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Algunas rumores aseguraban que uno de los miembros de la Cámara de Apelaciones de Córdoba -por cuestiones religiosas- estaba totalmente en contra de la medida. Sin embargo, la resolución de ayer, con un voto de unanimidad, plasmó una dura realidad. La Cámara de Apelaciones de Córdoba frenó la aplicación del aborto no punible en los hospitales públicos de la provincia. De esta manera, se apartó del criterio de la Corte Suprema de Justicia nacional y consideró que deben prevalecer los derechos del niño por nacer.
De esta forma los derechos de las mujeres víctimas de violación quedan nuevamente vulnerados. Vulnerados en una primera etapa en el momento de haber sido abusadas, y vulnerados en una segunda al obligarlas a llevar adelante el embarazo de su abusador.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación declaró por unanimidad inconstitucional la aplicación del aborto no punible, al considerar de ese modo a la norma que rige a nivel nacional y que la Provincia intenta aplicar desde 2012.
El fallo fue firmado ayer por los jueces Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera, casi un año después de que un juez en Primera Instancia suspendiera el protocolo a pedido de la Asociación Civil Portal de Belén.
Los camaristas ordenaron a la Provincia que “se abstenga de aplicar las disposiciones de la resolución del Ministerio de Salud 93 del 30 de marzo de 2012 y su anexo I, denominado guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”.
La Cámara consideró que la guía es “inconstitucional” porque contradice la ley provincial 6.222 sobre salud pública. Además, apuntó que no respetaría las atribuciones del Estado provincial y tampoco los artículos 4, 19 inciso 1§ y 59 de la Constitución de Córdoba, sobre la protección de “la vida de los niños por nacer”.
Los argumentos los formuló el camarista Barrera Buteler, a quien una de las partes había recusado sin éxito por vincularlo a una publicación en la que opinaba sobre el aborto no punible y porque pertenece a una entidad vinculada con la Iglesia Católica. El 13 de abril de 2012 el juez provincial en lo Civil y Comercial de 30ª Nominación, Federico Ossola, había dejado en suspenso el acceso a ese derecho en los hospitales provinciales. Desde entonces el procedimiento se concretaba en hospitales dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba: el Clínicas y la Maternidad, porque se rigen por el procedimiento nacional.