inicia sesión o regístrate.
El gobierno del presidente chileno José Antonio Kast quedó en el centro del debate tras anunciar un recorte de 72.000 millones de pesos —equivalentes a unos 77,6 millones de dólares— en el presupuesto de Seguridad Pública, una de las áreas que durante la campaña fue presentada como una "emergencia nacional" y una de sus principales prioridades de gestión.
La medida fue expuesta ante la Comisión de Seguridad del Congreso por la ministra del área, Trinidad Steinert, y contempla una reducción significativa de recursos: unos 55,6 millones de dólares para Carabineros, 17,4 millones para la Policía de Investigaciones y 5,4 millones en programas clave como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia, orientado a disminuir homicidios en zonas críticas.
El anuncio generó cuestionamientos por una aparente contradicción con el discurso de campaña. Durante su candidatura, Kast había sido enfático al afirmar que "volver a vivir sin miedo no es un eslogan, es una promesa concreta", al tiempo que advertía que en Chile la autoridad había "desaparecido".
Sin embargo, ahora la reducción de fondos en el área que definió como prioritaria abre interrogantes sobre la coherencia entre el diagnóstico y las decisiones adoptadas.
Desde el Ejecutivo buscaron llevar tranquilidad. El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, aseguró que los recortes no afectarán áreas sensibles ni comprometerán el funcionamiento operativo de las fuerzas. "Ninguno de los ajustes tendrá impacto en temas que afecten directamente la seguridad", sostuvo.
A pesar de esas explicaciones, especialistas en seguridad y política pública advierten sobre posibles efectos adversos. El académico Víctor Beltrán cuestionó la consistencia del enfoque: "Si un gobierno decide gobernar bajo la lógica de la emergencia, no puede tratar la seguridad como una variable más dentro de un ajuste general".
El contexto en Chile muestra un escenario complejo pero con algunos indicadores en mejora. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios 2025, el país registró 1.091 víctimas el año pasado, 118 menos que en 2024, con una caída del 11,5% en la tasa de homicidios.
La gestión Boric
Durante la gestión de Gabriel Boric, se incrementaron recursos y se fortaleció la coordinación en la persecución penal, lo que, según analistas, permitió revertir parcialmente la tendencia al alza del delito registrada desde 2022.
En ese sentido, Parra advirtió que el nuevo gobierno recibe un aparato estatal más preparado, aunque alertó que la reducción presupuestaria podría generar "descoordinación estratégica" y afectar la gestión operativa.
El recorte forma parte de un ajuste general del 3% aplicado a todos los ministerios. Sin embargo, en el caso de Seguridad, la decisión cobra mayor relevancia política por tratarse de una de las banderas principales de la actual administración. Para los expertos, la medida no solo tensiona el discurso oficial, sino que también deja abierto el debate sobre el rumbo que tomará la política de seguridad en Chile en los próximos meses.