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El senador nacional por Salta Juan Carlos Romero presentó en el día de ayer un proyecto para que el Estado Nacional expropie la Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone Calcográfica S.A.).
La iniciativa fue acompañada por sus compañeros de bancada, su comprovinciana Sonia Escudero y el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
El texto establece que el Estado nacional es el “único responsable de la impresión de billetes y acuñación de moneda de curso legal” y, por lo tanto, “no podrá delegar esta función, bajo ninguna circunstancia, en empresas privadas nacionales o extranjeras”.
Argumentos
El proyecto presentado por los legisladores propone declarar “de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A., la cual se realizará conforme lo establece la Ley 21.499, e incluirá la totalidad de los bienes físicos que la componen, las marcas de su propiedad y cualquier otro valor que sea parte de su patrimonio”.
La iniciativa, además, declara nulas las exenciones, quitas o financiaciones que se le hayan otorgado a dicha compañía, “las cuales, actualizadas, serán aplicadas a cuenta del precio a establecer por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.
Los bienes
Los bienes de la empresa -sostiene el proyecto- una vez producida la expropiación “pasarán a constituir parte del patrimonio de la Casa de la Moneda”.
Al respecto, los senadores que firmaron el proyecto argumentaron que “la Casa de Moneda, es la institución que nos garantizó y garantiza que nuestra moneda posea todos los requisitos necesarios para confiar en la misma, ejerciendo así la soberanía monetaria.
Por consiguiente, el Estado nacional no debe delegar, bajo ningún concepto, la impresión de billetes o acuñación de moneda.
Esta función debe convertirse en una actividad propia del Estado nacional”.
Los legisladores agregaron, por otra parte, que la propuesta de expropiación apunta también “a dejar atrás la obsolescencia tecnológica que sufriera en estos últimos años la Casa de la Moneda, generada por la actual conducción de la Nación, llevándola a tener que contratar la impresión de nuestros billetes en la República Federativa del Brasil. Como así también la contratación que últimamente se aprobara con la Compañía de Valores Sudamericanas por la impresión de 400 millones de billetes”.
Criticaron, además, el accionar del Estado al perder “la oportunidad de convertirse en propietario de la empresa Ciccone Calcográfica -por ser el acreedor principal-, cuya quiebra fue pedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos por la abultada deuda que mantenía con el fisco federal”.
Por último, los senadores nacionales señalaron: “No podemos dejar que un tema tan importante como la seguridad de nuestra moneda sea delegada al sector privado, sobre todo cuando no hay opciones de oferentes locales”.