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La causa penal se centra en la presunta falsificación de instrumento público y tiene como principal señalada a Lucía Grajales Soriano, titular del terreno donde se realizó el evento y quien exhibió la documentación cuestionada.
No obstante, la fiscal Sandra Rojas dejó en claro que la investigación no se limitará a esa figura. Confirmó que ampliará las líneas investigativas ante la sospecha de que pudo haber participación de terceros, incluso con acceso interno a documentación oficial. Es un PDF y duda que existe el documento físico.
"Hay que empezar a buscar de dónde viene esto", explicó. Y planteó una hipótesis que abre un escenario más complejo, "yo creo que ninguna persona del común tiene acceso a ese tipo de datos".
En ese sentido, la fiscalía avanzará con pedidos de informes, análisis del circuito de circulación del PDF, que fue enviado por WhatsApp, y la citación de la persona denunciada para que aporte información sobre el origen del documento.
En paralelo, además de la causa penal, interviene la Unidad de Contravenciones del Ministerio Público Fiscal, que analiza posibles infracciones vinculadas al uso indebido de un área protegida y la eventual aplicación de sanciones.
El caso dejó así dos planos claramente definidos. Por un lado, la investigación judicial por falsificación. Por otro, un diagnóstico institucional contundente, hubo presencia estatal, hubo controles, hubo denuncias antes del evento y hubo advertencias, pero la falta de coordinación, los tiempos administrativos y la imposibilidad de verificar la autenticidad del permiso en el momento permitieron que el casamiento, con DJ, invitados y despliegue.