se sabe cuántas personas murieron en ese período debido a la falta de atención médica, la postergación de tratamientos y el olvido, en general, de las patologías no vinculadas al coro navirus.
Tampoco se resolvió un problema que sí es obligación del Estado: la compra de vacunas de cualquier origen, autorizadas por la OMS y la ANMAT, para cumplir lo antes posible con la vacunación de los sectores estratégicos. La falta de planificación llevó a incumplir las indicaciones nacionales e internacionales y generó conductas violatorias de los derechos humanos en algunas provin cias.
La transparencia es imprescindible para la eficacia de una campaña sanitaria. Los ocultamientos y los sesgos políticos, en esta materia, desacreditan a las autoridades.
El gobierno nacional y el Consejo Federal de Salud deben transmitir serenidad y coherencia.
El coronavirus se transmite por el aire e ingresa al organismo por vía oral o respiratoria. Las primeras medidas consisten en evitar las aglomeraciones y la concentración en espacios cerrados con poca ventilación, convertir en hábito el uso de barbijos y desinfectantes y, como han hecho los países más exitosos, multiplicar exponencialmente los testeos.
Pero la pandemia ha desnudado no solo las mezquindades de las conductas políticas sino también la carencia de preparación para la función publica de que adolecen nuestros funcionarios. Frente a la pobreza, solo se apela a fórmulas que vienen fallando desde hace cuatro décadas.
En los años 80, el escritor económico Martin Schwab y Etchebarne describió a nuestra realidad como "socialismo sin plan y capitalismo sin mercado". La crisis sanitaria lo muestra en plenitud.
En medio de la incertidumbre que provoca la nueva cuarentena, el viernes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció que "sancionarán a empresas que no produzcan al más alto grado de su capacidad instalada". Incluso, la secretaria de Comercio, Paula Español, amenazó con cerrar las exportaciones de carne y explicó la decisión de intimar a un millar de empresas para "cuidar el consumo y proteger el mercado interno". La función que se espera de esa cartera no es la de intimar, sino la de crear las condiciones financieras, fiscales y jurídicas para que las empresas mantengan la oferta acorde a la demanda sin correr el riesgo de quiebra.
Los esfuerzos estatales por paliar el deterioro económico tienen un límite: sin crecimiento no hay empleo ni ingresos. Como contrapartida, el voluntarismo intervencionista siempre termina en caída del ingreso y de la calidad de vida. El fracaso del cepo exportador aplicado desde 2006 a la industria alimentaria solo produjo más pobreza, más déficit y menos comercio exterior. La economía no se resuelve con un relato maniqueo de "los buenos y los malos", sino con realismo. La canasta familiar ha subido más que la inflación, al tiempo que los salarios perdieron. Amenazar a las empresas es encubrir que el Estado, con su carga impositiva, es responsable del 42% del costo alimentario y de su encarecimiento.
Un gran problema que agrava la crisis sanitaria es el desconcierto sobre el futuro de la economía. En 16 meses de gestión, el gobierno aún no logra mostrar un horizonte que permita a toda la ciudadanía tener una idea más o menos clara de lo que ocurrirá con la producción, los precios y el trabajo en los próximos años.