Tras el fallo de la jueza de Familia 2 de Orán, Ana María Carriquiry, quien ordenó respetar la voluntad de Lucas V., un niño wichi, de no someterse a una operación de alto riesgo, especialistas expresaron sus posturas sobre el veredicto.
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Tras el fallo de la jueza de Familia 2 de Orán, Ana María Carriquiry, quien ordenó respetar la voluntad de Lucas V., un niño wichi, de no someterse a una operación de alto riesgo, especialistas expresaron sus posturas sobre el veredicto.
El asesor de Incapaces 2 de Orán, Cristian Babicz, explicó que la resolución de la magistrada se produjo como consecuencia de su dictamen, ya que él intervino en ese expediente y le solicitó que se respete la voluntad del niño, como así también de sus padres.
El chico, de ocho años, presenta un cuadro de hemorragia intracerebral que le fue diagnosticado recientemente luego de que padeciera un problema en el habla y de motricidad, aunque éste último de forma leve.
Requeriría una cirugía compleja, pero los médicos prevén como posibles secuelas la ceguera, pérdida de movilidad de algún miembro y hasta inclusive podría llegar a producirse su muerte durante la delicada intervención. Por este motivo, la familia del niño expresó su negativa a someterse a dicho tratamiento. Expresaron que tienen su propia cosmovisión, su identidad cultural. Actualmente el chico puede jugar, socializar y asiste a la escuela, al año que corresponde. Incluso hace actividad deportiva y comparte con sus hermanos, compañeros y amigos.
"Consideré que realmente eran válidos los argumentos que los padres brindaban, como así también las probabilidades bastantes elevadas o las consecuencias no queridas para el cuerpo y la salud del niño", sostuvo el asesor Babicz,
El viernes pasado viajó hasta Rivadavia con un asistente social y mantuvieron una entrevista con los padres, la abuela y otros familiares del niño, en su comunidad.
"Al día de la fecha hace una vida absolutamente normal, justamente eso se tuvo en cuenta a la hora de dictaminar porque las perspectivas que nos brindaban los médicos eran posiblemente de éxito, pero también en la misma proporción que no sobreviviera a la operación o padeciera consecuencias en otros órganos. Sobre todo se consideró que en la localidad en la que vive no tiene acceso a un sistema de salud que pueda proporcionarle la ayuda instantánea de profesionales", argumentó.
El asesor Babicz destacó la importancia de que la comunidad sepa que se trata de una familia responsable. "Este papá no es negligente. Me pidió personalmente que se respete el deseo de que su hijo, a quien hoy ve bien, sea tratado con medicina natural por gente que sabe sobre ella, de su confianza, perteneciente a su propia comunidad wichi y que si él advertía en un futuro que no resulta y una necesidad de una intervención quirúrgica por médicos, el va a evaluar porque no es un papá que se niega, no descarta a futuro".
Añadió que justamente lo que ordenó la jueza, a pedido de la asesoría, es que se continúen los controles bimestrales, con la intervención de todos los organismos competentes.
"En ocasión que el niño sea trasladado al hospital para control, será requerido nuevamente consentimiento por si ellos varían la decisión", finalizó el asesor.
Cambio de paradigma
Martín Plaza, abogado del Programa Derechos de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que considera importante la decisión que tomó la jueza Carriquiry de Orán. "Sin embargo creo que hay que trabajar para no llegar a la judicialización de estos casos porque hay que tener en cuenta que toda judicialización implica situaciones de violencia que no hacen más que profundizar violencias preexistentes que existen en general en el sistema de salud para con las comunidades indígenas del norte de la provincia de Salta".
Dijo que es celebrable el fallo, ya que respeta la voluntad de la familia, toma en cuenta las cosmovisiones y la cultura propia wichi.
Sostuvo que para evitar la judicialización hay que pensar en cambiar el paradigma de abordaje. "Necesitamos claramente un sistema de salud donde haya facilitadores interculturales de manera cabal y suficiente que puedan explicar sobre los tratamientos en cada uno de los pueblos y etnias que existen en el norte de la provincia y que tengan un rol activo".
Adujo que en muchos casos no se brinda una contención económica y social para las familias ante los eventuales traslados que requieren este tipo de intervenciones complejas entonces y que esto ha generado desde hace décadas cierta desconfianza generalizada entre las comunidades indígenas hacia el sistema de salud.
Indicó que un primer paso para el cambio tiene que ver con retomar la Ley de Salud Intercultural, sancionada en diciembre de 2014, que establece tres presupuestos y estipula la creación de una red sanitaria interinstitucional e intercultural para promover formación a facilitadores y agentes sanitarios, pero que no fue reglamentada aún.
También prevé la creación de albergues de tránsito para brindar contención a las familias ante eventuales traslados.
"Sería muy importante que exista esta red con la participación activa de los pueblos indígenas para que se pueda realizar una planificación conjunta de las políticas sanitarias en el norte de la provincia", finalizó.