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Hallaron un contrato por un millón de dólares entre Espert y Fred Machado durante un allanamiento 

Durante un allanamiento, la Policía Federal halló un contrato firmado en 2019 entre José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado por un millón de dólares. El documento detalla pagos en cuotas y asesoramiento estratégico para una firma del empresario acusado de narcotráfico.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 20:02
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Efectivos de la Policía Federal Argentina hallaron un documento clave en la investigación que involucra al diputado en uso de licencia José Luis Espert y al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en los Estados Unidos por narcotráfico y fraude.

Durante un allanamiento realizado en las últimas horas, los agentes encontraron un contrato firmado en 2019 entre ambos por una suma total de 1.000.000 de dólares. El texto, que estaba roto y manchado, fue reconstruido por los peritos de la fuerza, según trascendió.

El hallazgo se produjo en el marco de la causa judicial iniciada a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois contra el dirigente liberal, por presunto lavado de dinero.

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El contrato hallado: una relación comercial por un millón de dólares

El documento fechado el 7 de junio de 2019 describe un acuerdo de locación de servicios profesionales entre Espert —identificado como “el Prestador”— y Machado —como “el Comitente”—, por un asesoramiento estratégico, especializado y de análisis de mercado destinado a la refinanciación de una deuda de la empresa Minas del Pueblo, propiedad del empresario rionegrino.

El contrato establece con precisión las condiciones de pago: “El precio total que EL COMITENTE se obliga a pagar AL PRESTADOR por el trabajo encomendado asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN (U$S 1.000.000), pagaderos de la siguiente forma: DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000), en el acto de la suscripción de este contrato, sirviendo el presente del más eficaz recibo y carta de pago”.

El texto agrega: “El saldo será abonado AL PRESTADOR en nueve (9) cuotas mensuales consecutivas e iguales de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) cada una, a partir del mes siguiente al de la suscripción de este convenio, comprometiéndose EL COMITENTE a hacer efectivo los pagos mediante transferencia bancaria”.

Además, el documento deja en claro que las transferencias debían realizarse “dentro de los primeros cinco días de cada mes” y que Machado renunciaba “expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor, caso fortuito o disposición estatal que resultare en la imposibilidad de cumplir con los pagos”.

El texto también detalla una cláusula de renuncia a la teoría de la imprevisión, por la cual el empresario asume el riesgo total de los cambios de contexto económico: “Conociendo en su integridad las circunstancias del mercado, también renuncia expresa e irrevocablemente a invocar la teoría de la imprevisión”.

Cláusulas de incumplimiento y resolución

Otra sección del contrato aborda los posibles incumplimientos del Prestador. Allí se establece que, en caso de que Espert no finalizara el trabajo en el plazo previsto y no existiera acuerdo de prórroga, Machado tendría la facultad de resolver el contrato y exigir la devolución de los montos abonados.

“Para el caso de que el PRESTADOR no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo, facultará al COMITENTE a requerir al prestador a que dé cumplimiento a su obligación dentro de los próximos treinta (30) días. Vencido ese término sin que haya satisfecho su prestación, quedará resuelto el contrato, pudiendo el comitente reclamar la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados”.

Según trascendió, Espert reconoció que no devolvió el dinero pese a no haber terminado el trabajo, argumentando que su incumplimiento se debió a una razón de fuerza mayor: la pandemia.

Jurisdicción y tribunales de arbitraje

El contrato también definía la jurisdicción para cualquier disputa derivada del vínculo comercial. En su última cláusula, ambos acordaron someterse a los “Tribunales Ordinarios de New York, Estados Unidos de América”, lo que implica que cualquier controversia debía resolverse bajo la legislación estadounidense.

Contexto del acuerdo

El documento fue suscripto el 7 de junio de 2019, apenas unos días antes de que Espert confirmara su precandidatura a presidente de la Nación. En ese momento, el economista encabezaba su espacio político “Unite” y se presentaba como una alternativa liberal en las elecciones de ese año.

El texto detalla que el trabajo contratado tendría una duración de doce meses, contados a partir de la firma, e incluía:

  • La realización de un análisis de mercado,

  • El asesoramiento integral para la refinanciación de la deuda de la empresa Minas del Pueblo,

  • La confección de un plan estratégico de ampliación y crecimiento a tres años,

  • El seguimiento y control de la ejecución,

  • Y la entrega de informes periódicos al comitente sobre los avances del trabajo.

El documento especifica además que el análisis debía ser “profundo” y contemplar “las necesidades a corto y largo plazo de la empresa, así como un plan de acciones para la gestión operativa de su actividad”.

El operativo de la Policía Federal

El contrato fue encontrado durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en una propiedad vinculada a Machado, en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

Según fuentes judiciales, el texto estaba deteriorado, roto y manchado, pero los peritos lograron reconstruirlo parcialmente, confirmando que se trataba de un documento original firmado por ambas partes en 2019.

El operativo se dio en simultáneo con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

El presente de los protagonistas

Federico Machado, empresario argentino oriundo de Río Negro, permanecía con prisión domiciliaria en Viedma hasta el martes pasado. Tras la decisión del máximo tribunal, fue trasladado a un destacamento federal para cumplir con los procedimientos de extradición hacia el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal lo procesó por delitos graves vinculados a una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos.

Por su parte, José Luis Espert solicitó este miércoles una licencia en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato, el próximo 10 de diciembre, momento en el que perderá sus fueros parlamentarios.

El economista ya había reconocido públicamente haber recibido 200.000 dólares de Machado, parte del pago inicial del contrato, en concepto de “honorarios profesionales”, aunque negó que ese dinero tuviera relación con actividades ilícitas.

Un hallazgo clave para la causa

El descubrimiento del contrato refuerza la línea de investigación que busca determinar si el vínculo económico entre Espert y Machado se limitó a un servicio de consultoría privada o si formó parte de una operatoria de lavado de dinero vinculada a fondos provenientes de actividades ilícitas.

La Policía Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) analizan actualmente la trazabilidad de las transferencias bancarias y la correspondencia de los montos mencionados en el contrato con los movimientos financieros declarados por el legislador.

Fuentes judiciales sostienen que el documento podría convertirse en una prueba central para determinar la naturaleza real de la relación entre el político liberal y el empresario extraditado.

 

 

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