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El préstamo "stand by" del Fondo Monetario Internacional, por 50 mil millones de dólares aportará un alivio transitorio y una posibilidad de redefinir metas y estrategias para un país que desde 2011 viene atravesando una muy grave crisis de recesión, ingreso de divisas y déficit fiscal.
Es necesario mirar más allá de los plazos electorales y asumir que hoy enfrentamos problemas con mucha historia y una proyección futura de largo plazo. El oficialismo y la oposición están obligados a obrar como estadistas, sin el oportunismo clásico de la política argentina.
El Gobierno de Cambiemos, particularmente, debe aceptar que los malabarismos y las triquiñuelas bursátiles y financieras aplicadas en los primeros cuatro meses del año para tratar, sin éxito, de frenar la crisis provocaron una caída de 12 mil millones de dólares en las reservas del Banco Central entre enero y mayo.
El Fondo Monetario Internacional entregará 15 mil millones de dólares (un 30% del préstamo) en junio, y a partir de ese momento el país podrá acceder al resto del monto a medida en que pueda demostrar avances hacia las metas fiscales comprometidas en el acuerdo. Entre esas metas figura una reducción del déficit fiscal, que fue equivalente al 3,8% del PBI en 2017; se estima del 2,7% para este año, de 1,3% para 2019, 0% en 2020 y también, que se convertirá en superávit del 0,5% en 2021.
El problema de fondo no es si el FMI es bueno o malo, sino si existe o no la decisión de eliminar el déficit fiscal, es decir, de no seguir gastando más de lo que se recauda. El déficit siempre se paga con deuda, pero esa deuda se vuelve impagable si un país no fortalece su capacidad de agregar valor a su producción, incrementar el volumen de su producto y exportar más de lo que importa.
El "gradualismo" del actual gobierno no aportó avances en esa dirección.
El déficit y su correlato, la inflación, atraviesan la historia argentina de los últimos sesenta años y aparecen como la causa más visible de una decadencia asombrosa. La duplicación de la pobreza estructural en tres décadas y la proliferación de personas sin empleo, sin voluntad de trabajar y que sobreviven con subsidios o empleos ficticios, como dádiva del Estado, hablan por sí solas.
El país, no solo el gobierno, sino también los tres poderes del Estado, la oposición, las empresas y los sindicatos deben concentrarse en objetivos de mediano plazo que permitan la consolidación del desarrollo económico.
Para que los desembolsos y el esfuerzo al que el país se comprometió rindan sus frutos es imprescindible un fuerte compromiso político, de toda la sociedad argentina.
Ese compromiso exige señales claras de austeridad en la conducta pública de los funcionarios. La confusión entre lo público y lo privado, como la discrecionalidad en la asignación de los presupuestos, sin mirada de largo plazo, solo contribuyen a la reiteración de las cíclicas crisis en la que siempre terminan ganando los pescadores de río revuelto.
El FMI ha solicitado recorte de gastos, pero los términos en que se expresa no habilitan a un "ajuste salvaje" ni despidos masivos que hagan pagar el costo a la gente.
El acuerdo explicita que el ahorro no implica el gasto social. Resulta fácil prever restricciones en obras públicas y ya se anunció la reducción en un 50% en los gastos de consultoría, que ascienden a 15 mil millones de pesos anuales. Si bien el Estado necesita de esos servicios, la sola cifra hecha pública es señal de despilfarro.
Tanto la Nación como las provincias deberán revisar y eliminar el llamado "gasto político", que solo beneficia a punteros y oportunistas. Persiste una nebulosa preocupante respecto de los empleados designados en el Estado a partir de 2012, que habrían incrementado la planta total en la Nación y en las provincias en más de un 70%.
El préstamo del FMI debe quedar al margen de la retórica de circunstancia, que funciona como un "sálvese quien pueda". Todos los estamentos del Estado, y cada uno de los poderes, deben comprometerse en la reducción de déficit, porque, sin equilibrio fiscal, la decadencia es imparable y el precio lo seguirán pagando, como siempre, los hogares con menores recursos.