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Protocolo antipiquete: "La prioridad es el diálogo"

El ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Marcelo Domínguez, aseguró ayer que el decreto no tiene espíritu represivo. Por otra parte, el funcionario quedó a cargo de la Policía de Salta y otras áreas de seguridad. 
Viernes, 03 de febrero de 2023 18:12

El decreto que da origen al protocolo antipiquetes "no tiene espíritu represivo, sino que busca resolver la tensión que se da entre el derecho a protestar y el derecho a circular", explicó ayer el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Marcelo Domínguez.

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El decreto que da origen al protocolo antipiquetes "no tiene espíritu represivo, sino que busca resolver la tensión que se da entre el derecho a protestar y el derecho a circular", explicó ayer el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Marcelo Domínguez.

El titular de la cartera de Seguridad brindó ayer una conferencia de prensa para explicar los alcances del decreto 91/2023 publicado el jueves en el Boletín Oficial, cuyo objetivo es arbitrar los mecanismos para garantizar los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier vía pública de circulación en la provincia.

En la presentación de la conferencia, durante la cual el funcionario debió aclarar dudas surgidas de especulaciones respecto del derecho a la protesta, se detalló que el protocolo buscar "garantizar los derechos constitucionales de protesta y de libre circulación, promoviendo la resolución pacífica de los reclamos y el diálogo con las áreas competentes".

El ministro Domínguez explicó que, al asumir en diciembre pasado, "una preocupación del Gobierno era poner foco en la situación que se generaba por los cortes en el norte de la provincia, por lo que dedicamos algunas semanas al análisis de la situación".

En este sentido, destacó que el Gobierno, a través de todas las áreas intervinientes, atendieron cada uno de los reclamos que se generaban y que terminaban en piquetes.

"La orden del Gobernador (Gustavo Sáenz) fue escuchar, transmitir inquietudes y buscar respuestas concretas", explicó.

Sin embargo, reconoció que pese a la voluntad de diálogo "hubo un incremento de los cortes en el norte que generaban distintos reclamos de los sectores productivos y los de áreas vinculadas al trabajo y los servicios".

Frente a esta situación, donde se proyectaba un escenario de conflictividad social, Domínguez explicó que "tras un análisis profundo, y evaluando las consecuencias, el Gobierno de la Provincia, garantizando el cumplimiento de los derechos constitucionales, dictó el decreto 91, que viene a regular la síntesis de la tensión que se da entre el derecho a circular, que es un derecho constitucional, y el derecho a la protesta".

Indicó, asimismo, que en función de ello se elaboró un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad cuando se producen cortes de este tipo que impiden la circulación de bienes, personas y servicios. Y remarcó que también el Gobierno es víctima de la situación, porque se genera imposibilidad de desplazamiento de ambulancias, además de otros vehículos distintos sectores productivos.

Sobre el final de la conferencia Domínguez manifestó que "lejos está del pensamiento de este Gobierno actuar de manera represiva", pero que "lo que no se puede permitir es que las rutas que atraviesan por territorio provincial resulten una emboscada para quienes tienen que transportar bienes, servicios y personas".

Destacó que en este aspecto la Policía tiene interlocutores y cuerpo de negociación, con lo cual "no se va a ir al desalojo inmediato, sino a través del diálogo y la persuasión".

"Mediante el diálogo se va a buscar todo el tiempo una resolución pacífica", insistió.

"No es que perseguimos delincuentes sino que vamos a escuchar la problemática y a invitarlos a permitir la circulación de personas y vehículos y, con los responsables de las áreas pertinentes, buscar una respuesta inmediata", reveló.

Por otra parte, despejó especulaciones respecto de la tarea de la prensa: "De ninguna manera está afectada la cobertura. El decreto, en el capítulo referido a medios de comunicación, asegura plenamente la posibilidad de desplazamiento de los medios. Pero ante una situación no deseada de un conflicto se hace necesario protegerlos de las consecuencias que pudieran emerger".

Se hará cargo de la Policía y otras áreas de seguridad

A través de una decisión administrativa, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de su titular Marcelo Domínguez, quedó a cargo de la Policía de Salta y otras áreas de seguridad que hasta días atrás estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad, cuya titular es Frida Fonseca.

"A fin de optimizar las funciones del Ministerio de Seguridad y Justicia, corresponde realizar una serie de reestructuraciones orgánicas", inició el comunicado para luego mencionar que "resulta pertinente trasladar la Agencia de Seguridad Vial al ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, con dependencia inmediata de la Coordinación Jurídica y Técnica (...) corresponde suprimir la Subsecretaría “Sistema de Emergencias 911 y trasladar la de Dirección General Sistema de Emergencias 911, con dependencia de la Coordinación General del Ministerio de Seguridad y Justicia".

Uno de los traslados más resonantes es el de "Policía de la Provincia de Salta, pasando ésta a depender directamente del Ministerio de Seguridad y
Justicia", como así también "resulta necesario modificar la dependencia del Servicio Administrativo Financiero, pasando ésta a depender directamente del Ministerio de Seguridad y Justicia; jerarquizando además el Programa Presupuesto, otorgándole el nivel de Dirección".

El resto de las modificaciones

"Que, en lo relativo a la Secretaría de Justicia a fin de ordenar el funcionamiento de la misma, se crea una unidad fuera de nivel denominada Coordinación General, de la que dependen directamente la Dirección General de Acceso a la Justicia, la Dirección General de Asistencia a la Comunidad, y la Dirección General de Asistencia a la Víctima; Que en tal sentido, en el ámbito de la Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos se crea la Dirección Parentalidad y Programas Especiales; Que, en este orden, y en atención a las necesidades de servicio del Ministerio de
Seguridad y Justicia, corresponde realizar otras reestructuraciones y modificaciones orgánicas, aprobando las modificaciones propuestas;
Que el Decreto Nº 1046/21 incorpora a la delegación del artículo 2º del Decreto Nº 13/2019, la competencia de la Coordinación Administrativa de la Gobernación en entender en el análisis y propuesta del diseño de la estructura de la Administración Provincial Centralizada y Descentralizada, y aprobar las modificaciones propuestas".

El coordinador administrativo de la gobernación decide: 

Artículo 1º: Modificar parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Seguridad y Justicia, conforme al Anexo I que se acompaña y forma parte de la presente.

Artículo 2º: Dejar establecido que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la respectiva partida de la Jurisdicción y CA correspondiente, ejercicio vigente, disponiéndose las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias a través, del Ministro de Economía y Servicios Públicos.

Artículo 3º: La presente Decisión Administrativa será refrendada por el Señor Ministro de Economía y Servicios Públicos y por el Señor Ministro de Seguridad y Justicia.

Artículo 4º: Comunicar publicar en el Boletín Oficial y archivar. Demitrópulos - Dib Ashur - Domínguez

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