El anuncio de las nuevas tarifas del gas natural en red y de la energía eléctrica fue la noticia del día. Y dejó demasiados interrogantes sobre temas sensibles para cada uno y para todos. La energía está en la médula de la economía de un país. Es un insumo esencial para toda la actividad productiva, industrial y de servicios y forma parte sustancial de los consumos familiares. Además, es decisiva para las elecciones.
Hoy es la razón más fuerte para que los argentinos estemos obsesionados por el dólar.
De la conferencia de ayer se esperaban certezas sobre cuánto aumentará la factura doméstica y, al mismo tiempo, desde una perspectiva técnica, en qué medida disminuirán los subsidios que paga el Estado. El Estado paga los subsidios con impuestos, es decir, que los paga la sociedad. Y como son un factor decisivo en el equilibrio fiscal -desequilibrio, a decir verdad- : representan el 70% del déficit primario y, de ese modo, se convierten un “bombeador” de la inflación, que también paga toda la sociedad.
En 2021 representaron alrededor de US$ 11.000 millones y se estima que en 2022 superarán los US$ 16.000 millones.
Ayer se informó que el Estado espera que las nuevas tarifas de luz y de gas permitan un ahorro de $47.500 millones para 2022 y $455.000 millones para el año que viene.
Desde 2019, el atraso de las tarifas de luz y de gas merodea el 100%. Si no se actualizan al ritmo de la inflación, no habrá posibilidad alguna de que el ministro Sergio Massa pueda cumplir con su propósito de honrar los términos del acuerdo con el FMI y llegar a un 2,5% de déficit primario.
La distribución del ingreso en una economía orientada hacia la equidad y la plena inclusión no se logra estratificando la sociedad y recargando a un sector para corregir los errores del Estado o de un gobierno. Aquello requiere un sistema tributario progresivo y previsible, el gasto público orientado a la producción y la calidad de vida, y un sector privado competitivo.
Ninguna de estas condiciones se da en la Argentina. Ayer, a pesar de la expectativa, no se vislumbraron alternativas políticas para crearlas.
Por una parte, la segmentación anunciada por la recién incorporada secretaria de Energía, Flavia Royón, fue concebida durante un año de forcejeos alimentados por las prioridades electorales de Cristina Fernández y el mesianismo anacrónico del Instituto Patria, para quienes las tarifas deben permanecer congeladas, frente a la impotencia de Alberto Fernández. Por eso, el desconcierto de la sociedad no se diluye y es difícil anticipar hasta dónde llegará el “tarifazo” y a cuántos hogares alcanzará.
Tomando consumos equivalentes, una factura eléctrica de Salta suma hoy más del doble que la del Área Metropolitana (AMBA): $4.147 contra $1.870. La diferencia radica en el costo del transporte. En Salta, el precio de la generación (mayorista) equivale al 31% de la factura; en el AMBA, el 51%; la relación se invierte en el transporte y la distribución, que no están subsidiados: 51% y 28% respectivamente. El resto, alrededor del 20% en ambos casos, corresponde a impuestos. No se sabe qué pasará ahora.
Según se informó, en el país, unos cinco millones de hogares no tendrán aumento en las facturas de la luz. No se sabe cuánto aumentará para los otros cuatro millones, a cuyo cargo quedará compensar ese déficit generado por las malas políticas. En el caso del gas natural, los que no perderán subsidios son cerca de tres millones de hogares.
Es decir, las dudas no se despejaron. Para nadie.
Dos décadas perdidas
“Argentina ha garantizado el abastecimiento y estamos trabajando a ser más eficientes y reducir y cuidar las divisas para reducir la importación, dentro de los límites de seguridad”, afirmó la secretaria Flavia Royón. De ser acertado el diagnóstico, el giro energético sería histórico.
La funcionaria salteña reconoció que el nuestro es “de los países en el mundo que tiene más potencial energético y con esto podría autoabastecerse, exportar y tener un sector energético muy competitivo”.
Esto ocurría también en 2002, cuando no había subsidios y el país construía gasoductos y tendidos de alta tensión para exportar gas y energía. Pero, en las dos décadas siguientes, debido a las malas políticas, el país se convirtió en importador porque no solo retrocedieron las fuentes energéticas tradicionales, sino que se prolongó sin justificaciones la construcción del gasoducto Néstor Kirchner; además, no hubo ninguna iniciativa para desarrollar recursos “no convencionales como también en energías renovables, nuclear y el desarrollo de biocombustibles”, como dijo Flavia Royón, ayer, al cifrar las expectativas de diversificación energética.
Es absolutamente cierto lo que dijo nuestra comprovinciana. Pero no depende todo de ella, sino de que Fernández, Cristina y Massa se convenzan y definan políticas que vayan más allá de la emergencia.
Aunque quede poco tiempo.
