Como los caños del  GNEA, ahora se filtra un bosque saqueado en el norte

Hace pocos meses eran camiones con caños robados al Gasoducto del NEA y hoy son equipos cargados con madera depredada en Salvador Mazza los que atraviesan los controles con pasmosa impunidad.

Salta sigue dando que hablar, ahora con las fincas que la Justicia Federal le incautó a Delfín Castedo en una causa por narcotráfico.

Hace dos años, Federico Villena, un juez que nombró Cristina Fernández y que Mauricio Macri trasladó al estratégico juzgado de Lomas de Zamora, confió las 25.000 hectáreas de las fincas El Aybal y El Pajeal a la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde la primera hora la decisión despertó polémica porque la Universidad Nacional de Salta (UNSa) quedó fuera de todas las consideraciones a la hora de elegir la depositaria judicial y administradora de las tierras y los bienes de los que Castedo fue desapoderado con carácter provisional.

En manos de la sociedad anónima unipersonal, avalada por la UBA, el monte nativo fue depredado a mansalva y se calcula que las talas ilegales ya barrieron con cerca de 200.000 ejemplares de cedro, cebil, urundel, lapacho y palo amarillo de los que solo quedaron tocones en el bosque de transición del borde fronterizo con Bolivia.

Punto final

Ante las talas y desmontes irregulares denunciados por lugareños y corroborados con inspecciones e informes de teledetección, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia ordenó la inmediata paralización de toda actividad de cambio de uso de suelo o aprovechamiento forestal en las tierras intervenidas.

La clausura total y preventiva se estableció a través de la disposición 91/21 de la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría que conduce Alejandro Aldazábal. Por la citada disposición, que se firmó el pasado 13 de abril y cuyos alcances recién se conocieron en la antesala del feriado del Día del Trabajador, la jefa de Fiscalización y Control del organismo provincial, Silvina Borelli, también suspendió las autorizaciones vigentes en la matrícula 17163 del departamento San Martín.

A la par, la abogada a cargo del área ordenó el inicio de sumarios administrativos contra la Sociedad Administradora de Campos de la UBA, César Guido (responsable visible de la firma) y Hugo René Muñoz (presunto autor material), para que puedan ejercer su derecho a defensa y deslindar su responsabilidad por la extracción ilegal de especies nativas y la ejecución de actividades de cambio de uso de suelo en una extensión de 9,87 hectáreas.

El juez Villena brilla por su indiferencia. 

 

Como parte de las medidas precautorias, la Secretaría de Ambiente intimó a la administración puesta por la Justicia Federal a rendir, en un plazo perentorio que vencerá la semana entrante, las guías que recibió en el marco de dos aprovechamientos forestales que se aprobaron a través de las resoluciones 154 y 711 de 2019.

En los próximos días el Ministerio Público Fiscal de la Provincia recibiría copias certificadas de las actuaciones para promover acciones contra los responsables de la gravísima situación ambiental constatada en Salvador Mazza.

Para asegurar que se efectivicen las medidas ordenadas, la Secretaría de Ambiente ya remitió un oficio al juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, solicitando el auxilio de la fuerza pública.

Hasta el cierre de esta edición se desconocía si las diferentes unidades de Gendarmería Nacional, la principal fuerza llamada a intervenir, fueron instruidas para detener las talas clandestinas y evitar que rollizos y trabillas de origen ilícito sigan saliendo hacia plantas madereras de Salvador Mazza,

Tartagal, Aguaray, Buenos Aires y Bolivia inclusive, según testimonios que El Tribuno obtuvo de fuentes que pidieron reserva de identidad, por temor a represalias en una de las líneas de frontera más calientes del país.
Hasta aquí, el juez Villena, responsable primario de la custodia de las fincas intervenidas y de la administración que puso a explotarlas, se recluyó en un silencio absoluto y brilló por su indiferencia ante otro escándalo que empieza a llamar la atención de los medios nacionales desde el norte de Salta.

Vuelta de almanaque 

En marzo de 2019, por resolución 154, la Secretaría de Ambiente autorizó a la administración puesta por el juez Villena a realizar un aprovechamiento forestal de 49 hectáreas en el sector de la finca El Aybal conocido como Quebracho Ladeado.

En octubre de ese mismo año, por resolución 711, la administración avalada por la UBA fue autorizada a realizar otro aprovechamiento de 251 hectáreas en el mismo sector de El Aybal.

Solo nueve días después, ante denuncias de un lugareño y de Ieasa (empresa nacional que reemplazo a Enarsa y está a cargo del mantenimiento del Gasoducto de Integración Juana Azurduy), el organismo provincial inició un sumario contra la sociedad que administra la citada finca fronteriza por “extracción ilegal de productos forestales”.

En el marco de esas actuaciones, la Secretaría de Ambiente ordenó una primera paralización de actividades en el inmueble rural, suspendió preventivamente las autorizaciones y dispuso medidas para constatar la infracción administrativa.

En una posterior inspección ocular se detectó un aprovechamiento forestal ejecutado fuera del área aprobada y a lo largo de la traza del gasoducto binacional. También se advirtió la existencia de campamentos madereros y diversos puntos de acopio de madera.

Tras el informe de la inspección ocular, por disposición 196, la Dirección de Fiscalización y Control del organismo sancionó con una multa y compensación a la sociedad administradora de la UBA, al encontrarla “responsable de la ejecución de actividades de aprovechamiento forestal fuera del área autorizada”.

En la citada disposición también se marcaron irregularidades en la extensión de guías forestales y talas ilegales, por lo que la administración ligada a la UBA terminó incluida en el Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales de la Provincia de Salta por un plazo de dos años.

En los primeros meses de 2021 nuevas denuncias dieron cuenta de un incremento de las extracciones ilegales de madera, tanto por parte de la sociedad anónima unipersonal que constituyó la UBA para administrar campos, como de terceros que talan y comercializan productos forestales sin autorización alguna. Todo esto, más la presencia de campamentos madereros, fue constatado durante una reciente inspección realizada en la zona.

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