inicia sesión o regístrate.
Falsifican papeles, se hacen pasar por empresarios, utilizan documentos de identidad y libros societarios apócrifos y logran vender grandes terrenos ajenos. Con maniobras fraudulentas, una banda ya transfirió tres fincas en Anta, que le pertenecen a la firma Quebrachales SA. En otro campo de Rivadavia, un similar procedimiento saltó a la luz, ya que uno de los involucrados también participó en ese negociado, con otro nombre, pero con la misma fotografía en el DNI.
El Juzgado de Instrucción Formal de Octava Nominación investiga la venta irregular del establecimiento agropecuario El Arenal (catastro 7784), ubicado en el km 599 de la ruta nacional 16, y de las fincas colindantes, La China y Pozo de Guayán (catastros 293 y 765). La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Acedo, por Quebrachales.
La trama ilegal se desencadenó a mediados del 2010, cuando un llamado anónimo advirtió a los socios de la firma, con asiento en Buenos Aires, que estaban perdiendo sus propiedades. Los empresarios averiguaron y se dieron con la ingrata sorpresa de que La China y Pozo de Guayán habían sido transferidas. No se trata de hectáreas abandonadas, sino que allí se desarrollan diferentes actividades agrícolas.
En mayo de ese año un hombre con la falsa identidad de Cristian Sánchez fingió ser el presidente de Quebrachales. Si bien la empresa está asentada en Buenos Aires, tiene un contrato social inscripto en Salta desde la década del '60, ya que así lo permitía la antigua legislación.
Sánchez se presentó con documentos falsos de la sociedad y actas de asambleas para concretar la venta de los dos lotes, a $95 mil cada uno. El traspaso a Cristian Enzo Fernández, quien residiría en Córdoba y aún no fue encontrado por la Justicia, se concretó ante la escribana Carmen Pacheco, en Salta.
Sánchez tejió idénticas artimañas en otra finca del departamento Rivadavia (se pidió reserva sobre el nombre) y, como Miguel Díaz, transfirió tierras que no le pertenecen. Al comparar las fotocopias de documentos de Sánchez y Díaz, que acompañan las actas de los escribanos, fuentes judiciales confirmaron que la fotografía es la misma y que se trata de cédulas apócrifas.
Por otra parte, en menos de dos meses, el cordobés Cristian Fernández multiplicó el precio de las tierras adquiridas en Anta y las vendió a $490 mil. Pablo Fernández Sendín, de Rosario de la Frontera, se convirtió en el “nuevo titular” y se apresuró a firmar una hipoteca con el banco HSBC, sucursal Tucumán, por $1.200.000.000. La elevada cifra es incoherente si se tiene en cuenta el valor de compra, un 40% menos.
Otro dato curioso es que el banco otorgó una hipoteca, al parecer, sin inspeccionar los campos. Para llegar a La China y Pozo de Guayán, quienes recorrieron el lugar dicen que tuvieron que haber pasado por El Arenal, donde hay cuidadores, miles de cabezas de ganado y hectáreas con soja. Y nadie vio a ningún tasador.
Tras la misma cadena de operaciones ilegales, la finca El Arenal también quedó en manos de Fernández Sendín. El manejo fue similar, pero cambiaron algunos actores. En agosto de 2011, Ricardo Martínez fingió ser el presidente de Quebrachales. Este hombre no recurrió a otra identidad, pero se abstuvo de declarar cuando fue citado por la Justicia.
La transferencia de El Arenal se realizó ante la escribana Letty Graciela Elías de Bocanera. Al entregar doce cheques por $2.000.000, Fernández Sendín, en carácter de socio de la empresa P&L Agrícola SRL, sumó el tercer predio al patrimonio. Cuando indagaron al comprador, que aseguró actuar en buena fe, sostuvo que las tres fincas están casi abandonadas. Fuentes de la causa señalaron que “se olvidó el nombre de los dos cuidadores que había dejado supuestamente, y ni se refirió al ganado ni a los sembradíos”.
Sobre El Arenal, La China y Pozo de Guayán se interpuso una medida cautelar de no innovar, para evitar nuevos movimientos.
Por el nivel de organización, se sospecha que hay más involucrados en esta asociación ilícita, que incluye vendedores, falsificadores y personas que estudian el movimiento de las empresas y hasta acceden a sus papeles. Ya en otras ocasiones, en transferencias apócrifas similares, se investigó si la fuente de datos partía de la misma Dirección de Inmuebles.