Ahora admiten cinco muertes de niños por bajo peso

La información oficial sobre la realidad de los niños y niñas del norte provincial es difusa, escasa y contradictoria. En solo una semana, el ministro de Salud Juan José Esteban admitió que habían muerto niños por desnutrición este año, luego lo desmintió el secretario de Prensa, Javier Lamas, y ahora el gerente del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal admite que fallecieron cinco chicos que tenían bajo peso en los últimos 20 días en la zona.

"Confirmamos que comenzamos el año con muertes por desnutrición y ya brindaremos más información", le dijo Esteban el martes a El Tribuno. Al día siguiente, el ministro dio positivo para COVID-19 y debió quedar aislado.

Durante toda la semana, funcionarios de distinto rango de la cartera sanitaria respondieron con evasivas a las insistentes consultas de este y otros medios sobre a cantidad de niños con problemas alimentarios y las muertes por esta causa en lo que va del año. Argumentaron que los datos no estaban disponibles o que no podían difundirlos.

El viernes, con el ministro de Salud aislado, el secretario de Prensa, Javier Lamas, salió a informar que no hubo muertes por desnutrición este año. Indicó que en lo que va de 2022 fallecieron seis niños en el norte provincial pero por otras causas, como la COVID-

19.

Ayer el gerente del hospital Juan Domingo Perón, Santiago Payo, aseguró que en los últimos 15 o 20 días se han confirmado en el norte de la provincia cinco decesos de niños que tenían bajo peso.

Payo habló del tema en un programa de radio Aries y aseguró que, sumado a los cuadros de desnutrición, los chicos contraen COVID, lo que complica su salud. "Tienen vómitos, fiebre y diarreas", explicó.

"Las muertes por desnutrición no son una novedad y tenemos que actuar de otra manera. Esto se corrige con acciones concretas y decisiones políticas", manifestó el medico norteño.

Payo aseguró que el bajo peso es solo uno de los factores que inciden en la situación de riesgo que viven niños y niñas del norte provincial y que la falta de cobertura sanitaria o acceso al agua potable también son condicionantes.

En este contexto, es complejo hacer un balance de la emergencia social y sanitaria que se declaró el 29 de enero de 2020 en Orán, San Martín y Rivadavia, hace casi dos años.

Más comunidades

La ministra de Desarrollo Social de Salta, Silvina Vargas, expresó durante los últimos días su intención de ampliar el Plan Unir en toda la provincia, pero en especial en la zona de emergencia. La funcionaria destacó que llega a unas 180 de las 400 comunidades indígenas del norte.

Unir es un plan por el cual se detectan alertas sociales y se difunden los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Está a cargo de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia y actualmente llega a una población total de 2.408 familias y 3.323 niñas y niños, 148 embarazadas de 130 comunidades originarias y rurales de Orán, San Martín y Rivadavia, quienes reciben semanalmente visitas domiciliarias de acompañamiento familiar.

La semana pasada la Justicia ordenó a la Provincia que los hospitales de la zona tengan facilitadores interculturales para asistir a familias indígenas.

 

Trabajan en el programa 124 acompañantes familiares en territorio que visitan casa por casa a las familias donde viven niñas y niños de 0 a 8 años de edad y mujeres embarazadas.

Entre sus líneas de abordaje, los equipos territoriales de Unir realizan un trabajo articulado junto al personal de Atención Primaria de la Salud y agentes de Asuntos Indígenas en apoyo a las comunidades durante el período estival, promoviendo y fortaleciendo prácticas de crianza. También se realizan articulaciones para restituir derechos vulnerados.

 

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