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El 8 de agosto de 2017 tenía lugar la Declaración de Lima, que señala la necesidad de cooperar al restablecimiento de la democracia y dar respuesta al empobrecimiento gigantesco que sufre Venezuela. Pone de relieve la violación de derechos humanos y consumación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, con el apoyo irrestricto de sus FF.AA. El grupo de Lima contó con la participación de catorce países sudamericanos, con el aval de los EEUU, Granada y Jamaica. Argentina, que fue miembro fundador del GL, el que en realidad no lograra aportar un resultado efectivo en los esfuerzos destinados a la normalización venezolana.
En oportunidad de asumir la presidencia, Alberto Fernández decidió su ingreso inmediato al Grupo Puebla, conformado exclusivamente por representantes de la izquierda política iberoamericana, pero liderado por el presidente mexicano Andrés López Obrador. Puebla cuenta con 32 miembros provenientes de 12 países, entre presidentes y expresidentes, ministros, senadores, diputados, economistas, abogados, periodistas y excandidatos presidenciales, que persiguen contener el avance de la derecha conservadora latinoamericana. Es decir, son líderes políticos en forma personal y no de partidos o instituciones. Su fundador, Marco Enríquez Ominami, excandidato presidencial chileno, sostiene que "tanto el mercado como el capital son ineludibles en el debate". Puebla se posicionó así como contracara de Lima, que perseguía la salida de Maduro para resolver la crisis institucional, política y humanitaria de Venezuela. Hasta el presente, sin embargo, ninguno de lo dos grupos obtuvo progresos significativos en sus respectivos cometidos.
En la arena internacional ocupa posición, con idénticos propósitos, otra organización denominada Grupo Internacional de Contacto para Venezuela (GIC), impulsado por la UE, y del que Argentina también forma parte desde agosto 2020, conjuntamente con Bolivia, Costa Rica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, UK y Uruguay. Fue organizado en Montevideo a comienzos de 2019, para mediar en la crisis luego de que Guaidó se declarara presidente encargado del país. Sin embargo, el GIC desde su conformación tampoco pudo avanzar en las posibilidades y tentativas ciertas de ayudar al pueblo de Venezuela. En este crítico caso se debe anotar la inexplicable ausencia institucional de la ONU, inhábil hasta el presente para actuar en una crisis de la dimensión venezolana y su diáspora. Y en este complejo escenario internacional, Argentina ya disiente como miembro del GIC, al haber avalado las elecciones legislativas de Venezuela de diciembre 2020, no convalidadas por el GIC. Tampoco condenó la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas, recientemente, lo que si reprobara enérgicamente el GIC. Como resultado, la posición del gobierno del presidente Fernández muestra definitivamente un contundente e indiscutido respaldo político al régimen de Maduro, en una cuasi aislada posición, y en una muestra definida de sinuosidad en su política exterior.
Esta oscilante posición internacional de Argentina provocó la inmediata reacción de Joe Biden, quien afirmó que "EEUU cree en una solución negociada para la crisis venezolana, su fortalecimiento con los socios internacionales, y con elecciones libres y justas", según lo refirió este miércoles 24 de marzo el corresponsal de La Nación en Washington DC, Rafael Mathus Ruiz. A ello se agrega idéntico respaldo de la OEA, vertido por su secretario Luis Almagro.