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Los argentinos sabemos, ahora, que nuestro Poder Judicial no es democrático ni transparente. Nos lo ha vuelto a explicar la señora Presidenta y jefa del aparato político más poderoso que hayamos conocido desde 1944.
A mi modo de ver (que no es otro que el de un abogado recibido hace casi 50 años), la Justicia argentina tiene graves problemas que afectan a los ciudadanos que buscan en sus estrados resoluciones que garanticen sus derechos.
Estos problemas existen en la Justicia Federal y en la Justicia de las provincias. Y tienen que ver con la morosidad agobiante (que lo digan sino los jubilados que litigan en el fuero federal o los trabajadores que demandan en la Justicia salteña), con la lejanía de los jueces respecto de la vida cotidiana (los asuntos de familia son generalmente tramitados siguiendo pautas intelectuales obsoletas), y con una cierta cultura de la negligencia en donde los plazos existen solo para los litigantes y no para los jueces.
Pero el gran problema, que a mi modo de ver tiene la Justicia argentina, radica, precisamente, en la injerencia del Poder Ejecutivo en la tramitación de causas en las que hay intereses políticos. Cuando los gobiernos deciden perseguir a opositores a través de denuncias penales, o cuando protegen a los funcionarios afines sospechados de actos de corrupción, todos los ciudadanos nos encontramos en peligro.
Y no se piense que aquella injerencia se limita a los asuntos “de Estado”. Los tribunales están llenos de influyentes que exhiben su proximidad con los gobiernos para satisfacer a clientes poco escrupulosos que buscan defensores “con llegada” a los despachos oficiales.
A este listado, forzosamente incompleto, de problemas y lacras se suma la imposibilidad que encuentran los ciudadanos para obtener sentencias rápidas y eficaces que declaren la supremacía de la Constitución. Hay muchos jueces que siguen fallando sin tomar en cuenta el drástico y positivo giro que significó la reforma constitucional de 1994, por ejemplo en asuntos ambientales y urbanísticos.
Sin embargo, cuando la Presidenta habla de democratizar la Justicia no se refiere a ninguno de estos asuntos. Y no lo hace, por la sencilla razón de que el foco de su preocupación está en extinguir las expresiones de independencia judicial.
El Poder Ejecutivo Nacional y el de la Provincia de Salta tienen mucho interés en domesticar a todos los jueces. Para ello, hay que introducir reformas procesales (como la perniciosa propuesta de acotar las medidas cautelares), y modificar la composición del Consejo de la Magistratura.
La idea es hacer saber a los jueces en ejercicio que su estabilidad depende de su obediencia. Y, en paralelo, llenar las vacantes buscando candidatos que, a falta de talento, acrediten dosis elevadas de compromiso militante con el gobierno de turno.
Sucede que la Presidenta (y el Gobernador) nos tienen acostumbrados a discursos que chocan con sus prácticas. Declaman sanos propósitos (como es este de democratizar la Justicia), pero lo hacen para esconder sus verdaderos fines.
Si doña Cristina Fernández de Kirchner quisiera de verdad mejorar el servicio de justicia, debería comenzar por prohibir las “operaciones” sobre los jueces. Dejar de hablar de los jueces y de las causas sometidas a los tribunales sería, por ejemplo, una buena medida. Otra sería despolitizar el Consejo de la Magistratura reforzando el peso de los expertos independientes y, si acaso, el de los representantes de la oposición. Que los ciudadanos voten para elegir a los vocales de este Consejo, no aporta nada si se mantienen las listas sábanas y las primas a la mayoría.
De los proyectos presentados, hay dos que me parecen atinados: uno, es el que apunta a hacer público el número de causas entrantes, su estado de tramitación, y el momento en que son sentenciados. La medida asentaría un golpe a los influyentes.
La segunda iniciativa elogiable apunta a terminar con la endogamia en la designación de empleados del Poder Judicial. Es una lástima que el gobernador Urtubey no comparta este tipo de ideas y siga fiel a las tradiciones conservadoras.
Tanto la Presidenta como el gobernador están obsesionados por la idea de “construir poder propio”, ampliar su dominio sobre el Estado y la sociedad, sin reparar en costos institucionales o económicos.
Es en este contexto, en el que las ideas o párrafos discursivos auspiciosos pierden todo crédito, insisto: el objetivo cierto de ambos es mandar más y extender sus potestades a cualquier núcleo de resistencia.
Si lograran sus metas, nuestros problemas y conflictos se multiplicarían. Al menos, quienes queremos vivir dentro del paraguas de la Constitución y lograr que los poderes públicos desarrollen su programa de progreso, habríamos perdido una batalla en la que están en juegos nuestras libertades, expectativas y derechos. Nos encaminaríamos inexorablemente hacia un régimen autoritario en el que el disenso sería delito o un ejercicio inútil.