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Ayer pudo haber sido un día de conmoción institucional, pero la mediocridad pudo más que las ilusiones de la elite política.
En medio de las secuelas de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos, se concretó la movilización contra la Suprema Corte de Justicia, un acto al que el Poder Ejecutivo apoyó con decreciente claridad a lo largo de los días. Es probable que más que la irresponsabilidad institucional que suponía ese acto desde su origen, Alberto Fernández y sus funcionarios hayan ido percibiendo que iba a terminar siendo un gol en contra.
En la plaza Lavalle las fotos aéreas tomadas a las 18, cuando comenzó el acto, dejaron la percepción de que se movilizaron más colectivos que personas.
No es extraño. Un acto convocado por Luis D'Elía, apoyado por Amado Boudou, Roberto Baradell, Hugo Yasky, Pablo y Facundo Moyano, el Pata Medina, el Caballo Suárez y Milagro Sala no puede atraer a nadie interesado o preocupado por la Justicia.
Mucho menos, para escuchar la propuesta de democratizar la Justicia, en el discurso de más de media hora del juez Juan Ramos Padilla, desconocido para el gran público pero con una historia oscura por predisposición para hacer política desde la magistratura. Los videos del discurso testimonian que no solo el orador fue una mala elección, sino que, además, al acusar de "delincuentes" a los miembros de la Suprema Corte ameritó una denuncia ante el jury por injurias, o por no proceder como corresponde a un magistrado, que es iniciar las acciones judiciales pertinentes para los supuestos actos delictivos que atribuye a esas personas.
Una conducta inadmisible
Hay mucha gente que se muestra disconforme con los jueces. Desde el Martín Fierro a la fecha, eso no es novedad. Se trata de un sentimiento genérico basado, especialmente, en la sensación de impunidad que brinda el escenario público. Esa sensación surge ante los reiterados casos en que los criminales "entran por una puerta y salen por otra", o que un policía que abate a un delincuente termina siendo siempre, a priori, culpable.
Hay que recordar que a las leyes no las hacen los jueces y, muchas veces, facilitan la discrecionalidad.
La participación de ministros y funcionarios en la convocatoria no es más que una forma aviesa de capitalizar ese descontento sin tomar en cuenta que también indigna la impunidad en los casos como "los cuadernos", "La Rosadita" o Amado Boudou y la empresa Ciccone.
Los ministros Jorge Ferraresi, Aníbal Fernández y Martín soria, lo mismo que Juan Martín Mena, número dos del Ministerio de Justicia, y de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al reivindicar la marcha demostraron que la idea de la división de poderes es, para el actual gobierno, una abstracción.
Pero, sin duda, todo ese oportunismo se potencia con la convalidación que hizo el Presidente al afirmar primero que "la Corte no funciona", en apoyo a la iniciativa de D'Elía y Ramos Padilla, y luego, en la víspera considerar que acusar de delincuentes a los cuatro miembros del máximo tribunal y exigir su renuncia forma parte del derecho de expresión.
¿Qué opinaría Alberto Fernández sin una movilización similar reclamara mañana su renuncia? ¿Qué dijo el mismo Presidente cuando muchas personas cuestionaron en la calle el cierre de escuelas o los negocios inconfesables con la compra de vacunas?
Pero en este punto hay que recordar cómo nació el Frente de Todos, en mayo de 2019: Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner y adhirió a la teoría del lawfare (con amenazas a los jueces y contradiciendo una década de videos en los que declaraba todo lo contrario) y a los pocos días ella lo anunció como su compañero de fórmula.
La politización
La marcha de ayer se disuelve en la intrascendencia. El discurso precario e insustancial de Ramos Padilla y la lectura de comunicados a cargo de dos actrices terminó de darle un formato tragicómico.
El problema es que no se trata de una cuestión intrascendente.
La Justicia es la principal garantía del ciudadano para su vida, su seguridad y su propiedad. Con todas las fallas que hoy se vislumbran en los tribunales, y que los magistrados reconocen, de los tres poderes del Estado, este es el que mejor funciona. Tiene reglas, procedimientos y criterios establecidos. Y requisitos profesionales y académicos para todos los cargos y funciones, lo cual es una clara diferencia con el Ejecutivo y los parlamentos. Como toda forma del poder, también tiene distorsiones.
La politización es una de ellas, muy grave, porque termina generando discrecionalidad en las designaciones y corrupción.
La "democratización de la Justicia" que proclaman las organizaciones movilizadas ayer solo es una propuesta de extrema politización, discrecionalidad partidaria e impunidad para el poder.
Con estos espasmos se manifiesta la vocación hegemónica y la concepción del liderazgo como un poder absolutista. En una sociedad empobrecida y desesperanzada es difícil que el ciudadano confíe en el sistema representativo.
Los jueces de la Corte forman parte de este sistema que no funciona bien. Los que ayer pidieron la renuncia no quieren mejores jueces, sino una Justicia convertida en una secretaría del Poder Ejecutivo.
La movilización de ayer se ahogó en la intrascendencia. Probablemente, más que debilitar a la Corte haya mostrado las fisuras del oficialismo y la fragilidad del Presidente.