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La imputación de la infanta Cristina en el caso de corrupción “Nóos” generó una enorme preocupación en el Gobierno español, aseguró ayer el canciller de España, José Manuel García Margallo.
Ante una decisión inédita que sacude a las instituciones del país, el jefe de la diplomacia española pidió que la situación de la infanta se sustancie con rapidez, ya que se trata de un asunto que afecta a la imagen de España y el prestigio de la Corona, una institución que es capital, declaró a la prensa antes de inaugurar una reunión de las Naciones Unidas contra el hambre.
La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, fue imputada el miércoles por la Justicia española en el caso de corrupción en el que está siendo investigado su marido, Iñaki Urdangarín, un hecho sin precedentes en la historia democrática de España.
La hija del monarca formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, la organización a través de la cual su marido y el exsocio de éste, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público.
La decisión del magistrado fue adoptada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la medida, lo que igualmente no paraliza la declaración de la infanta, que tendrá lugar el próximo 27.
El juez considera que la hija del rey consintió que se utilizara su nombre y su imagen en el ámbito de actuación de Nóos, una organización constituida bajo la apariencia de no perseguir lucro para contar con cobertura para acceder indebidamente a dinero público.
Tras conocerse la imputación de la infanta no hubo ninguna declaración oficial del Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque la ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo que el Gobierno no tiene nada que opinar sobre el caso, al tiempo que expresó respeto y lealtad a la institución monárquica.
Sin embargo, otros dirigentes del gobernante Partido Popular reaccionaron expresando su inquietud, preocupación y hasta un duro cuestionamiento a la decisión judicial.
El vocero de Economía del PP en los Diputados, Vicente Martínez Pujalde, dijo que el juez del caso, José Castro, busca “protagonismo personal” con la imputación de la infanta, y lo acusó de ayudar al exsocio de Urdangarín a “chantajear al país”.
“Lo políticamente correcto es decir que el juez vela por la independencia, pero sus actuaciones no persiguen siempre saber la verdad sino ser protagonista”, sostuvo en declaraciones a Radio Nacional de España el dipu tado Martínez Pujalde.