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El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó su preocupación por los numerosos juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, los cuales representan un riesgo legal estimado en US$30.000 millones, según proyecciones privadas.
A pesar de reconocer los esfuerzos del Gobierno en las negociaciones, el organismo internacional instó a una pronta resolución de estos litigios, advirtiendo sobre los riesgos moderados a mediano plazo que implican para el país.
Entre los casos más destacados se encuentra la demanda por la expropiación de YPF, que conlleva una condena por US$16.100 millones. El FMI aclaró que este caso aún no está cerrado, ya que Argentina apeló la sentencia y también cuestiona el monto de la reclamación.
Asimismo, el organismo hizo hincapié en el caso del Cupón PBI en Londres, que ya cuenta con una sentencia firme en contra del país por unos 1300 millones de euros. Este fallo, ratificado tras el rechazo de la apelación argentina por la Corte Suprema de Londres, se originó por la manipulación de las estadísticas de crecimiento durante la gestión kirchnerista para evitar el pago de intereses de dichos cupones.
El FMI dijo que "se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres".
Además, enumeró otros litigios en los que el Gobierno argentino se encuentra actualmente negociando con los acreedores. Uno de ellos es el reclamo de holdouts de la deuda de 2001. Se trata de aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016. El FMI estimó que representan un pasivo de US$2.400 millones.
El otro litigio es el de Móbil Exploration. En este caso, las negociaciones continúan sobre un plan de pagos por la sentencia adversa de US$196 millones que el país recibió en el CIADI. Esta causa se relaciona con los perjuicios que la pesificación de principios del siglo XXI generó en los negocios gasíferos de la petrolera.