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El "nudo gordiano" de la deuda argentina no está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que solo involucra a una pequeña parte. Los US$ 45.000 millones forman parte de un endeudamiento acumulado en dos décadas que compromete a gran parte de toda la producción anual: en noviembre de 2021 la deuda del Estado, en pesos y en dólares sumaba US$ 353.514 millones. Durante la gestión del presidente Alberto Fernández el aumento de la deuda fue de US$ 40.215 millones.
El apoyo de los legisladores de Juntos por el Cambio, junto con gran parte de los peronistas para habilitar el acuerdo es una medida prudente para evitar una catástrofe; el rechazo de Máximo Kirchner y de La Cámpora, una muestra de irresponsabilidad política que, en gran parte, explica ese endeudamiento.
Y la realidad no esta en los relatos sino en los informes del Indec. Con veinte millones de pobres, de los cuales cinco millones son indigentes, y un deterioro global del empleo, no es posible seguir eludiendo obligaciones.
La Argentina necesita un programa fiscal basado en objetivos de desarrollo económico. Con un gobierno fracturado y una predisposición notable a eludir responsabilidades es imposible construir ningún programa que se traduzca en políticas de Estado.
Y es imposible, porque para resolver un problema, primero hay que realizar un diagnóstico correcto. Aferrados a "la grieta" el diagnóstico se vuelve una utopía. Y el pronóstico, la condena a seguir sumergiéndonos en la decadencia. Y esta palabra no es casual: entre 2011 y 2021, el PIB per cápita cayó 16%. En el mismo período, el gasto público creció del 24% al 40% del PBI.
Una de las principales causas del déficit fiscal es la crisis energética. Para este año los subsidios de ese rubro se estiman en US$ 10.000 millones, equivalentes a 2,5% del PIB. Y debido a la enorme dependencia en materia de hidrocarburos, este dato queda obsoleto luego del aumento descomunal de los precios del gas y del petróleo a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. El programa necesario para salir del estancamiento, lo pida o no el FMI, debe apuntar, entre otras cosas, a dejar atrás las malas políticas. Los datos también son contundentes: en 2021 la producción de petróleo fue equivalente a la de 1991 y la razón es simple: sin estímulos favorables la inversión en exploración se muda a otros países. El gas sufre un retroceso mayor: entre 2011 y 2021 cayó a una tasa anual de 6,1%. Y en Salta lo experimentamos en carne pro pia.
El programa económico que presentó el ministro Martín Guzmán en el proyecto y que fue retirado en un acuerdo con la oposición, no prevé nada de todo esto. Más bien se trata de una alquimia contable, tributaria y cambiaria que permite vislumbrar recortes de gastos para evitar el "ajuste tan temido", una escalada de impuestazos y, en definitiva, el fantasma que lo sobrevuela es el de una mayor recesión económica.
Como contrapartida, el acuerdo para sortear el problema inminente, que es la amenaza de default con el FMI es un signo alentador: es el primer paso, tímido, hacia los acuerdos imprescindibles para la democracia. Los petardistas de adentro y de afuera del recinto, en cambio, muestran una clara y creciente predisposición a la autocracia.