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1 de Julio,  Salta, Centro, Argentina
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Un conflicto que exige respuestas inequívocas

Miércoles, 13 de julio de 2022 02:18
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La fraternidad latinoamericana no es un tema creado por el folclore ni una ideología política ni una utopía: es una condición histórica. Argentina y Bolivia están ligadas por una memoria arcaica compartida.

Por eso es absolutamente válida la expresión de "hermandad" con que Evo Morales se refirió a lo que es un verdadero homicidio (culposo o doloso) del que resultó víctima un docente argentino. El profesor Alejandro Benítez fue atropellado por un camión en Cochabamba y los médicos, policías y hasta el mismo conductor del camión responsable del siniestro se negaron a asistirlo. La razón es que los acompañantes de Benítez no tenían moneda boliviana para pagar servicios humanitarios que todo Estado está obligado a brindar a cualquier ciudadano.

Más allá de cualquier razón jurídica o política, no hay excusas y no basta el pedido de disculpas. Hay que investigar hasta el final. Los responsables de esta muerte violenta no son los bolivianos, como nación, sino, en forma directa, los médicos, policías y farmacéuticos que dejaron morir al docente.

Evo Morales sabe muy bien lo que representa la "hermandad" entre ambos países. El vivió un tiempo en nuestra provincia y asistió a la escuela de Campo Santo; también, cuando él y su vicepresidente Álvaro García Linera, renunciaron y se exiliaron en nuestro país. A lo largo del último siglo, por persecuciones políticas o en busca de trabajo, muchos argentinos y bolivianos encontraron en el país hermano un lugar donde vivir. Pero también, de ambos lados de la frontera, siempre amenaza la xenofobia.

Sin embargo, Evo Morales y el actual presidente Luis Arce deben asumir ahora una responsabilidad insalvable, y es la de verificar si los policías y médicos de Cochabamba tienen alguna instrucción del Estado que les ordene practicar el abandono de persona con los extranjeros. O si se trata de una comunidad que, por algún motivo, aborrece a los extranjeros.

Entre otras razones, porque desde 2019 rige un convenio de reciprocidad en Salud Pública entre ambos países sobre el que el entonces presidente Evo Morales sostuvo que los "hermanos bolivianos que viven en Argentina, como también a los hermanos argentinos que viven en Bolivia, van a tener el mismo tratamiento; somos de la Patria Grande". La Cancillería de Bolivia se comprometió a adecuar la legislación para "otorgar atención en reciprocidad". Alejandro Benítez era docente en Aguaray. Seguramente muchos de sus alumnos provenían de hogares bolivianos. La mayoría de los estudiantes extranjeros (no radicados en el país) que son alumnos de universidades argentinas son bolivianos y paraguayos, a los que se suman los hijos de las grandes colectividades de ambos países.

La Constitución argentina garantiza para todos los extranjeros los mismos derechos que los ciudadanos del país.

Las autoridades de ambos países deben asumir plena responsabilidad en este caso, porque lo ocurrido en Cochabamba proyecta una sombra muy peligrosa. La desmentida de ayer, pronunciada por el vicecancilller y el viceministro de Salud de Bolivia, Freddy Mamaní y Álvaro Terrazas (no por el presidente ni por los ministros) es absolutamente poco creíble. Los testimonios de los acompañantes de la víctima aseguran todo lo contrario. Ellos fueron quienes sufrieron personalmente la negativa de los agentes públicos, los pedidos de coimas y, al parecer, hasta verificaron un saqueo del dinero que llevaba Benítez. Todo debe ser investigado por la Justicia, y no por dos funcionarios políticos. No basta con una conferencia de prensa: aquí está en juego el vínculo entre las naciones y los pueblos.

Y no se trata solo de folclore ni de tradiciones: la unidad de Latinoamérica y, en especial, del corredor bioceánico, son esenciales para el futuro de la región. El nuevo mundo que se insinúa no parece hospitalario para nuestras naciones y la hermandad de la que habló Evo Morales debe materializarse en los hechos. Un episodio trágico, una muerte sin asistencia médica y sin contención alguna para la víctima y sus acompañantes, que las autoridades bolivianas, aunque de segundo nivel, niegan formalmente deja flotando una sensación de discriminación y xenofobia amparada por el Estado. Y eso es algo que destruye cualquier hermandad posible.

 

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