Con la absolución de Nicolás Cajal Gauffín y Sergio Vargas, por el beneficio de la duda, Salta acaba de sumar otro capítulo a su vergonzoso historial de femicidios sin castigo. En la investigación del asesinato de Jimena Salas, la vecina vaquereña que en enero de 2017 recibió 57 puñaladas delante de sus dos hijas mellizas de tres años, todo se enderezó desde el arranque hacia la impunidad.
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Con la absolución de Nicolás Cajal Gauffín y Sergio Vargas, por el beneficio de la duda, Salta acaba de sumar otro capítulo a su vergonzoso historial de femicidios sin castigo. En la investigación del asesinato de Jimena Salas, la vecina vaquereña que en enero de 2017 recibió 57 puñaladas delante de sus dos hijas mellizas de tres años, todo se enderezó desde el arranque hacia la impunidad.
Osvaldo Raffo, el forense más experimentado del país, repetía que lo que no se esclarece en las primeras 12 horas es de muy improbable reproducción en los procesos penales posteriores. También insistía en que los cadáveres suelen revelar muchas más verdades que las personas vivas.
Estas dos máximas de la investigación penal y la criminalística quedaron pulverizadas con la cremación express del cuerpo de la víctima y la orientación inicial que tuvieron las pesquisas bajo la dirección del primer fiscal de la causa, Pablo Paz. El conductor de la investigación acusatoria había sido compañero de rugby de Cajal y por su amistad manifiesta con el viudo debió inhibirse, cosa que no hizo. Por esa y otras razones que merecen una vuelta de almanaque buena parte de la sociedad salteña se pregunta hoy: ¿Quién mató a Jimena Salas?
Ella tenía 44 años, un gran corazón y una especial sensibilidad por los animales. Fue ultimada sin piedad el 27 de enero de 2017 entre las 13 y 14 en su casa del barrio San Nicolás, de Vaqueros.
Detrás del crimen hubo una compleja logística, con más de un actor involucrado y al menos un automóvil de marca que se esfumó como un fantasma porque, además de la pasmosa demora de medidas probatorias, muchas de las cámaras del deficiente y costoso sistema de videovigilancia estaban inoperables en la zona.
Los asesinos consumaron en menos de 20 minutos el plan criminal. Uno de ellos recibió heridas cortantes. Luego de ultimar a la desesperada madre, la dejaron tirada en el living de la vivienda y se dirigieron al dormitorio. Allí enfilaron directamente al placard y sacaron de un maletín drogas, dólares o ambas cosas.
Tomaron el recaudo de volver a cerrar el placard, sin mostrar el menor interés en la caja fuerte que allí estaba a la vista y ni siquiera tocaron.
Solo se encontró sobre la cama un alhajero abierto que, a diferencia del maletín, no tenía resto alguno de sangre. En ese alhajero, que resaltó en el montaje de un robo frustrado, solo había aritos comprados en el Mercado Vaquereño.
El cuchillo con el que se habría defendido Jimena desapareció, como muchas otras opciones probatorias. También se llevaron su celular, que policías hallaron después, destrozado, en una calle cercana a la casa donde sus dos nenas presenciaron el peor infierno imaginable en la retina de una niña.
En la casa no faltó ningún elemento, ni se registró ningún desorden. La escena del crimen se circunscribió a la víctima tendida en el piso, rodeada de un inmenso charco de sangre.
Por el nivel de preparación, el recorrido interno efectuado y la metodología registrada, policías infirieron que se habría tratado de un "domicilio entregado".
Quien llegó primero a la escena del crimen fue Cajal. Llamó al 911 e inmediatamente después al gerente de Garbarino en Buenos Aires, quien ordenó que personal de confianza en la empresa corriera a ver qué había sucedido en la casa del gerente regional.
Un compañero del viudo declaró que cuando llegó a Vaqueros, Cajal le dijo: "Por culpa de ese perro de mierda la mataron a mi mujer". En esos términos, Cajal le había señalado al testigo una circunstancia fáctica vinculada al modo de comisión del hecho que no fue conocida sino tiempo después. ¿Cómo podría saber de antemano información sobre la mecánica del asesinato? La hipótesis del caniche que habrían utilizado los asesinos para que Jimena les abriera las puertas confiada en ayudarlos a encontrar a los dueños del animalito perdido, fue formulada y anunciada en conferencia de prensa por los fiscales Paz y Rodrigo González Miralpeix varios meses después del día del sangriento hecho, en base a fotos que especialistas lograron recuperar del celular de la víctima.
Tres llaveros
A los primeros policías que intervinieron tras el crimen, el viudo les manifestó que, al regresar a la casa, le había sorprendido "ver la puerta sin seguridad y el llavero de Jimena colgado en el alambre". Su declaración se contradijo con la de la niñera, que declaró que aquella mañana Jimena la esperó afuera durante varios minutos porque, según le explicó, "no tenía la llave de su casa".
Además, en base al registro fotográfico del expediente, los investigadores concluyeron que "el llavero que se observa colgado en el rombo del alambre tejido no sería el utilizado por Jimena". Notaron que incluía llaves de un vehículo, lo que los llevó a inferir que esas llaves pertenecían a Cajal. También se confirmó la existencia de un tercer llavero.
Alarma desconectada
En la tarde del 26 de enero (el día anterior al del crimen), la empresa Albiero le había avisado a Cajal que se detectó una alerta de interrupción de la alarma de la casa. Él estaba solo en el inmueble cuando recibió el llamado de advertencia. La alarma fue reconectada después del femicidio.
Ante los policías que intervinieron el 27 de enero de 2017, se mostró sereno y dispuesto a colaborar. Sin embargo, en todo momento hizo hincapié en que su concubina había sido atacada por un ladrón y nunca mencionó la existencia de la alarma, ni la extraña falla que en la víspera se había registrado. Aun así, no fue ni siquiera demorado.
Un posterior informe de la empresa proveedora del servicio confirmó que fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.
La operadora descartó que la falla de comunicación del GPRS de la alarma instalada en el domicilio de la víctima fuera por sabotaje o corte de energía.
También descartó cualquier interferencia con equipos inhibidores de señal, porque tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefonía celular con normalidad. La conclusión fue que la casa quedó sin alarma porque la antena del sistema fue desconectada.
En solo 16 horas no quedaron ni las cenizas de Jimena
El primer fiscal que tomó intervención tras el asesinado de Jimena Salas, el 27 de enero de 2017, fue Rodrigo González Miralpeix. Luego se sumó Pablo Paz, un conocido de Nicolás Cajal.
No se dispuso allanamiento del domicilio ni la revisión del automóvil del viudo, que ni siquiera fue demorado y recién a los días realizó la denuncia.
A la víctima la llevaron a la morgue del CIF a las 16 para practicarle la autopsia. Una vez finalizada entregaron el cuerpo. Sin velatorio, lo llevaron directamente al crematorio. Nunca se supo dónde terminaron las cenizas. La cremación exprés pulverizó también las opciones probatorias. Apenas 16 horas después de ser asesinada no había quedado ningún vestigio de quien en vida fuera Jimena Beatriz Salas.
Grietas inauditas
Una vez hallado el cuerpo inerte, no se tomó ninguna medida perimetral de seguridad e investigación en la zona. No se dispuso cerco policial ni rastrillaje, ni control de las salidas de Salta. Tampoco se ordenó una inmediata toma de declaraciones al vecindario.
Pasado el tiempo la causa fue perdiendo el poco impulso que tuvo desde un inicio, en virtud de que no solo no se imputó a persona alguna, sino que se estableció como versión oficial que se había tratado de un robo seguido de muerte. Solo en nueve meses el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Pablo López Viñals, actual juez de Corte, mandó la investigación a la “oficina de causas frías”, un limbo donde dormitó por 28 meses junto a otros legajos como el de Gala Cancinos.
Seguro
En el interin, Cajal reclamó el seguro de vida de su expareja. Ante objeciones de La Caja SA, en una comunicación telefónica le aseguró a una agente de esa aseguradora que la causa había tenido notables avances y que podía certificarlo el fiscal Paz. Por ese entonces Cajal se había constituido como querellante, pero no ofreció pista alguna para el esclarecimiento del crimen.
En 2018, paradójicamente, Paz empezó coordinar en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) un posgrado de especialización en fiscalía penal acusatoria dirigido por López Viñals.
Nada para agregar, salvo que en el juicio se criticó de manera vehemente que se había investigado la vida privada de uno de los imputados, cuando Argentina suscribió en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un tratado internacional específico, Spotlight, que compromete expresamente a funcionarios judiciales a investigar el círculo íntimo o familiar directo de las víctimas de femicidios.
Un maletín con droga y dólares
Tras la reapertura de la investigación, a fines de 2019, la hipótesis inicial que apuntaba a un asesinato cometido durante un robo al azar perdió peso a partir de una prueba criminalística de punto a punto.
A la par, un peritaje odorológico realizado con perros adiestrados de la Policía Federal determinó que en el maletín al que los asesinos se dirigieron luego de matar a Jimena Salas había dólares, estupefacientes o ambas cosas.
En el juicio, el perito Juan Pablo Sánchez afirmó que hubo una “logística compleja” en el hecho criminal.
En julio de 2017, Cajal recibió un llamado en el que se hizo referencia expresa a maniobras propias de actividades ilícitas, con terminología utilizada en la jerga narco. La acusación fiscal remarcó que en esa comunicación se asoció “el resultado muerte del suceso a vinculaciones con el tráfico de drogas”, lo que sumó un elemento más de convicción sobre el contenido del maletín periciado. Y señaló que el viudo “nuevamente omitió dar a conocer al personal policial interviniente” esa comunicación por la que hoy asoma una causa en la Justicia Federal.