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La investigación penal abierta en Cafayate por el casamiento realizado en plena zona protegida de la Quebrada de las Conchas sigue dando más tela para cortar, no solo se investiga una presunta falsificación de instrumento público, sino que además quedó expuesta una cadena de fallas institucionales que permitió que el evento se realizara aun cuando ya existían advertencias y denuncias formales.
La ceremonia, protagonizada por Nicole Pocoví y Federico Maran, se llevó a cabo el lunes 23 de marzo en el paraje La Punilla, sobre la ruta provincial 68. Allí, en un sector considerado de alto valor ambiental, se montó un evento de gran despliegue, con decenas de invitados, musicalización con DJ y una infraestructura propia de un salón de fiestas trasladado al aire libre, en pleno paisaje protegido.
Según reconstruyó la fiscal Sandra Rojas, para el momento en que comenzó la celebración ya existían elementos suficientes para poner en duda la autorización del evento. Sin embargo, según hizo notar en una nota con El Tribuno, la falta de coordinación entre organismos permitió la concreción del casamiento.
Además admite un desfasaje entre la denuncia del secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, y su impacto real en el sistema judicial. El funcionario radicó la presentación el mismo lunes 23 de marzo mediante el sistema web, tras advertir que su firma habría sido falsificada. Pero esa denuncia recién fue visualizada por la fiscalía de Cafayate el miércoles 25, luego del feriado largo del 23 y 24.
Un dato relevante
"Esta denuncia recién nos impacta cuando abrimos el sistema el día miércoles", reconoció Rojas. En paralelo, ese mismo lunes también denunció el guardaparque Gonzalo Christofani, quien comenzó a advertir inconsistencias en el documento que se exhibía como autorización. Este dato adquiere relevancia frente a una de las afirmaciones de la novia, quien sostuvo a una periodista de Buenos Aires que en el lugar había presencia de guardaparques durante el evento. Cabe recordar que los novios no viven en Salta.
"Que un área sea protegida no significa que no pueda utilizarse, sino que requiere la autorización correspondiente", planteó Nicole Pocoví. En esa línea, sostuvo que el predio es de uso intensivo y que allí se realizan desde hace años distintas actividades, como filmaciones, visitas turísticas e incluso eventos de gran escala como el Dakar.
Sin embargo, la reconstrucción judicial introduce un matiz clave. Uno de los guardaparques presentes fue precisamente quien terminó radicando la denuncia.
La secuencia operativa muestra que la policía llegó al lugar cerca de las 14, solicitó la documentación y recibió un archivo PDF que supuestamente habilitaba la actividad. Ante esa presentación, los organizadores aseguraron contar con todos los permisos. "La policía misma cuando va a requerir la documentación le dicen 'yo acá tengo los permisos'", relató la fiscal.
Sin un sistema de verificación inmediata aceitado con Ambiente, los efectivos debieron retirarse para realizar consultas."Se dan vueltas y se van, y se desarrolla el evento", explicó Rojas al reconstruir lo ocurrido.
Ese punto resulta central, el evento no se hizo en ausencia de controles, sino en medio de controles que no pudieron validar la autenticidad del permiso en tiempo real.
"Si eso lo hubieran advertido en tiempo, no se hubiera realizado el evento", afirmó la fiscal.
Rojas fue especialmente crítica al analizar las fallas estructurales que quedaron expuestas. Señaló la falta de comunicación entre la Secretaría de Ambiente, la Policía y los guardaparques, y la inexistencia de un mecanismo que permita verificar de inmediato la validez de las autorizaciones.
"Evidentemente no funciona", sostuvo.
Incluso fue más allá al describir el impacto institucional del episodio, un documento falso logró superar los controles y permitió la realización de un evento de gran magnitud, dejando, según su análisis, en evidencia y haciendo quedar en "ridículo" a distintos actores del Estado frente a una maniobra que pudo haber sido detectada con mejores herramientas de coordinación.
En cuanto al documento, la fiscal explicó que presenta múltiples irregularidades, no tiene la estructura de un acto administrativo, carece de fundamentos técnicos y contiene una firma presuntamente adulterada. El propio Aldazábal ya había advertido que nunca firmó ese permiso y que la Secretaría no emite autorizaciones digitales para este tipo de eventos.
"Si yo lo leo de entrada, sé que no tiene estructura de permiso de nada", explicó Rojas.
El efecto fue directo. "Se hizo terrible evento con la truchada, básicamente", resumió.
La despampanante boda denominada "Cafayate Fantasy" tuvo 110 invitados y comenzó el pasado viernes 20: "De Buenos Aires al Cafamiento (por Cafayate)". El sábado 21 fue la "Pre wedding" en una bodega de Cafayate. El domingo hubo día libre para todo el mundo. El lunes, la boda.