El Juzgado Federal de Garantías N´2 de Salta condenó a tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) por el delito de defraudación a la administración pública. Los dirigentes recibieron penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional, como autor, partícipe necesario y secundario del hecho, respectivamente. La Unidad Fiscal Salta llevó adelante la investigación desde agosto del año pasado y la fiscal federal subrogante Paula Gallo presentó el acuerdo, en el cual también se impuso el pago de una suma de dinero en materia de reparación del daño y reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y no tener contacto con las víctimas de la maniobra fraudulenta.
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El Juzgado Federal de Garantías N´2 de Salta condenó a tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) por el delito de defraudación a la administración pública. Los dirigentes recibieron penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional, como autor, partícipe necesario y secundario del hecho, respectivamente. La Unidad Fiscal Salta llevó adelante la investigación desde agosto del año pasado y la fiscal federal subrogante Paula Gallo presentó el acuerdo, en el cual también se impuso el pago de una suma de dinero en materia de reparación del daño y reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y no tener contacto con las víctimas de la maniobra fraudulenta.
El pago del daño
Los tres gremialistas deberán pagar 489 mil pesos, suma en la que está incluida la devolución del dinero que percibieron mediante engaños de los beneficiarios afectados, para quienes se convino un pago resarcitorio de 5 mil pesos para cada uno.
Por otra parte, la fiscal señaló que se acordó también el pago de otros 211 mil pesos, dinero que será destinado a un puesto sanitario en la localidad de Rosario de Lerma, pues las personas afectadas por estas maniobras pertenecen a ese municipio. "Esto se resolvió previo diálogo con la dirección del hospital Joaquín Corbalán, de esa localidad, quienes, una vez enterados de esta posibilidad de contar con el dinero procedente de este proceso penal establecieron que el mejor destino era el puesto sanitario elegido, el cual había quedado a medio implementar por falta de fondos", explicó Gallo.
La fiscal subrogante resaltó los beneficios de herramientas procesales como el juicio abreviado, que permiten, como en este caso, que la resolución del conflicto no solo compense a los afectados directos sino también a toda la comunidad. Asimismo, señaló que la devolución del dinero como el pago resarcitorio será supervisado por la fiscalía, pues producto de la investigación realizada se pudo identificar a las personas afectadas con la conducta delictiva de los condenados.
Secuestros
También, en marco del acuerdo de juicio abreviado, la fiscal subrogante solicitó el decomiso de bienes que fueron secuestrados en allanamientos realizados en la sede gremial de Atres, en Rosario de Lerma y en la casa de los ahora condenados, entre ellos computadoras, teléfonos celulares y una tablet.
Tras el consentimiento expreso de los acusados, asistidos en la audiencia por el abogado Juan Toncovich, la jueza subrogante Mariela Giménez homologó el acuerdo y dictó las condenas y demás obligaciones presentadas y acordadas por las partes, en los términos expuestos por la fiscalía.
La maniobra fraudulenta
La fiscalía comenzó a actuar a partir de la denuncia radicada por algunos afectados en la comisaría 14, de Rosario de Lerma, a la que luego se sumaron otras realizadas ante Gendarmería Nacional. Allí revelaron que, desde julio de 2020, los tres hombres se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad con el objeto de tramitar beneficios sociales de Nación, específicamente el Salario Social Complementario. A cambio de esas gestiones, exigían un pago mensual de mil pesos de esos fondos estatales, mientras que en otros casos se quedaban con la totalidad de dos salarios, en ese entonces de $8.500. Además de ello, las personas que recibían -a medias- estos beneficios eran obligados a realizar tareas para la asociación sindical. “Debían prestar distintas tareas laborales, desde atender la sede de la asociación, hacer empanadas para la venta y vender rifas, caso contrario eran obligados a comprarlas ellos mismos hasta participar de actos políticos y realizar campañas de afiliación”, mencionó la fiscal subrogante al respecto.
La pesquisa demostró que los imputados captaban a personas vulnerables para tramitar la ayuda y quedarse con parte o todo el beneficio.