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La publicación de un informe sobre un caso de abuso sexual en un transporte escolar de Salta conmocionó al país. Sorprendió sobremanera que la titular del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Gabriela Buabse hubiera rubricado un texto donde se describe a una nena de nueve años como “objeto de deseo sexual”.
Al público le interesaría saber por qué el abusador no está, al menos, procesado un año después de la denuncia del padre de la niña.
Para las instituciones provinciales, las urgencias son otras. El Senado premió a la redactora del texto con el acuerdo para ejercer como fiscal y los pronunciamientos de la jueza y la fiscal del caso muestran mayor preocupación por saber cómo trascendió el escandaloso informe que por activar la causa. El 31 de octubre, la jueza Carolina Sanguedolce dirigió una notificación a la jefa del departamento de Psicología de Poder Judicial, Graciela Espeche, donde afirma que esta profesional había recibido el informe, le señala que se trata de una “actuación pública para las partes pero secreta para extraños” y le solicita que impida en el futuro que se tomen fotocopias de este tipo de piezas. A su vez, el miércoles 7 de noviembre, la fiscal María inés Loyola se dirigió a la jueza Sanguedolce refiriéndose la “vulneración de la integridad sexual de niñas menores de 18 años” pero, sorprendentemente, no solicita medida alguna referida al abusador sino que “se extraigan copias pertinentes a las actuaciones y junto a las notas periodísticas señaladas por la suscripta se corra vista al fiscal penal en turno por posible violación a lo normado por el art. 248 del Código Procesal....”. Este artículo se refiere al incumplimiento de los deberes del funcionario público. En otras palabras, la fiscal y la jueza parecen entablar una batalla contra las psicólogas del Poder Judicial en lugar de investigar al colectivero, que según la familia sigue transportando escolares. Loyola fue la única funcionaria del Ministerio Público que se solidarizó con Buabse y, por supuesto, también entonces apuntó a la prensa y pasó por alto “la verdad real de los hechos”.
La víctima en estado de indefensión
La niña de nueve años supuestamente abusada no fue investigada por profesionales, sino por dos empleados no calificados, Benjamín Diez y Mercedes Posse. Ningún psicólogo rubrica el informe. De acuerdo con el texto, Diez y Posse indagaron a varios menores -los chicos que iban en el colectivo - sin utilizar cámara Gesell y sin control de las partes. Es decir, hicieron una indagación ilegal. El caso de abuso fue denunciado en octubre de 2011 y no registra avance alguno, salvo el informe en cuestión y una supuesta cámara Gesell, fechada el 17 de octubre de este año, que carecería de validez legal.
Esta morosidad se suma a una serie de expresiones -en el informe- que hacen pensar en un intento de exculpar al acusado. Toda pericia de un menor debe ser supervisada por su representante legal, pero la niña en cuestión no ha logrado que se la acepte como querellante ni como actor civil. La razón sería la prescripción de los plazos.
Tampoco contó al parecer con el asesoramiento legal de un defensor oficial.
Esta indefensión se agrega a la falta de contención psicológica que debió proveerle el Estado luego de la denuncia.