La Justicia de Salta condenó por abuso sexual simple contra dos niñas, de 5 y 12 años de edad, al comunicador social y locutor Jorge Willians Taborga Pereira.
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La Justicia de Salta condenó por abuso sexual simple contra dos niñas, de 5 y 12 años de edad, al comunicador social y locutor Jorge Willians Taborga Pereira.
El hombre estuvo con prisión preventiva desde fines de enero hasta el 28 de junio último, cuando salió de la Alcaidía, tras la audiencia de juicio abreviado en la que reconoció su culpabilidad en los cuatro hechos por los que fue imputado.
El 28 de junio último, la jueza interina de Garantías de quinta Nominación María Edith Rodríguez condenó a Taborga a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por haber sido encontrado autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple (un hecho) en perjuicio de una niña de 5 años y abuso sexual simple (tres hechos) en perjuicio de una niña de 12 años, en concurso real.
Según consta en el expediente, el hombre "de manera libre y voluntaria" reconoció su autoría penalmente responsable en los cuatro hechos.
Los denunciantes cuestionaron la legislación penal sobre abusos sexuales y manifestaron temor por las niñas que están alrededor de él.
Taborga es conocido en el ambiente de los medios de comunicación de Salta. Trabaja en el Consulado de Bolivia en Salta, en el Consulado General de Bolivia en Buenos Aires y en medios de comunicación locales, donde conocen su situación penal.
Días atrás, Taborga participó en un taller sobre discriminación en contexto migrante organizado por el Consulado de Bolivia en Salta y la delegación local del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en el que expusieron referentes y miembros de comunidades y colectividades migrantes de Salta, Tucumán, Chaco y Jujuy, entre otros.
Desde el Inadi lamentaron la participación de Taborga en el taller. Aclararon que la actividad organizada con el Consulado de Bolivia era abierta, libre y gatuita para toda la comunidad de Salta, Tucumán, Chaco y La Rioja. Aseguraron desconocer a esta persona y su situación penal.
El hombre, un ciudadano de nacionalidad boliviana, es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta.
Además, es administrador de la página "Bolivianos en Salta" y del grupo "Cursos Varios Salta" en Facebook.
Cuestionamientos
Los denunciantes consideraron que hay muchos aspectos de la legislación sobre abuso "que están mal" y plantearon que "es más alta la condena por un robo que por este tipo de delitos, como abuso simple".
Aseguraron que estas "no son cosas aisladas" y escucharon que existen hechos similares cometidos por Taborga, incluso contra mayores de edad, que aún no fueron denunciados: "A nosotros nos parece que es algo que tiene que ver con la conducta de una persona".
Comentaron que en otros países se avisa a la comunidad a la que se reincopora un abusador que allí vive esta persona, mientras en Salta nadie sabe que hay un abusador condenado en su entorno.
"Es muy contradictorio! Cuando hay abusos, ponen el nombre de las víctimas, las revictimizan y no dan el nombre del abusador", consideraron.
Los denunciantes expresaron temor por lo que pudiera pasar con los niños y las niñas de la familia que están en contacto con él e incluso suelen quedar al cuidado de Taborga: "En su familia lo reciben como si nada, a pesar de que saben...".
Señalaron que "el día que salió (en libertad), Taborga estaba en el Consulado de Bolivia pidiendo apoyo". "Tiene imagen de buena persona y laburante con la comunidad boliviana y tiene el visto bueno de la comunidad", plantearon.
Comentaron que él le dijo a la gente que lo conoce que "ha sido implicado en un caso", aunque, en verdad, él mismo reconoció su culpabilidad.
Plantearon que "él tiene una imagen pública" y que "maneja redes y la información que se distribuye (en ellas)". "Para el día del locutor, muchos excompañeros lo felicitaban porque nadie sabe...", mencionaron.
"Tenemos bronca porque ahí se ve el accionar de estos abusadores: ganan confianza hasta que muestran su verdadera cara", lamentaron.
Por lo que saben, el hombre intenta organizar una marcha en su defensa.
Mencionaron que su madre, en Bolivia, recurrió al jefe comunal de Yacuiba para que se pronuncie a favor de su hijo y para reunir fondos para sacarlo de la Alcaidía, pero no lo logró.
Órdenes de la jueza
María Edith Rodríguez le prohibió a Taborga acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes y de las víctimas y a los lugares que ellas frecuenten y/o concurran.
También le prohibió ejercer actos de violencia física y psíquica contra las víctimas y sus familiares, así como mantener contacto con ellas por cualquier medio.
Le ordenó, además, realizar un tratamiento psicológico y mandó que se le tomen sus señas, se le realicen fotografías de frente y perfil y que, a través del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, se le extraigan muestras de ADN para ser incorporado en el Banco de Datos Genéticos.
“Tuvimos suerte con el fiscal”
Cuando ingresó la última denuncia por abuso sexual contra Jorge Willians Taborga, el fiscal penal 1, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, encontró que el hombre tenía otro expediente por la misma causa en 2019, que no avanzó entonces porque la víctima era de una familia carente de recursos que no tenía los medios para acudir a Ciudad Judicial cuando convocaron a la niña, de tres años de edad, para el circuito cerrado de televisión.
El fiscal Obeid retomó ese expediente e hizo llevar y traer a la nena para que declarara. “Tuvimos suerte con el fiscal que nos tocó”, dijeron los denunciantes, quienes contaron con el patrocinio de la abogada Celeste Bravo.
Las dos niñas contaron los hechos que padecieron, tanto en una entrevista en circuito cerrado de televisión como en pericias psicológicas.
Los denunciantes pidieron la prisión preventiva porque explicaron que Taborga tiene contactos por trabajar en medios de comunicación y en ambientes diplomáticos. Señalaron que es ciudadano boliviano, tiene familiares en Yacuiba, en la frontera internacional, y cuenta con medios económicos para irse del país.
El fiscal hizo lugar al pedido de prisión preventiva y el hombre estuvo cinco meses privado de su libertad. El condenado fue asistido por el abogado Rodrigo Gonzalo Guerra y su bufete.