Luis Alberto Acosta de 54 años fue condenado por los delitos de fraude a la Administración Pública y falsedad documental, en concurso ideal. El imputado cumplía la función de jefe del programa de Contratos y Convenios del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate.
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Luis Alberto Acosta de 54 años fue condenado por los delitos de fraude a la Administración Pública y falsedad documental, en concurso ideal. El imputado cumplía la función de jefe del programa de Contratos y Convenios del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate.
Fue denunciado por apropiarse de dinero que cobraba por prácticas autorizadas en la institución, sin efectuar las rendiciones correspondientes. Para ello, el acusado adulteró una factura que presentaba montos distintos en el original y en el triplicado. Al imputado se le inició además sumario administrativo en el hospital por irregularidades en sus funciones.
En un juicio abreviado llevado a cabo en la Sala V, Acosta fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional y fue inhabilitado para ejercer cargos vinculados al manejo de dinero.
La jueza Gabriela Romero Nayar le impuso al acusado el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años. Acosta deberá fijar domicilio e informar al tribunal sobre cualquier cambio. Además deberá someterse al cuidado del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados y abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.
Los hechos
En 2016, Luis Alberto Acosta se desempeñaba como Jefe de Contratos y Convenios del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate y solicitó acogerse al beneficio de la jubilación. Treinta días antes de que finalizara la relación laboral, su superior, le solicitó la rendición de cuentas y, al notar inconsistencias, iniciaron un sumario administrativo, que luego derivó en una denuncia penal.
De la investigación realizada por la Unidad de Investigación Delitos Económicos complejos del Cuerpo de Investigadores Fiscales surgió que Acosta obtenía -en provecho propio y en desmedro del erario público- dinero del cobro de prácticas médicas autorizadas, omitiendo efectuar las rendiciones de cuentas. Además de adulterar una factura, consignando en el original y en el triplicado montos distintos como así también la emisión de dicha facturar a distintas personas.