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Chile, un país a menudo considerado un paradigma de un modelo exitoso en América del Sur, navega hoy en la incertidumbre. El desconcierto nace con el terremoto político provocado por los resultados de las recientes elecciones para convencionales constituyentes y autoridades locales, que marcaron una derrota de las coaliciones que se turnaron en el poder desde la restauración de la democracia en 1986, una irrupción de fuerzas contestatarias surgidas al calor de las protestas callejeras que en 2019 pusieron contra las cuerdas al gobierno de Sebastián Piñera y un ascenso de una izquierda radicalizada, que logró que la militante comunista Irací Hassler conquistara la estratégica alcaldía de Santiago y sueña ahora con la posibilidad de que Daniel Jadue, candidato del PC, triunfe en las elecciones presidenciales convocadas para el 21 de noviembre.
La suma de las heterogéneas listas independientes alcanzó el 35,6% de los votos, contra el 20,5% de la oficialista Vamos por Chile, el 18,5% de Apruebo Dignidad (alianza entre los comunistas y otros sectores de izquierda) y un 14% de Apruebo (coalición del Partido Socialista con otros grupos de centro-izquierda).
En esa fragmentación, la única certeza es que el sistema de alternancia entre las coaliciones de centroizquierda y de centroderecha, que caracterizó a Chile durante los últimos 35 años, acaba de estallar por los aires.
La caja de Pandora
En medio de ese escenario de confusión generalizada y de creciente atomización de las estructuras partidarias, que abre incluso un interrogante acerca del riesgo de ingobernabilidad, la puja política gira en torno a las vicisitudes de una asamblea constituyente, cuya heterogénea composición amenaza transformarla en una caja de Pandora, y a la contienda electoral que dirimirá la sucesión de Piñera.
La constitución vigente, herencia del régimen de Augusto Pinochet, acorde con la tradición unitaria que signó a Chile desde su independencia, establece un régimen presidencialista y la concentración del poder en el gobierno central. Pero introdujo un sistema electoral orientado a mantener un equilibrio en la representación parlamentaria entre dos grandes partidos o coaliciones.
Desde entonces, el desenvolvimiento de la política chilena se ajustó a esa arquitectura constitucional, hoy en estado de demolición.
La novedad es que la asamblea constituyente no está dominada por los partidos tradicionales sino por convencionales de extracción independiente, muchas veces surgidos de agrupaciones regionales que reivindican sus autonomías locales, y por dirigentes de fuerzas políticas desprendidas de esas coaliciones.
La conclusión es que ese sistema va a ser modificado y la corriente predominante apunta a transformar a Chile en un estado federal.
La asamblea tiene un plazo de doce meses para cumplir con su cometido de redactar una nueva constitución que tendrá que contar con la aprobación de los dos tercios de sus miembros. La atomización política del cuerpo permite augurar un trámite harto engorroso, con posibilidades de empantanamiento de las deliberaciones. En ese contexto, se producirá un hecho inédito: al momento de ser elegidos, ni el próximo presidente ni el futuro Parlamento conocerán con exactitud cuáles en definitiva serán sus atribuciones.
Final con suspenso
La campaña electoral será contemporánea con la discusión de la futura constitución pero la contienda presidencial será regida por el sistema legal vigente, que establece el mecanismo de la doble vuelta y habilita la realización de elecciones primarias abiertas y simultáneas, pero no obligatorias, para la selección de candidatos de los partidos o coaliciones políticas que así lo determinen. La atención inmediata tiende a focalizarse hoy en el 18 de julio, fecha fijada para las primarias. Al vencerse al plazo para la inscripción de candidaturas, sólo quedaron registradas dos coaliciones: la alianza de centroderecha Vamos por Chile y el frente de izquierda Apruebo Dignidad.
Por la nominación de Vamos por Chile pujarán Joaquín Lavin, líder de la Unión Democrática Independiente, y tres ex ministros de Piñera: Mario Desbordes, exministro de Defensa, postulado por el partido Renovación Nacional (al que pertenece el actual presidente), Ignacio Briones, exministro de Hacienda, auspiciado por Evolución Política y el Partido Regionalista Independiente, y Sebastián Sichel, exministro de Desarrollo Social, que se presenta como candidato independiente. Por Apruebo Dignidad, competirán el comunista Jadue y Gabriel Boric, de Convergencia Social, una escisión de izquierda del Partido Socialista.
El cierre de la inscripción de alianzas y candidaturas para las elecciones primarias de julio fue precedido por una fractura que impidió que el Partido Socialista, cuya candidata es Paula Narváez (ahijada política de la ex presidenta Michelle Bachelet), concretara un acuerdo con Apruebo Dignidad (comunistas y aliados) para forjar una amplia coalición de izquierda. Los comunistas vetaron la participación en esa frustrada coalición del Partido por la Democracia, una fuerza que mezcla un origen ideológico socialista con tintes liberales, de Nuevo Trato y del Partido Liberal, tres formaciones que también apoyaban la candidatura de Narváez.
La consecuencia de esta ruptura fue que las dos coaliciones inscriptas para las elecciones primarias representan a ambos extremos del arco político. Falta saber qué harán las fuerzas de centro y de centroizquierda, encabezadas respectivamente por la democracia cristiana y el socialismo, y cuál será la definición de las variopintas corrientes independientes, cuyo bloque más compacto es la Lista del Pueblo, integrada por sectores juveniles contestatarios de corte izquierdista que enarbolan difusas banderas ecologistas y feministas.
La democracia cristiana empuja la candidatura de la senadora Yasna Provoste, que no confirmó su postulación pero aparece bien situada en las encuestas. Los socialistas, desairados por la izquierda radicalizada, perdieron la chance de que Narváez ganara las elecciones primarias de un frente unificado de izquierda y están obligados a competir junto sus tres pequeños socios. Algunas voces empiezan a plantear la necesidad de un acuerdo entre la democracia cristiana y el socialismo que resucite la antigua Concertación Democrática como una “avenida del medio” entre la derecha de Vamos por Chile y la izquierda radical de Apruebo Dignidad.
Si no se logra consolidar esa alternativa intermedia para terciar en la disputa, toda la elección se definiría el 19 de diciembre en un ballotage entre el derechista Lavin, unánimemente considerado favorito en las primarias de Vamos por Chile, y el comunista Jadue, quien actualmente lidera las encuestas a nivel nacional y emerge como muy probable ganador en la competencia interna de Apruebo Dignidad.
En tal caso, el proceso electoral desembocaría en una opción dramática, como la que atravesó Ecuador entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz y se apresta a enfrentar Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
Desde 1970, cuando el frente de izquierda encabezado por el socialista Salvador Allende ganó la presidencia e inauguró una etapa extremadamente conflictiva que culminó en 1973 con el golpe de estado de Pinochet, jamás una elección chilena alcanzó una relevancia semejante a la contienda que se avecina.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico