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La semana estuvo atravesada por el “debate” sobre la reforma judicial impulsado por la Presidenta. En un tiempo récord, tres de los seis proyectos presentados por el oficialismo obtuvieron dictamen favorable y la reforma parece no tener vuelta atrás. En este marco, especialistas consultados por El Tribuno coincidieron en que la iniciativa representa una nueva jugada del kirchnerismo para la consolidar una nueva hegemonía en el Estado. En menor medida, pero dentro del ámbito judicial, también hay voces favorables, como la de Eduardo Barcesat, el constitucionalista más cercano a la Casa Rosada.
Prácticamente no hubo debate, ya que los bloques opositores decidieron pegar el faltazo bajo el argumento de que el kirchnerismo buscaría hacer avanzar los proyectos a “libro cerrado”, basándose en la mayoría legislativa que ostenta.
Tres de los seis proyectos ya avanzaron. El que establece que los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular, el de la creación de las tres cámaras de Casación y el que busca poner límites a las medidas cautelares. Los proyectos han traído una fuerte polémica en el ámbito judicial. Así lo manifestaron diversos especialistas. La mayoría apunta a que la reforma incrementará la injerencia del kirchnerismo en uno de los poderes más controversiales del Estado.
“Si llega a pasar lo mismo en el Judicial que en el Legislativo tendremos un régimen absolutista, totalitario”, afirmó a El Tribuno Gregorio Badeni. El proyecto para limitar las medidas cautelares lograría un desequilibrio aún mayor en favor del Estado.
Vale recordar que en 2001, con los corralitos, las cautelares pusieron en resguardo a miles de ancianos y personas damnificadas. “Si se aprobara la ley, en una situación idéntica, se vería casi anulada aquella posibilidad que tuvieron los ahorristas argentinos estafados por el Estado” advirtió Jorge Rizzo, presidente del Colegio de abogados de la Capital Federal.
Félix Loñ constitucionalista
El constitucionalista Felix Loñ advirtió que la reforma implica “un claro avasallamiento a la Justicia”. Por otra parte, sostuvo que el Estado se coloca en una “situación de privilegio” ante las veces que no se cumple con las sentencias de la Corte Suprema. “La acatan si quieren, eso los ciudadanos comunes no lo pueden hacer”, disparó.
Gregorio Badeni constitucionalista.
El abogado de Adepa y docente rechazó el tratamiento previo del proyecto de ley. “Es muy poco serio la forma en la que ha sido elaborado este proyecto”, afirmó. Y agregó: “Cuando se redactan proyectos de esta envergadura se acude en consulta a las áreas especializadas sobre el proyecto. Serían los colegios de abogados, las asociaciones de jueces, la academia nacional de derecho y ninguno fue consultado”.
Jorge Rizzo, abogado
Para el presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, “los cambios en la Magistratura ponen en vilo a todo el sistema judicial”. En este sentido, Jorge Rizzo insinuó que la iniciativa responde a la disputa entre Clarín y el Gobierno nacional. “Los abogados somos el carbón del asado”, disparó. Finalmente, añadió que el “único privilegio con el nuevo sistema de medidas cautelares es para el Estado”.
Eduardo Barcesat, constitucionalista
Eduardo Barcesat no solo está de acuerdo con la reforma, sino que hasta fue al Congreso a respaldarla. “El espíritu es fundamentalmente llevar al Poder Judicial a lo que dice el artículo 1 de la Constitución: que sea un poder representativo y republicano”, afirmó. Sostuvo que el proyecto tiende a “mejorar muchísimo la calidad de la administración de la Justicia”.
Daniel Sabsay, constitucionalista
Fue una de las primeras voces que se alzaron en contra de la reforma. “Si se aprueba, prácticamente toda cautelar contra el Estado queda destruida”, advirtió Daniel Sabsay. Aclaró que la Presidenta necesitará, para introducir estos cambios, modificar la Constitución. “En el tema de la Magistratura sí será necesario modificar el artículo 114 bis, que dice que se integrará con representantes de los órganos”.