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El juicio penal que se lleva a cabo en Salta por el homicidio de dos ciudadanas francesas está rodeado de circunstancias inusuales y sorprendentes. Una secuencia de hechos infrecuentes ocurridos en un período corto, que podrían estar relacionados entre sí, o no estarlo en absoluto, o sólo en parte, ha generado en el imaginario colectivo la aparición de esa cadena invisible que los vincula a todos, usando los razonamientos más variados e incluso contradictorios. Pero esa sensación existe. Salta no fue ajena al descrédito que padece la Justicia. En los días del doble homicidio, se predicaba que los jueces penales no debían investigar los delitos, tarea que debía realizar el Ministerio Público, lo que alimentó una suerte de sospecha general. A esto se sumó:
- Un homicidio múltiple y la extranjería de las víctimas, no son usuales en Salta.
- La desaparición por dos semanas, nunca denunciada, y el hallazgo de los cuerpos, seguido de dos pericias contradictorias sobre la data de muerte.
- El suicidio de Néstor Piccolo, el comisario que investigó el caso.
- El interés personal que expuso el entonces presidente de Francia.
- La inmediata condecoración, efectuada por el gobernador Urtubey para los policías intervinientes
- El apuñalamiento del imputado Vilte, detenido en la cárcel local sin protección especial, cuando por más de una razón su situación lo requería.
- El despliegue que la cobertura del hecho dispuso en la prensa internacional.
- El desusado ambiente hostil contra la Justicia en todo el país. La Presidenta llegó a hablar de “jueces alquilados” y la cruzada de “Democratización de la Justicia” fumigó al país entero con desconfianza.
Prescindiendo del contenido y de lo que cada persona desea o espera del fallo, lo cierto es que este merecerá ser respetado, más allá de que las partes puedan apelarlo. Los jueces Bernardo Ruiz, Carlos Pucheta y Angel Longarte son reconocidos y respetados por el foro y colegas de la magistratura y saben de las consecuencias que tienen en la comunidad sus sentencias.