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Vides señaló que el actual interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ha tenido en los últimos tiempos una amplia visibilidad en los medios de comunicación y redes sociales por sus declaraciones sobre el Plan Güemes y la situación en la frontera. Remarcó que el funcionario, en algunas de sus intervenciones públicas, catalogado a Aguas Blancas como "Narcolandia, una expresión que ha generado profundo malestar en la población, ya que estigmatiza injustamente a una comunidad trabajadora".
"Desde la visión local, afirmar que la totalidad o mayoría de los habitantes participan en actividades ilegales es un grave error", sostuvo y observó, en referencia a estimaciones que se manejan en la zona: "Si bien puede existir un 1,5% de personas vinculadas a delitos, algo que debe investigar la Justicia, ello no representa a la comunidad en su conjunto ni al grueso de trabajadores bagayeros que luchan por subsistir de manera honesta". Y cuestionó que "el interventor, al no haber experimentado ni comprendido de primera mano lo que significa trabajar como bagayero, pierde de vista el esfuerzo, las condiciones y la necesidad de dignificar esta actividad. La narrativa construida desde afuera, sin diálogo con la comunidad, termina siendo contraproducente y genera una brecha entre la autoridad y el pueblo", planteó la joven, e insistió en la necesidad de "promover un cambio en el enfoque institucional, basado en el respeto, la escucha activa y el trabajo conjunto con quienes sostienen la economía local día a día".
El texto entregado a autoridades de la cartera nacional de Seguridad expresa que "uno de los efectos colaterales del Plan Güemes, en su aplicación actual, es el impacto negativo que ha generado en los derechos de circulación de los vecinos de Aguas Blancas, por la ausencia de atención diferenciada para residentes locales". En este sentido, advierte que, aunque el Plan Güemes establece que todas las personas deben pasar obligatoriamente por Migración, el control de ese organismo "no está preparado ni equipado para registrar a miles de personas diariamente, lo que produce colapsos, demoras y largas filas". Indica que, para los residentes locales, esa limitante "representa una seria dificultad, ya que no existe una atención diferenciada ni un sistema especial que los identifique y les permita una circulación más ágil". Recuerda que en experiencias anteriores, se implementó la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), que garantizaba la libre circulación para trabajadores y residentes locales. "El mecanismo evitaba que se formen filas innecesarias en los controles migratorios, permitía que los vecinos crucen para trabajar y regresen sin horarios estrictos", contemplando la realidad laboral, flexible e informal, de esa zona.
"La eliminación de este sistema -afirmo Vides- "ha perjudicado directamente a quienes más necesitan del cruce diario", obligándolos incluso a "borrarse" del sistema migratorio, "si no logran regresar en tiempo y forma. Esta situación, planteo la joven referente la comunidad de Aguas Blancas, "genera conflictos administrativos innecesarios".
Vides indicó que, actualmente, los vehículos no pueden circular hasta el área del puente internacional, lo que implica que muchas personas deban caminar más de 2 kilómetros entre el edificio de Migraciones y ese paso. "Esto afecta particularmente a adultos mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida y a familias con niños o cargas pesadas", enfatizó. Describió que el camino "se encuentra sin iluminación durante la noche, aumentando el riesgo de accidentes o hechos de inseguridad. Esta restricción genera no solo incomodidad, sino una vulneración de derechos básicos de accesibilidad y seguridad". A ello sumó la existencia de espacios públicos sin aprovechamiento. Precisó que antes de llegar al puente internacional existe una zona ribereña que muchos vecinos usan como "mini playa" o espacio recreativo. Agregó que "allí juegan al fútbol, hacen asados o se bañan en el río. Sin embargo, al estar esta área sin regulación ni desarrollo, se pierde un recurso social".